Ajustando cuentas

Doña Cristina Fernández de Kirchner y las fuerzas intelectuales afines huyen, como de la peste, del término ajuste. La bonanza (selectiva) provocada por los inéditos precios de los alimentos exportables, sumada a una política económica ciertamente creativa y constitucionalmente hereje, relevó hasta aquí a la Presidenta de la penosa tarea de arbitrar sacrificios.
Aquella bonanza -que, como sabemos, no benefició a todos los argentinos-, hizo nacer en el vértice del Poder la ilusión de que la Argentina había descubierto la piedra filosofal y animó a la Presidenta a exhibir ante sus pares del mundo y con orgullo setentista, un modelo que solo producía bienestar y distribuía felicidad para todos.
Sin embargo, las notorias dificultades económicas que experimenta buena parte del mundo, sumadas a decenas de decisiones locales, erróneas unas e irresponsables otras, han puesto a doña Cristina Fernández de Kirchner ante deberes cuyo ejercicio genera tensiones y costos políticos y sociales.

1. Ajuste económico

Está “acabándose lo que se daba” y, por tanto, no queda más remedio que ajustar.
Si bien el actual Gobierno dispone del poder institucional suficiente para emprender la tarea, carece -al menos por ahora- de un libreto que le ayude a construir una hoja de ruta. Afronta la ineludible necesidad de flexibilizar el discurso progresista para que, una vez más, brinde cobertura eficaz a medidas ilusorias, impopulares o regresivas.
A estas alturas, los argentinos, que tenemos una larga y sufrida experiencia en materia de ajustes, sabemos que lo relevante es determinar quiénes habrán de pagar los platos rotos.
Lo sabe, también y naturalmente, doña Cristina Fernández de Kirchner que se muestra dispuesta, en esta primera etapa, a cargar los costos sobre los asalariados formales sindicalizados. En esta concreta ocasión el ajuste salarial pasa por rigidizar el impuesto a las ganancias, expropiar parte de la caja de las Obras Sociales, y fijar en paritarias aumentos aparentes por cifras inferiores a la inflación real.
Adviértase que, de resultar insuficientes estas medidas, su Gobierno guarda en la recámara tres armas contundentes: rebajar la movilidad previsional, convalidar más inflación y, eventualmente, devaluar el peso.
El sector público (incluyendo aquí los subsidios que paga a las empresas privadas) es el segundo de los objetivos del ajuste kirchnerista. En este terreno, el Gobierno central  cuenta con las herramientas políticas y legales necesarias para trasladar costos a las provincias y municipios; no siendo de esperar que se decida a recortar las ayudas sociales, más allá del deterioro que les provoca la inflación.

2. Ajuste político

Las restricciones que impone la economía alterarán, a no durarlo, los cimientos políticos, y quizá las bases electorales, de la aún mayoritaria coalición que sostiene al Gobierno.
El ajuste salarial sobre los trabajadores bajo convenio colectivo acaba de provocar la ruptura de una de las alianzas centrales tejidas por Néstor Kirchner en la etapa fundacional. El disgusto del señor Hugo Moyano, que la mayoría de los trabajadores ve con lógica simpatía, no es sino la respuesta de un sector del sindicalismo a un ajuste inconsulto y dañino para sus representados. La fractura del movimiento obrero oficial, digitada desde el poder, y el retiro de prebendas al antiguo todopoderoso socio, son las armas que esgrime el Gobierno en este terreno.
Por otra parte, mostrando una vez más su casi inagotable capacidad de hacer de la necesidad virtud, la Presidenta de la República ha encontrado en el ajuste fiscal una oportunidad para ordenar su sucesión y mantener la férrea hegemonía personalista construida por su esposo y acrecentada por su talento.
En esta dirección, ha dispuesto que los costos políticos del ajuste económico sean pagados por quienes se atrevan a mostrar ciertos perfiles de autonomía. El imprudente y ubicuo Gobernador  de la Provincia de Buenos Aires y sus fieles son los primeros destinatarios de este endoso.
En cualquier caso, la agenda política argentina aparece monopolizada por asuntos que atañen a la desnuda lógica del poder y deja peligrosamente de lado todo aquello que tiene que ver con la lógica institucional. Los ajustes a los que asistimos muy probablemente degradaran la ya exigua calidad de nuestra democracia y de nuestro federalismo, ante una oposición inconsistente y una ciudadanía que busca nuevos rumbos.

(Para "El Tribuno" de Salta)