SALTA NO ES UN BUEN MODELO PARA LA ARGENTINA DEL FUTURO

Sectores afines al gobernador Salta están intentando reformar la Constitución provincial a través de una sentencia judicial dictada por jueces amigos. Pretenden modificar la Carta obviando la elección y la voluntad de la Asamblea Constituyente. Lo había intentado antes el propio señor Juan Manuela Urtubey apelando a la Legislatura que controla férreamente; pero desistió de su proyecto de Ley ante la resistencia de amplios sectores de opinión.
En ambos casos, las iniciativas apuntan a proclamar indefinido el mandato de los jueces de la Corte de Justicia de Salta (CJS), fijado por la propia Constitución en seis años prorrogables. La idea es, entonces, convertir en vitalicios a quienes hoy ocupan los altos sitiales; todos ellos nombrados o ratificados por el señor Urtubey que, de esta manera, pretende proyectar en el tiempo su notoria influencia en el Poder Judicial.
La maniobra del gobernador y sus fieles se inscribe en una trayectoria signada por el desinterés por la calidad institucional y por el escaso compromiso con los valores y principios de la democracia republicana.
Los doce años de mandato le han permitido al señor Urtubey reforzar hasta extremos inéditos su control sobre la Legislatura provincial. Lo ha hecho explotando reglas electorales ideadas por los conservadores salteños (y mantenidas por quienes le sucedieron) para romper el principio de igualdad de voto. El diseño de las circunscripciones electorales y aquellas reglas permiten transformar exiguas mayorías en mayorías absolutas.
En su designio hegemónico el gobernador Urtubey controla el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y el Tribunal Electoral. Su voluntad se impone también en la Auditoria General de la provincia. E impera sobre una Administración Pública morosa, cara e ineficaz que pesa como una losa sobre el aparato productivo salteño.
Los municipios sobreviven retaceados en su autonomía. La opinión pública intenta ser dirigida mediante generosos presupuestos en publicidad oficial distribuida sin sujeción a pautas objetivas. El gobernador, con suerte dispar, intenta seducir al electorado con prácticas clientelares. 
En otros términos: En Salta funciona el modelo hegemónico nacido en Rio Gallegos en 1987, que se apoderó luego y hasta hoy de la provincia de Santa Cruz, y que ocupó la república, por más de una década, para desguazarla.
Este paralelismo institucional fue el marco que sirvió al gobernador de Salta para seguir con extrema fidelidad a los presidentes Kirchner en su deriva unitaria, funesta para Salta. Seguidismo que, de alguna manera, opaca el kirchnerismo al que Urtubey no tuvo más remedio que adscribir hacia el año 2015, tras constatar que no servía siquiera para ser admitido en las altas esferas de la Nación.
Graves irregularidades procesales
Pero permítanme volver sobre lo que bien podría calificarse de tentativa de golpe de estado judicial que promueve (y está próxima a concretar) la Corte adicta al señor gobernador.
Como es de obligado cumplimiento, los jueces titulares del alto tribunal local se han excusado de intervenir en una demanda -instada por una “Asociación de Jueces”- que, de prosperar, les tendrá por directos beneficiarios.
Pero, antes de su retiro temporal por excusación, el presidente de la Corte se permitió seleccionar –de modo unilateral, arbitrario e ilegal- a los jueces ad hoc que habrán de emitir el fallo que consume la tentativa.
Concretamente: En vez de promover el sorteo entre los jueces civiles de segunda instancia (como lo marca la Ley Orgánica del Fuero Civil), eligió a los del fuero penal donde la “influencia” del presidente es más que notoria.
Aunque mucha es la sorpresa entre los abogados del foro salteño y entre la ciudadanía, era difícil esperar otra cosa de un tribunal que acumula un inmenso poder institucional, que mantiene estrechos vínculos con la política oficial y con los factores de poder, que promueve multas millonarias para amenazar a quienes se atrevan a cuestionar determinadas inconstitucionalidades, y que se las ingenia para mantener en secreto la mayoría de sus Acordadas.
¿Reformar la Constitución o instaurar un nuevo poder constituyente?
Mientras algunos sectores políticos promueven la reforma constitucional siguiendo los pasos que son propios de un acto de la más alta significación, una coalición de jueces y de influyentes se prepara para apartar a Salta de la senda republicana.
Una vez que la Corte de Justicia local se haya salido con la suya, la Constitución dejará de ser la norma suprema, la soberanía dejará de residir en el pueblo, y todos en Salta quedaremos sujetos a la nueva voluntad hegemónica, que se autoproclama eterna en sus cargos y que se arroga la facultad de derogar la Constitución.  
Salta, 28 de abril de 2018.