Cuando en
2007 voté por don Juan Manuel Urtubey para Gobernador de Salta, estaba lejos de
sospechar que de tal forma contribuía a entronizar a quién terminaría de
destruir los endebles cimientos de la democracia salteña.
Más
adelante, cuando la Unión Cívica Radical denunciaba como fraudulento el régimen
de “voto electrónico”, pensé que se trataba de una queja de nostálgicos de
antiguas tradiciones republicanas que resistían las nuevas tecnologías.
Las
elecciones “primarias” llevadas a cabo el pasado domingo y los múltiples testimonios
de dudas y denuncias que fui recogiendo a lo largo de esta semana, me llevaron
a investigar sobre los antecedentes del así llamado “voto electrónico”[1].
Tenía razón
la UCR y los legisladores y concejales que el 21 de mayo publicaron una
solicitada señalando que el sistema de voto electrónico no ofrecía
transparencia.
Con
independencia de los resultados oficiales de las recientes PASO, estoy
convencido de que se trata de un sistema vulnerable. Sobre todo cuando opera en
un entorno como el salteño con alto analfabetismo informático y en donde
imperan el clientelismo y el peso del aparato del Estado. Un entorno donde, por
impericia de la dirigencia política (entre la que me cuento), la ciudadanía
cayó en el escepticismo y en la apatía cívica.
Repasando
los antecedentes internacionales es fácil comprobar que este presunto avance
tecnológico es, en realidad, una truchada que pronto desencantó a los países
políticamente más cultos y comprometidos con los valores y los procedimientos
democráticos.
El abandono
de esta innovación se fundó en la necesidad de defender la esencia del voto.
Vale decir, su carácter secreto, así como los mecanismos de control a cargo de
los partidos políticos y de una justicia electoral independiente.
A idéntica
conclusión han llegado los más prestigiosos juristas salteños (Rodolfo José
Urtubey, padre del señor Gobernador, Armando Frezze, entre otros) y no salteños
que citaré en otro momento, pero que tengo muy presentes ahora.
El voto
democrático, aquel que constituye los poderes del Estado y define el rumbo de
las naciones y provincias, requiere que se garantice a cada ciudadano el control
de su voto a lo largo del proceso que se inicia con la secreta elección de su
preferencia y concluye en un escrutinio transparente.
Nada de esto
sucedió en las recientes PASO salteñas. Los partidos y frentes políticos
carecieron de capacidad para controlar el comicio. Nuestra justicia electoral
está sospechada de parcialidad. Las autoridades de Mesa y los fiscales no estuvimos
preparados para vigilar que el voto y el escrutinio se formalizaran en actos
seguros y decentes.
Como ha
señalado el más alto tribunal Alemán, el voto democrático es aquel donde cada
ciudadano, sin tener conocimientos informáticos, pueda vigilar que su voluntad
sea respetada.
Entramos,
penosamente, en una nueva era de fraude. Los salteños sufrimos décadas y
décadas de trapisondas electorales, hasta que otros salteños, Indalecio Gómez y
Victorino de la Plaza, ayudaron a poner en práctica el acuerdo entre Hipólito
Irigoyen y Roque Sáenz Peña.
Terminar con
el “fraude patriótico” exigió firmeza republicana y años de abstención
liderados por la Unión Cívica Radical que en 1909 dijo: “No buscamos ministerios. Únicamente queremos garantías para votar
libremente”.
Cien años
después, cuando entre todos habíamos eliminado (o reducido a su mínima
expresión) el fraude del voto en cadena, el robo de urnas y el chalequeo que
usufructuaron los conservadores de este país, el fraude reaparece de la mano de
las nuevas tecnologías y del seudo progresismo que construye, día y noche, una
monarquía absoluta.
Si nuestro
actual Gobernador tuviera un mínimo de sensibilidad democrática, todo sería muy
fácil: Ante la simple sospecha de vulnerabilidad del “voto electrónico”
aceptaría retornar al voto tradicional y, de ese modo, salvar la democracia y
la legitimidad de los futuros gobiernos.
Pero nada de
esto ocurrirá. Por la sencilla razón de que el señor Urtubey tiene un único
proyecto: Perpetuarse en el poder, a cualquier costo, y rendir las banderas de
la Provincia a los caprichos de la Presidenta de la República.
Esta
trayectoria de desprecio a las instituciones y a las minorías, acaba de ponerse
nuevamente de manifiesto con motivo de la elección de los representantes de la
Legislatura en el Consejo de la Magistratura. La mayoría que gobierna ha
reincidido en el fraude de desdoblarse para ocupar los escaños de la auténtica
minoría.
El control
del poder judicial y del ministerio público, que obsesiona al kirchnerismo,
ocupa las vigilias y los sueños del actual Gobernador de la Provincia. Pretende
tener todo en un puño y lo está consiguiendo. Es muy prolijo a la hora de conceder
favores, dignidades y riquezas; de disuadir disidencias; de perseguir
opositores.
Nos están
arrebatando el voto. El poder construye un “monumento
a la impudicia cívica”. El régimen ha llegado a la perfección en materia de
unanimidades y claudicaciones (Félix LUNA “Yrigoyen”). Sólo nos queda la
palabra y el derecho a protestar. Muchos vamos a ejercerlo.
[1] En la Salta monárquica y absolutista del
señor Urtubey estamos lejos de un verdadero proceso que vincule la
participación democrática con las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Lo de Salta es una engaña pichanga que, con el falso propósito de
reducir costos (en realidad el “voto electrónico” cuesta entre 5 y 10 veces mal
que el método tradicional), privatiza el comicio y abre las puertas al fraude.
Con este sistema la democracia y la voluntad del cuerpo electoral quedan en
manos del dinero blanco o negro.
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