¿Conflicto o crisis institucional?

La propuesta para designar una Secretaria y su rechazo por la mayoría del tribunal originó un conflicto en la cúpula del Poder Judicial de Salta. En un principio, este conflicto giró alrededor de las facultades de la ministra proponente, pero el asunto comenzó a tensarse cuando se conocieron los argumentos esgrimidos para rechazar la designación: condición femenina y vínculo marital de la funcionaria propuesta con un abogado que en su día impugnó a uno de los ministros de la Corte.
Pero más allá de lo repudiable de tales argumentos (a los que me he referido en mi anterior columna), lo cierto es que las partes, dejando de lado sus altas responsabilidades institucionales, optaron por redoblar sus antagónicas apuestas y abrieron una crisis muy seria en donde solo existía un conflicto con canales jurídicos suficientes para restablecer rápidamente la normalidad.
Los ministros de la Corte, en esta ocasión, han demostrado escasa profesionalismo y nula prudencia a la hora de encarar un asunto originariamente simple. Las reacciones corporativas, la personalización del conflicto, y la malsana costumbre de sostener posiciones insostenibles por el solo hecho de no enmendar, son impropias de  quienes han sido llamados a integrar el más alto tribunal de justicia de la provincia.
Si, como parece evidente, cada ministro de la Corte tiene facultades para designar a un Secretario que lo acompañe durante su desempeño, la mayoría que vetó el nombramiento debería dar marcha atrás y restablecer el orden reglado. Será igualmente aconsejable que el tribunal emitiera una declaración institucional despegándose del machismo y enfatizando su respeto a las normas constitucionales que prohíben discriminar.
Ambas decisiones cerrarían el conflicto y abortarían una crisis institucional.
Ahora bien: Aun cuando nuestra Corte, como todos los altos tribunales del mundo, tiene su historia, no es bueno desatar una batalla política que termine alentando sospechas sobre las sentencias judiciales.
Y cuando hablo de batalla política me refiero a la participación en este conflicto de los miembros de los otros poderes del Estado (legisladores y Gobierno) por fuera de los carriles institucionales. Conspirar para desestabilizar la Corte, aprovechar el conflicto para pasar antiguas facturas o influir en fallos pendientes, son actuaciones de inusitada gravedad.
Si existen o existieron presiones o amenazas, los miembros de la Corte están obligados a denunciarlas. Si alguien pretende que algunos de los ministros del tribunal incumplieron o incumplen sus deberes, están también obligados a poner en marcha los mecanismos legalmente previstos.
Pero esto de lanzarse insultos, sembrar sospechas, realizar operaciones de prensa, etiquetar a los contendientes, anunciar delitos sin denunciarlos, es más propio de asociaciones deportivas decadentes que de jueces, legisladores o gobernantes respetuosos del orden democrático.