El Estado Inspector, desarticulado

Es sencillamente imposible concebir un Estado democrático que no disponga del Poder de Inspección y que no ejerza el Poder Sancionador. En realidad, inspeccionar conductas potencialmente perjudiciales a derechos de terceros y sancionar infracciones al orden legal, está en la raíz de cualquier organización jurídica nacida para facilitar la convivencia civilizada.

Pero entre nosotros, las cosas suceden de otro modo.

Si un vecino celebra ruidosas fiestas hasta la madrugada, mantiene animales peligrosos sin los cuidados del caso, saca la basura fuera de horario, no arregla su vereda, instala una whiskería fuera de zona o invade el espacio público, lo más probable es que usted debe soportar pacientemente estos y otros desaguisados de tal vecino.

Si un especulador decide derribar una casa baja (incluso si está legalmente protegida) y construir al lado suyo un edificio que deje sin agua a los vecinos, que termine de colapsar la red cloacal, que omita las precauciones antisísmicas, que invada el barrio de polvo, ruidos y fisgones, usted, amable oyente, tropezará con un muro de silencio.

De nada le valdrá concurrir a la Municipalidad pidiendo explicaciones o inspecciones. Lo más probable es que las autoridades le escondan el expediente y que los especuladores le demanden judicialmente por daños y perjuicios para disuadirle o castigar su curiosidad.

Otro tanto ocurrirá si usted constata que en vez de los 5 pisos autorizados, los especuladores, aprovechando un descuido, construyeron 7 pisos u omitieron las cocheras.

Cuando un profesional amigo le comenta que una cosa son los planos aprobados y otra muy distinta la obra ejecutada y que, por tanto, la construcción alberga riesgos eléctricos o sísmicos, ni se le ocurra pasarse por el Centro Cívico. Sería inútil.

Supongamos ahora que usted vive en una zona rural, en donde otro especulador (o el mismo) decidió dejarlo sin agua, tirar abajo bosques protegidos, o instalar un Club de Campo sin camino de acceso. Descubrirá que el Ministerio de Ambiente no existe y que su Municipalidad carece incluso de agrimensores o inspectores. Advertirá entonces, que vive en la selva o en el reino de lo trucho.

Si los caminos que usted transita están llenos de caballos y vacas sueltas (sueltas por sus dueños que quieren ahorrarse un pastaje), tampoco encontrará respuesta de las autoridades: El 911 no llega, la Policía no tiene enlazadores ni vehículos para retirar a los animales que amenazan la seguridad común. Si por una de esas casualidades, un arriesgado cabo logró reducir a un caballo y llevarlo con su bicicleta, el dueño infractor se pasará por la Comisaría y, previo pago de 20$, recuperará a su cuadrúpedo.

El Estado Inspector en Salta, ha sido prolijamente destruido, está amortiguado por el poder de las influencias (familiares o políticas), o sucumbe ante el arma letal de la corrupción.