José Armando Caro Figueroa
Director
de Caro Figueroa Abogados
Según datos fiables, del millón doscientas mil
personas que habitan la provincia de Salta trabajan 500.000. De ellos, 110 mil
son empleados públicos y 124.000 tienen un empleo registrado en el sector
privado. El resto son cuentapropistas o trabajadores en negro.
Tamaña escasez de empleo
privado en blanco tiene, sin duda, múltiples causas.
Algunas, se vinculan con la trayectoria histórica de
nuestro aparato productivo y con la decadencia de la educación y la formación
profesional. Otras, con el marco nacional dentro del cual se desenvuelve la
economía provinciana, cuyo diseño institucional es inadecuado o contiene incentivos
perversos o insuficientes.
Antes de avanzar, conviene recordar dos aspectos: a)
Que buena parte de aquellos 124.000 trabajadores en blanco se desempeñan en 30
empresas agroindustriales, mineras, agropecuarias, turísticas, industriales y
de servicios; y b) Que esos trabajadores están representados por no más de 20
sindicatos con personería gremial[1].
La negociación colectiva laboral en
Salta
Las consideraciones que siguen parten de la convicción
de que el diálogo entre empleadores y trabajadores y los acuerdos colectivos que
de este diálogo se derivan, cumplen un papel central y positivo en la evolución
de las inversiones, del empleo, la productividad y, desde luego, del bienestar
social.
Una convicción que, ciertamente, discrepa de los
postulados anti obreros y anti sindicales que propugnan la individualización de
las relaciones de trabajo y promueven el autoritarismo patronal.
Cuando nos detenemos a analizar el núcleo del empleo salteño privado y en
blanco, surge un dato sorprendente: En este universo de trabajadores,
empleadores y sindicatos, se registran sólo tres o cuatro Convenios Colectivos
de Trabajo de ámbito provincial; con el añadido de que ellos[2]
suelen negociarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Esta pobreza de la negociación colectiva laboral tiene
que ver, en primer lugar, con el vetusto diseño del sistema argentino de
relaciones de trabajo, construido alrededor de la Argentina industrial de la
primera mitad de siglo XX, cuando las fábricas se asentaban en el cinturón
industrial de Buenos Aires y los trabajadores del Norte (“cabecitas negras”)
emigraban en busca de oportunidades.
Los industriales porteños y los vértices sindicales se
las ingeniaron para absorber y conservar todo el poder representativo e instaurar
instituciones “unitarias”.
Un recorrido por el mapa sindical salteño revela que
de las veinte (20) organizaciones obreras que representan a los trabajadores en blanco de la actividad privada,
catorce tienen la forma “unión”, doce se integran en “federaciones” y dos o
tres son sindicatos “de empresa”.
Como se sabe, en las “uniones” todo el poder
representativo y negocial reside en la cúpula, razón por la cual las secciones
salteñas están condenadas a tareas burocráticas o societarias. Pero el caso de
Salta es aún mas preocupante pues incluso los sindicatos locales con personería
gremial que, al estar federados, conservan su aptitud para negociar no han
hecho uso de esta facultad que les otorga la legislación vigente[3].
Dentro del mundo empresarial el panorama es igualmente
contrario a la autonomía de las cámaras y empresas locales, condenadas a
permanecer dentro de organizaciones de ámbito nacional en donde la voz cantante
es propiedad de las grandes empresas del área central que son quienes terminan
imponiendo las condiciones laborales y fijando buena parte del costo laboral.
Tres incógnitas abiertas
El funcionamiento real y cotidiano en Salta del sistema
de relaciones laborales genera dudas y preguntas que los actores sociales no parecen
estar formulándose:
La primera puede expresarse así: ¿Por qué los
sindicatos locales federados y las cámaras salteñas no negocian convenios
colectivos que promuevan el empleo local, aun estando legal y estatutariamente habilitados?[4]
La segunda tiene que ver con la empresa de capitales
chinos BYD Industries que acaba de
anunciar su intención de instalar una fábrica de automotores eléctricos. ¿Negociará
(antes o después) un CCT? La iniciativa cuenta con un dato a favor: El
Sindicato de Mecánicos del Transporte Automotor (SMATA), que presumiblemente representará
a los futuros trabajadores, es partidario de celebrar Convenios Colectivos de
Empresa. Por tanto, si bien la filial local del SMATA tendrá un rol secundario,
al menos el emprendimiento no tropezará con imposiciones unitarias.
La última interroga acerca de la posibilidad de que
determinados emprendimientos hidrocarburíferos en el norte salteño puedan
acceder a las condiciones ventajosas (para las inversiones y el empleo)
pactadas para Vaca Muerta.
El sistema unitario perjudica al norte
empobrecido
La vitalidad de este vetusto unitarismo laboral surge,
como no, de las leyes aprobadas en los años de 1950 (ratificadas en 1988), y en
la supervivencia del pacto no escrito entre el vértice sindical y las cúpulas
empresariales que articulan los intereses del centro del país.
Pero para explicar la sobrevida de aquellas reglas
jurídicas, hay un dato probablemente mas importante: La convicción de una gran
cantidad de trabajadores y sindicatos en el sentido de que la descentralización
de la negociación colectiva y la federalización de los sindicatos debilitará al
movimiento obrero.
En el dilatado espacio de la Argentina
pampeana-industrial pueden existir razones ideológicas para esta certeza. Pero
es difícil sostener que el actual esquema de sindicatos y de negociación
colectiva haga fuertes a los trabajadores salteños y a sus organizaciones
representativas.
Los indicadores de empleo
privado registrado, de salarios y de condiciones de trabajo muestran
precariedad, inequidades, discriminaciones territoriales. En realidad, es más
cierto que el vigente modelo de negociación colectiva desalienta el empleo
decente, fomenta el fraude laboral, y desertiza industrial y
agroindustrialmente a Salta.
Julio
de 2017
[1] Alimentación (STIA-S), Industrias de
la Carne (STIC-S), Avícolas, Tabaco (STT-S), Vitivinícolas (SOEV-S), Lechería
(ATILRA), Curtiembres (SAMC), Asociación Bancaria (LB-S), Aguas Gaseosas
(SUTIAGA-S), Textiles (AOT), Químicos (STIQ y P-S), Vidrio (SOIVA), Artes
Gráficas (SAG-S), Petroleros Privados, Metalúrgicos (UOM), Caucho (SECA),
Minería (AOMA), Seguridad (UPSRA), Transporte (UTA) y Gastronómicos (UTHGRA),
Sindicatos del Azúcar (Tabacal y San Isidro).
[2] Estos CCT corresponden a la minería
(Minera del Altiplano), al tabaco (Alliance One) y al azúcar (Tabacal).
[3] En uno de los pocos casos que un
sindicato provincial suscribió un CCT lo hizo con la presencia tutelar de la
federación. Los restantes casos, corresponden a sindicatos de empresa que actúan en el sector del azúcar.
[4] Una respuesta posible alude a la
ultraactividad de los CCT nacionales; otra a la presión que la Federación ejercer
sobre sus federados.
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