Rencores en la magistratura

He dedicado algunas columnas anteriores a reflexionar sobre dos de las lacras de nuestra sociedad provinciana: el machismo y la intolerancia. En realidad, puede que sean dos caras de una misma moneda inspiradas en el autoritarismo y en el desprecio a quién es diferente o a quién se supone débil. Son viejos vicios que se arrastran desde el fondo de nuestra historia y que el último interregno dictatorial potenció ante la mirada cómplice, pasiva o resignada de muchos.
Ambas manifestaciones malsanas se potenciaron en el contexto de odio y violencia asesina que desataron quienes en los años 70 apostaban por exterminar al otro, suprimiendo la política, la discrepancia y los valores democráticos.
Han pasado muchos años y algunas de estas lacras parecen atenuarse; ha desaparecido afortunadamente la violencia y el fanatismo armados, aunque todavía, en determinados momentos y sectores, reaparecen mesianismos y odios que, con pretensión legitimadora, manipulan el pasado y lanzan absurdas batallas por rescribir la historia, en un afán iconoclasta y estéril.
Pero volviendo al machismo y a la intolerancia, quiero referirme a un acontecimiento reciente que logró ponerme los pelos de punta.
Nada menos que en nuestro mas alto tribunal, la Corte de Justicia de Salta, un rencoroso magistrado decidió ejercer su poder para vetar el acceso de una funcionaria que tenía méritos suficientes para acceder a una de las secretarías del tribunal.
Según lo que ha trascendido en la prensa y en el reciente debate de la Cámara de Diputados de la Provincia, aquel alto magistrado logró la solidaridad corporativa para castigar, esa es la palabra, a quién años atrás osó criticarle. No obstante, hay dos cosas mas graves aún: al parecer aquellas críticas habrían emanado no de la funcionara vetada sino de su esposo, y en el veto no estuvo ausente la condición femenina de la aspirante.
Sorprende que una cosa como esta suceda, a estas alturas, en el ámbito de la justicia salteña. Indigna que un alto funcionario, encargado de velar por el orden constitucional y jurídico, se aproveche de su cargo para castigar a alguien por el delito de haber emitido, en su día, una opinión que le resultó molesta. Sorprende que un magistrado incube un rencor personal para, años después, tomarse revancha al amparo de sus altas competencias.
Ha pasado el tiempo en donde los jueces eran poco menos que sacerdotes blindados ante la crítica y la disidencia. Los jueces de un Estado democrático, en el ejercicio de sus funciones, están sujetos no solamente a los remedios jurisdiccionales que se ventilan en las cuatro paredes de la Ciudad Judicial, sino al público escrutinio.
Su diligencia, su apego a la ley, su idoneidad, su independencia del gobierno, de las corporaciones y del poder económico, son cosas que interesan a todos los ciudadanos y, como tales, deben ser objeto de público debate.

(Para FM ARIES)
(En una próxima columna analizaré este conflicto desde el punto de vista político-institucional)