No al alzamiento de la Corte de Salta contra la Constitución

ME HA PARECIDO CONVENIENTE INSERTAR EN MI BLOG LA OPINIÓN DEL DOCTOR SANTOS JACINTO DÁVALOS, ACERCA DE UN ASUNTO DE TRASCEDENCIA INSTITUCIONAL QUE AFLIJE A LOS SALTEÑOS.

La Constitución de la Provincia de Salta, ha fijado en seis años, renovables, el mandato de los jueces de la Corte de Justicia de Salta, siguiendo una tradición constitucional de los salteños interrumpida solamente por la Constitución de 1949, que señalaba un mandato vitalicio. La última reforma es la del año 1998 que reitera el mandato por seis años.

La Asociación de Jueces de la Provincia de Salta se alza contra el art. 156 de la Constitución y por ende contra una tradición casi bicentenaria, de un modo insurreccional, al pretender modificar por una sentencia de la Corte de Justicia, una manda constitucional, intentando que los actuales jueces de la Corte de Justicia permanezcan en su cargo en forma vitalicia.

Se intenta que la Justicia de Salta asuma las facultades de la Asamblea Constituyente, que requiere una ley especial convocando y señalando cuáles son los puntos que se deben reformar. La delegación de facultades un poder a otro o la asunción de las facultades de otro poder están expresamente prohibidas por el art. 4 de nuestra Constitución.

Si prosperara la pretensión de la Asociación de Jueces, se abrirían las puertas del infierno, pues sentaría un funesto precedente. Que permitiría que por sentencia judicial se deje sin efecto, por ejemplo, la estabilidad del empleado público. O que la reelección del gobernador y vice sea sin límite. Veinte o treinta años en lugar de tres períodos de cuatro años como es, lamentablemente, ahora.

La protección de nuestros derechos, la forma de gobernar y la elección por voto universal de quiénes nos gobiernan y de sus derechos y obligaciones, la declaración de guerra y la determinación de los impuestos que debe pagar la comunidad, nuestra libertad, nuestro derecho de circulación, nuestro derecho de profesar nuestra religión, la protección de los trabajadores y su derecho a sindicalizarse, etc. Todo está protegido y reglado por nuestra Constitución.

La transición del rey elegido por Dios, dueño de la vida y  de la muerte, a la protección de los derechos por la Constitución, es un camino que se inicia con una guerra: la que los barones de Inglaterra le ganan al Rey, imponiéndole una serie de principios que constituyen la base del constitucionalismo actual – La Carta Magna de 1215-. Mucho antes y mucho después, las conquistas que permitieron nuestra civilización se forjaron con la muerte, la tortura, la prisión, el despojo de sus bienes, de todos aquellos que lucharon por nuestro actual estado de derecho.

Intentar reformar la Constitución por una sentencia judicial es burlarse del sacrificio de los que lucharon por la libertad y el aseguramiento de nuestros derechos.

Extrañamente, la Asociación de Jueces invoca como motivo de su pretensión fortalecer la independencia del Poder Judicial. Si así lo fuera debiera haber comenzado por pedir la modificación del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, que otorga al Gobernador la potestad de quitar la estabilidad de los magistrados a su voluntad. Para ello tiene el poder de dar directivas a cinco de los nueve integrantes del Jury: Fiscal de Estado, un senador y un diputado por la mayoría y dos abogados designados por cada Cámara, que siempre recae en funcionarios sin estabilidad, que deben acatar directivas si quieren permanecer en el cargo. No hay independencia judicial sin esta amenaza.

La independencia del Poder Judicial comienza con el proceso de selección de los candidatos que como toda la Justicia sabe solo sirve para nombrar a los amigos. ¿Por qué no le exigen al gobernador de que además de la legalidad de su elección, cumplimente la obligación de fundamentar la razón por la cual no se designa al ganador del concurso, que evidentemente es el mejor?

¿Por qué no afirman la independencia del Poder Judicial exigiendo celeridad y eficiencia lo que unido a una insospechada honestidad permitirán recuperar el perdido prestigio de nuestra Justicia?

El gobernador, con importantes líderes políticos, han iniciado un proceso de reforma constitucional cuyo contenido deberá ser consensuado con la participación de todos los sectores organizados de nuestra comunidad, condición necesaria para su legitimidad. En ese cónclave, sin representación de la mujer, se formó una mesa técnica para que proponga las reformas a la Constitución de Salta. Pero las reformas constitucionales no son exclusividad de los abogados o de los políticos. Su legitimidad surge de una amplia participación de los sectores organizados de nuestra sociedad. Por ello creemos que cada sector, empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y hasta los centros vecinales y especialmente nuestros devaluados partidos políticos deben organizarse desde ya para que la convocatoria a elección de constituyentes no nos sorprenda 

La Acción Popular de Inconstitucionalidad es un obstáculo para consensuar armónicamente las reformas. Es conveniente desistir de la acción, en este momento en que el proceso lo permite sin agravio para ninguna parte.  De algún modo han logrado un objetivo: destacar la necesidad de una reforma constitucional. Así, sin presiones extrañas, discutiremos si la inamovilidad de los Jueces de Corte es condición indispensable de la independencia del Poder Judicial

Encabezamiento

Hemos constituído un Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta .-FOCIS-, alarmados por la tentativa de un grupo de jueces de reformar la Constitución de Salta por sentencia judicial y en general por la debilidad de nuestras instituciones que otorgan al gobernador en ejercicio superpoderes incompatibles con un sistema republicano de gobierno. Queremos alertar a los salteños de nuestras falencias institucionales y concientizar sobre la necesidad de asumir como parte de nuestras vidas, la defensa de nuestra Constitución y proponer, lo que a nuestro entender, puede resultar útil para una amplia discusión de las reformas  en marcha.