Dedicaré el segundo de los homenajes póstumos anunciados a Marcelino Arias Esquiú una personalidad singular que vivió, tan intensa como discretamente, varias décadas de política salteña.
El recuerdo emocionado de Marcelino, mi amigo, es especialmente oportuno en tiempos en donde la política y los políticos están sumidos en un hondo desprestigio.
Años de desaciertos, de siembra inclemente de odios y sospechas, de enriquecimientos y nepotismo, de sectarismos y listas negras, de lealtades sucesivas y oportunismo, están a la raíz de un descrédito que pesa sobre casi todos quienes de una u otra forma frecuentamos el mundo de la política.
Vivimos, ciertamente, un clima descalificador que es urgente revertir pues ninguna sociedad, menos las que aspiran a vivir en democracia, progresa sin contar con líderes políticos honestos y cualificados y con una ciudadanía que exhiba un alto grado de cultura cívica.
Es en este contexto donde sobresale la figura de Marcelino Arias Esquiú, un político que nunca medró con la política, que actúo sin ambiciones personales, que siempre construyó sin jamás ofender, que supo mirar al pasado para evitar errores pero no para buscar revanchas.
Aportó a las corrientes del peronismo que le fueron afines su sólida formación -política y ética- adquirida en las fuentes del humanismo cristiano.
Gran conversador, hombre de consensos y reconciliaciones, hizo de la amistad un valor por encima incluso de las querellas políticas. Respetado por las grandes figuras de la democracia cristiana (el senador José Antonio Allende, entre otros), jamás usó estos vínculos en provecho personal.
Compartí con él los intensos años setenta y la experiencia del Partido Tres Banderas ya en los años ochenta. Una convivencia ilusionada que me permitió conocer, en Marcelino Arias Esquiú, con sus modos elegantes y pausados, un verdadero ejemplo de hombre político, que ojalá pudiera inspirar a las nuevas generaciones.
Muchas gracias.
(Para FM Aries)
viernes, 5 de marzo de 2010
lunes, 1 de marzo de 2010
Sandro, luz y fuego sesentista
Al iniciar este nuevo ciclo en “Compartiendo su mañana”, quiero agradecer a FM ARIES y a sus oyentes esta oportunidad de comunicar -en un ambiente de libertad y tolerancia- ideas, recuerdos o simples apreciaciones personales.
Dedicaré las primeras columnas a rendir homenaje a personalidades recientemente fallecidas, y otras a asuntos de índole municipal.
Comenzaré, entonces, refiriéndome a Sandro, que tanta influencia ejerció, más allá del ámbito de la música popular, en la cultura galante y amatoria de los años sesenta y setenta.
Es cierto que, en Salta y por aquel tiempo, muchos lo consideraban un “cabecita negra” que proclamaba un erotismo desconocido por las masas y repudiado por los tradicionalistas.
Pero para el grupo de salteñas y salteños iconoclastas y ansiosos al que pertenecí, Sandro fue un ídolo que nos fascinó por irreverente y un maestro que nos mostró caminos inexplorados en el arte de la seducción.
Permítanme recordar que, por ese entonces, aquel grupo frecuentaba la espléndida confitería del Hotel Victoria Plaza, testigo mudo de animadas tertulias en donde la pasión política alternaba con los intercambios literarios y con los debates sobre filosofía.
En nuestra audaz decisión de reconstruir al hombre y al mundo navegábamos guiados por Sartre o Camus, devorábamos a Proust y descubríamos a Antonioni.
Pues en ese ambiente y por extraño que parezca, Sandro era también un punto de referencia.
Y los mismos que pasábamos horas hablando de “El hombre sin atributos” de Mussil o buscando desentrañar el mensaje de Bergman, polemizábamos acerca de las claves de “Trigal”, aquella ambigua canción que Sandro expresó con sugerente malicia.
Descubrimos que “Trigal” podía entenderse en clave bucólica, casi pastoril, pero que encerraba, para quién supiera acceder a él, un contenido que incurría en el pecado de lujuria. Sandro fue, entonces para muchos, luz y fuego.
Luego vinieron el éxito masivo, el delirio de las señoras mayores que, en su homenaje y sin pudor se desprendían de sus ropas interiores, el dolor, la muerte y la eternidad.
(Para FM Aries)
Dedicaré las primeras columnas a rendir homenaje a personalidades recientemente fallecidas, y otras a asuntos de índole municipal.
Comenzaré, entonces, refiriéndome a Sandro, que tanta influencia ejerció, más allá del ámbito de la música popular, en la cultura galante y amatoria de los años sesenta y setenta.
Es cierto que, en Salta y por aquel tiempo, muchos lo consideraban un “cabecita negra” que proclamaba un erotismo desconocido por las masas y repudiado por los tradicionalistas.
Pero para el grupo de salteñas y salteños iconoclastas y ansiosos al que pertenecí, Sandro fue un ídolo que nos fascinó por irreverente y un maestro que nos mostró caminos inexplorados en el arte de la seducción.
Permítanme recordar que, por ese entonces, aquel grupo frecuentaba la espléndida confitería del Hotel Victoria Plaza, testigo mudo de animadas tertulias en donde la pasión política alternaba con los intercambios literarios y con los debates sobre filosofía.
En nuestra audaz decisión de reconstruir al hombre y al mundo navegábamos guiados por Sartre o Camus, devorábamos a Proust y descubríamos a Antonioni.
Pues en ese ambiente y por extraño que parezca, Sandro era también un punto de referencia.
Y los mismos que pasábamos horas hablando de “El hombre sin atributos” de Mussil o buscando desentrañar el mensaje de Bergman, polemizábamos acerca de las claves de “Trigal”, aquella ambigua canción que Sandro expresó con sugerente malicia.
Descubrimos que “Trigal” podía entenderse en clave bucólica, casi pastoril, pero que encerraba, para quién supiera acceder a él, un contenido que incurría en el pecado de lujuria. Sandro fue, entonces para muchos, luz y fuego.
Luego vinieron el éxito masivo, el delirio de las señoras mayores que, en su homenaje y sin pudor se desprendían de sus ropas interiores, el dolor, la muerte y la eternidad.
(Para FM Aries)
sábado, 27 de febrero de 2010
Las Obras Sociales sindicales, una amenaza para la democracia
Cuando, hacia 1970, la dictadura de Onganía dispuso universalizar las Obras Sociales poniendo en manos de los sindicatos únicos la cobertura de salud de los trabajadores, lo hizo para consolidar su entendimiento con el grueso de la dirigencia sindical peronista.
Pero es improbable que hubiera siquiera imaginado que con ello ponía un férreo cepo al desarrollo de la libertad sindical. Tampoco, que creaba una red de poderosos intereses que primero condicionarían la vida política del peronismo para luego, contemporáneamente, convertirse en una grave amenaza para las instituciones de la república.
Desde aquellos tiempos, la salud de los trabajadores está en manos privadas sin que, por cierto, los ideólogos de esa cosa llamada kirchnerismo se hayan atrevido a sugerir su paso a la órbita del Estado.
¿Cuáles fueron las principales consecuencias de aquella privatización?
En primer lugar, modificó de raíz la naturaleza de los sindicatos y las reglas de la acción sindical, al hacer de los dirigentes obreros verdaderos empresarios de la salud y al vincular la dinámica de la negociación colectiva con la marcha de las Obras Sociales.
En segundo lugar, y como una derivación de lo anterior, quebró la ética que presidía el comportamiento del sindicalismo anterior a la Ley Onganía, como lo prueba el enriquecimiento incesante de muchos de los líderes sindicales argentinos.
Los Secretarios Generales de los sindicatos únicos son, en este sentido, verdaderos gerentes que manejan cuantiosos recursos y que urden intrincadas redes de negocios vinculados con la salud de los trabajadores.
Tal condición gerencial facilita y fomenta su reelección indefinida, sirve -incluso- para convertir en hereditaria la secretaría general, y explica en gran medida el abandono de la lógica democrática en la vida interna de los sindicatos únicos.
A la hora de imaginar un camino que nos conduzca a la plena vigencia de la libertad sindical (consagrada en nuestra Constitución y recientemente avalada por fallos de la Suprema Corte), las Obras Sociales concedidas en propiedad al sindicato único con personería gremial actúan como un escollo institucional y un formidable factor de presión en defensa del “modelo” sindical tradicional. Recuérdense sino las sendas derrotas de los intentos reformistas de los Presidentes Perón (“Proyecto Liotta” de 1973) y Alfonsín (“Proyecto Neri”), secuela del desafortunado pacto “sindical-radical” de 1987.
Si esto sucede en el campo de la acción sindical, las consecuencias del Sistema de Obras Sociales sobre la política y los partidos (principalmente sobre el peronismo) son, si cabe, más acentuadas y perniciosas.
Quienes conocen la dinámica interna del peronismo desde 1970 a la fecha, saben del peso determinante que el dinero proveniente de las obras sociales sindicales tuvo y tiene sobre la configuración de sus candidaturas.
Una influencia que sólo tiende a atenuarse cuando el peronismo está en el poder y, por consiguiente, puede usar y abusar de los recursos del Estado para financiar directa o indirectamente sus campañas políticas.
Así sucedió en tiempos del Presidente Menem, al menos hasta 1997 cuando, según mis noticias, el Presidente se vio forzado a pactar con los sindicatos para facilitar el financiamiento de las sucesivas campañas políticas. Un acuerdo que, dicho sea de paso, determinó mi renuncia como Ministro de Trabajo.
Las cosas no transcurren de otra manera bajo el liderazgo del matrimonio Kirchner.
Fue así como el Presidente Néstor debió abandonar pronto su promesa de reconocer personería gremial a la CTA, para recostarse en una de las alas del sindicalismo peronista (aquella que pasó de relativamente combativa en los noventa a verticalmente oficialista en la presente década), aun cuando sin descuidar sus buenas relaciones con los otros sectores.
A su turno, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desplegó su desbordante y abrumadora campaña electoral de 2009 utilizando los recursos que le proveía la red vinculada a las Obras Sociales Sindicales.
Más allá de esta continuidad (reflejada también en algunos personajes que durante los últimos quince años, en la trastienda o desde las segundas líneas de los gobiernos, dirigen la trama), cabe advertir que se han producido algunos cambios metodológicos que inciden en el financiamiento de la política con recursos que se sustraen a los servicios de salud de los trabajadores.
Si antes estos fondos fluían directamente del sindicato a una o varias de las líneas del peronismo político, hoy, como surge de incipientes investigaciones judiciales y parlamentarias, el tráfico de dinero se hace a través de compañías controladas por dirigentes sindicales, sus familiares o sus socios.
Pienso que las alarmas republicanas deben encenderse ante la evidencia de crecientes y sofisticados lazos entre organizaciones que giran en la órbita de las Obras Sociales Sindicales y el mundo del delito (drogas, falsificación de medicamentos).
Sabemos que es reprobable el financiamiento de la política cuando proviene de dinero negro o de grupos que “invierten” esperando cobrar sus dividendos en influencia y tratos de favor.
Pero el tema adquiere una gravedad institucional inusitada cuando, como es el caso, el crimen organizado encuentra una puerta fácil para penetrar (discreta y eficazmente) en el mundo de la política.
Para evitar que en la Argentina ocurra lo que está sucediendo en otros países latinoamericanos, deberíamos avanzar en tres direcciones complementarias: a) Hacer efectiva la libertad sindical; b) Democratizar la gestión de las Obras Sociales sometiéndola a auditorias independientes y separándola de la dirección sindical; y c) Llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de libre elección del ente prestador o, llegado el caso, a retomar la idea de un sistema público y universal de salud.
Pero es improbable que hubiera siquiera imaginado que con ello ponía un férreo cepo al desarrollo de la libertad sindical. Tampoco, que creaba una red de poderosos intereses que primero condicionarían la vida política del peronismo para luego, contemporáneamente, convertirse en una grave amenaza para las instituciones de la república.
Desde aquellos tiempos, la salud de los trabajadores está en manos privadas sin que, por cierto, los ideólogos de esa cosa llamada kirchnerismo se hayan atrevido a sugerir su paso a la órbita del Estado.
¿Cuáles fueron las principales consecuencias de aquella privatización?
En primer lugar, modificó de raíz la naturaleza de los sindicatos y las reglas de la acción sindical, al hacer de los dirigentes obreros verdaderos empresarios de la salud y al vincular la dinámica de la negociación colectiva con la marcha de las Obras Sociales.
En segundo lugar, y como una derivación de lo anterior, quebró la ética que presidía el comportamiento del sindicalismo anterior a la Ley Onganía, como lo prueba el enriquecimiento incesante de muchos de los líderes sindicales argentinos.
Los Secretarios Generales de los sindicatos únicos son, en este sentido, verdaderos gerentes que manejan cuantiosos recursos y que urden intrincadas redes de negocios vinculados con la salud de los trabajadores.
Tal condición gerencial facilita y fomenta su reelección indefinida, sirve -incluso- para convertir en hereditaria la secretaría general, y explica en gran medida el abandono de la lógica democrática en la vida interna de los sindicatos únicos.
A la hora de imaginar un camino que nos conduzca a la plena vigencia de la libertad sindical (consagrada en nuestra Constitución y recientemente avalada por fallos de la Suprema Corte), las Obras Sociales concedidas en propiedad al sindicato único con personería gremial actúan como un escollo institucional y un formidable factor de presión en defensa del “modelo” sindical tradicional. Recuérdense sino las sendas derrotas de los intentos reformistas de los Presidentes Perón (“Proyecto Liotta” de 1973) y Alfonsín (“Proyecto Neri”), secuela del desafortunado pacto “sindical-radical” de 1987.
Si esto sucede en el campo de la acción sindical, las consecuencias del Sistema de Obras Sociales sobre la política y los partidos (principalmente sobre el peronismo) son, si cabe, más acentuadas y perniciosas.
Quienes conocen la dinámica interna del peronismo desde 1970 a la fecha, saben del peso determinante que el dinero proveniente de las obras sociales sindicales tuvo y tiene sobre la configuración de sus candidaturas.
Una influencia que sólo tiende a atenuarse cuando el peronismo está en el poder y, por consiguiente, puede usar y abusar de los recursos del Estado para financiar directa o indirectamente sus campañas políticas.
Así sucedió en tiempos del Presidente Menem, al menos hasta 1997 cuando, según mis noticias, el Presidente se vio forzado a pactar con los sindicatos para facilitar el financiamiento de las sucesivas campañas políticas. Un acuerdo que, dicho sea de paso, determinó mi renuncia como Ministro de Trabajo.
Las cosas no transcurren de otra manera bajo el liderazgo del matrimonio Kirchner.
Fue así como el Presidente Néstor debió abandonar pronto su promesa de reconocer personería gremial a la CTA, para recostarse en una de las alas del sindicalismo peronista (aquella que pasó de relativamente combativa en los noventa a verticalmente oficialista en la presente década), aun cuando sin descuidar sus buenas relaciones con los otros sectores.
A su turno, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desplegó su desbordante y abrumadora campaña electoral de 2009 utilizando los recursos que le proveía la red vinculada a las Obras Sociales Sindicales.
Más allá de esta continuidad (reflejada también en algunos personajes que durante los últimos quince años, en la trastienda o desde las segundas líneas de los gobiernos, dirigen la trama), cabe advertir que se han producido algunos cambios metodológicos que inciden en el financiamiento de la política con recursos que se sustraen a los servicios de salud de los trabajadores.
Si antes estos fondos fluían directamente del sindicato a una o varias de las líneas del peronismo político, hoy, como surge de incipientes investigaciones judiciales y parlamentarias, el tráfico de dinero se hace a través de compañías controladas por dirigentes sindicales, sus familiares o sus socios.
Pienso que las alarmas republicanas deben encenderse ante la evidencia de crecientes y sofisticados lazos entre organizaciones que giran en la órbita de las Obras Sociales Sindicales y el mundo del delito (drogas, falsificación de medicamentos).
Sabemos que es reprobable el financiamiento de la política cuando proviene de dinero negro o de grupos que “invierten” esperando cobrar sus dividendos en influencia y tratos de favor.
Pero el tema adquiere una gravedad institucional inusitada cuando, como es el caso, el crimen organizado encuentra una puerta fácil para penetrar (discreta y eficazmente) en el mundo de la política.
Para evitar que en la Argentina ocurra lo que está sucediendo en otros países latinoamericanos, deberíamos avanzar en tres direcciones complementarias: a) Hacer efectiva la libertad sindical; b) Democratizar la gestión de las Obras Sociales sometiéndola a auditorias independientes y separándola de la dirección sindical; y c) Llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de libre elección del ente prestador o, llegado el caso, a retomar la idea de un sistema público y universal de salud.
lunes, 23 de noviembre de 2009
Duchas de 3 minutos
Aunque aprendemos en la escuela que el agua es un recurso escaso, actuamos como si fuera infinito. El común de los salteños derrocha agua y cree que las campañas de ahorro exageran defendiendo oscuros intereses.
Abusa del agua quién llena su pileta de natación en tiempos de sequía. Quien no arregla sus grifos y cañerías. El caballero que lava los platos y deja la canilla abierta mientras habla por teléfono. Las parejas que se sumergen en los jacuzzis de los lujosos hoteles por hora. O aquel que riega la cancha de futbol para perjudicar al adversario.
Abusan, desde luego, los así llamados “señores del agua” que disfrutan de generosas concesiones hechas antaño por el Estado para regar sembradíos hoy inexistentes.
Pero también la empresa de aguas cuando no repara las averías o no invierte en acueductos y redes. O cuando no define un régimen de tarifas compatibles con el buen uso y con el interés colectivo.
Y, como no, los gobiernos que, pese a las evidencias de escasez, no promueven la construcción de diques y embalses que recojan las generosas lluvias de la región para ponerlas luego al servicio de la producción y de los hogares.
Frente a una “pertinaz sequía” el comandante Hugo recomienda enfáticamente a los venezolanos ducharse en tres minutos y abandonar la perniciosa costumbre de cantar bajo el agua.
Semejante orden bolivariana ha sido vista, por muchos cronistas argentinos, como una manifestación más de un régimen que sofoca las libertades.
Sin embargo, debo coincidir esta vez, y sin que sirva de precedente, con el comandante Hugo. Más allá de las ideologías, comprobé que una ducha de 3 minutos es suficientemente higiénica.
Haga usted la prueba, al menos en tiempos de sequía.
(Para FM Aries)
Abusa del agua quién llena su pileta de natación en tiempos de sequía. Quien no arregla sus grifos y cañerías. El caballero que lava los platos y deja la canilla abierta mientras habla por teléfono. Las parejas que se sumergen en los jacuzzis de los lujosos hoteles por hora. O aquel que riega la cancha de futbol para perjudicar al adversario.
Abusan, desde luego, los así llamados “señores del agua” que disfrutan de generosas concesiones hechas antaño por el Estado para regar sembradíos hoy inexistentes.
Pero también la empresa de aguas cuando no repara las averías o no invierte en acueductos y redes. O cuando no define un régimen de tarifas compatibles con el buen uso y con el interés colectivo.
Y, como no, los gobiernos que, pese a las evidencias de escasez, no promueven la construcción de diques y embalses que recojan las generosas lluvias de la región para ponerlas luego al servicio de la producción y de los hogares.
Frente a una “pertinaz sequía” el comandante Hugo recomienda enfáticamente a los venezolanos ducharse en tres minutos y abandonar la perniciosa costumbre de cantar bajo el agua.
Semejante orden bolivariana ha sido vista, por muchos cronistas argentinos, como una manifestación más de un régimen que sofoca las libertades.
Sin embargo, debo coincidir esta vez, y sin que sirva de precedente, con el comandante Hugo. Más allá de las ideologías, comprobé que una ducha de 3 minutos es suficientemente higiénica.
Haga usted la prueba, al menos en tiempos de sequía.
(Para FM Aries)
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Sindicatos libres, huelgas reguladas
(Inserto a continuación el artículo que publicó el diario CLARIN de Buenos Aires en su edición de 17 de noviembre de 2009, bajo el título "Huelgas y responsabilidad oficial")
A raíz de acciones de protesta que dañan grandemente a los ciudadanos, la señora Presidenta de la Nación ha dicho que es partidaria de mantener el orden pero sin recurrir a los palos.
Esta frase no refleja lealmente la responsabilidad que cabe a su Gobierno en muchos de los conflictos; al menos en aquellos que tienen naturaleza sindical.
Bienvenida la defensa obrera de la libertad sindical
Hasta hace algún tiempo, hablar de libertad y democracia sindicales era asunto propio de “intelectuales europeizados”, cuando no de “neoliberales empecinados en debilitar a la clase obrera”.
Afortunadamente para la república esas banderas están siendo enarboladas hoy por un creciente número de trabajadores, como lo acreditan las acciones de la CTA y las movilizaciones en METROVIAS, KRAFT y EL TABACAL.
Asistimos a un giro respecto de la historia reciente de la conflictividad laboral en la Argentina, centrada en los salarios. Esta incorporación de la defensa de las libertades fundamentales como objeto de la acción sindical es (o debería ser) una buena noticia para los demócratas.
Centrándome en la huelga de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, diré que buena parte de la responsabilidad en el enconamiento del conflicto hay que atribuirla al Ministerio de Trabajo que se obstina en incumplir la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, desoyendo a nuestra Suprema Corte.
Nadie ignora que tal empecinamiento está vinculado a los compromisos políticos que ligan al Gobierno con la CGT oficialista liderada por el señor Hugo Moyano, inaceptables en un Estado de derecho donde incluso los acuerdos corporativos han de subordinarse a la Constitución.
Adviértase además el extremismo del sindicalismo oficial que resiste la “simple inscripción” de organizaciones que no le son afines, a sabiendas de que la vigente ley (en normas también inconstitucionales) cierra el paso a quienquiera se proponga competir con el sindicato con “personería gremial”.
Tildar de izquierdistas a los trabajadores que buscan organizarse saltándose los estrechos márgenes del monopolio sindical, ignora que en el mundo desarrollado gran parte de los sindicatos son de izquierda. Tan ridícula acusación recrea una vieja maniobra de las épocas más tristes de nuestra historia, fruto de conocidos pactos negros entre los viejos sindicalistas con los empresarios desde siempre adscriptos al poder.
Las formas y los cauces del derecho de huelga
Todo parece indicar que en la opinión pública se abre paso la idea de que es preciso respetar la Constitución y dejar que los trabajadores se organicen sin tutelas ni cortapisas estatales.
Sin embargo, esa misma opinión pública rechaza modalidades de huelga que considera, con razón, abusivas; tales las llevadas a cabo sin preaviso, por períodos prolongados, con ocupación de centros de trabajo o de lugares públicos, sin garantizar los servicios mínimos en sectores esenciales para la vida en común, o muchas veces violentando la correlativa libertad de trabajar que ampara a quienes deciden no acompañar las medidas de fuerza.
En estas prácticas abusivas hay, que duda cabe, mucha responsabilidad de los propios trabajadores, que no encuentran los caminos para hacer compatibles sus derechos con otros de igual o superior rango constitucional.
Pero no es razonable olvidar la cuota que cabe a ciertos empresarios reacios a negociar con sus trabajadores. Ni la que cabe a quienes en 2004 decidieron aprobar el artículo 24 de la Ley 25.877 liberalizando hasta extremos imprudentes el ejercicio del derecho de huelga.
Dicho de otro modo: Las huelgas abusivas se producen al amparo de una legislación que permite tales desbordes, privando al Estado democrático y a la sociedad de imprescindibles herramientas para regular y encauzar los conflictos, sobre todo cuando estos afectan los servicios esenciales.
Pienso que el legislador pecó de ingenuidad (o concedió demasiado al sindicalismo peronista) cuando restringió la condición de esenciales a los servicios de salud, agua, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo.
Al parecer, el señor Ministro de Trabajo, ante la intensidad de la huelga en los subterráneos de Buenos Aires estaría meditando ampliar aquella lista exigua e imprudente. Ojala pudiera concretar esta iniciativa.
En resumen: En los recientes conflictos laborales, el Gobierno de la Presidenta Kirchner tiene una doble e inocultable responsabilidad. La primera, por negar una inscripción registral que está mandada por la Constitución. La segunda, por haber prohijado el desmantelamiento de las reglas que definen el ejercicio razonable del derecho de huelga.
A raíz de acciones de protesta que dañan grandemente a los ciudadanos, la señora Presidenta de la Nación ha dicho que es partidaria de mantener el orden pero sin recurrir a los palos.
Esta frase no refleja lealmente la responsabilidad que cabe a su Gobierno en muchos de los conflictos; al menos en aquellos que tienen naturaleza sindical.
Bienvenida la defensa obrera de la libertad sindical
Hasta hace algún tiempo, hablar de libertad y democracia sindicales era asunto propio de “intelectuales europeizados”, cuando no de “neoliberales empecinados en debilitar a la clase obrera”.
Afortunadamente para la república esas banderas están siendo enarboladas hoy por un creciente número de trabajadores, como lo acreditan las acciones de la CTA y las movilizaciones en METROVIAS, KRAFT y EL TABACAL.
Asistimos a un giro respecto de la historia reciente de la conflictividad laboral en la Argentina, centrada en los salarios. Esta incorporación de la defensa de las libertades fundamentales como objeto de la acción sindical es (o debería ser) una buena noticia para los demócratas.
Centrándome en la huelga de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, diré que buena parte de la responsabilidad en el enconamiento del conflicto hay que atribuirla al Ministerio de Trabajo que se obstina en incumplir la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, desoyendo a nuestra Suprema Corte.
Nadie ignora que tal empecinamiento está vinculado a los compromisos políticos que ligan al Gobierno con la CGT oficialista liderada por el señor Hugo Moyano, inaceptables en un Estado de derecho donde incluso los acuerdos corporativos han de subordinarse a la Constitución.
Adviértase además el extremismo del sindicalismo oficial que resiste la “simple inscripción” de organizaciones que no le son afines, a sabiendas de que la vigente ley (en normas también inconstitucionales) cierra el paso a quienquiera se proponga competir con el sindicato con “personería gremial”.
Tildar de izquierdistas a los trabajadores que buscan organizarse saltándose los estrechos márgenes del monopolio sindical, ignora que en el mundo desarrollado gran parte de los sindicatos son de izquierda. Tan ridícula acusación recrea una vieja maniobra de las épocas más tristes de nuestra historia, fruto de conocidos pactos negros entre los viejos sindicalistas con los empresarios desde siempre adscriptos al poder.
Las formas y los cauces del derecho de huelga
Todo parece indicar que en la opinión pública se abre paso la idea de que es preciso respetar la Constitución y dejar que los trabajadores se organicen sin tutelas ni cortapisas estatales.
Sin embargo, esa misma opinión pública rechaza modalidades de huelga que considera, con razón, abusivas; tales las llevadas a cabo sin preaviso, por períodos prolongados, con ocupación de centros de trabajo o de lugares públicos, sin garantizar los servicios mínimos en sectores esenciales para la vida en común, o muchas veces violentando la correlativa libertad de trabajar que ampara a quienes deciden no acompañar las medidas de fuerza.
En estas prácticas abusivas hay, que duda cabe, mucha responsabilidad de los propios trabajadores, que no encuentran los caminos para hacer compatibles sus derechos con otros de igual o superior rango constitucional.
Pero no es razonable olvidar la cuota que cabe a ciertos empresarios reacios a negociar con sus trabajadores. Ni la que cabe a quienes en 2004 decidieron aprobar el artículo 24 de la Ley 25.877 liberalizando hasta extremos imprudentes el ejercicio del derecho de huelga.
Dicho de otro modo: Las huelgas abusivas se producen al amparo de una legislación que permite tales desbordes, privando al Estado democrático y a la sociedad de imprescindibles herramientas para regular y encauzar los conflictos, sobre todo cuando estos afectan los servicios esenciales.
Pienso que el legislador pecó de ingenuidad (o concedió demasiado al sindicalismo peronista) cuando restringió la condición de esenciales a los servicios de salud, agua, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo.
Al parecer, el señor Ministro de Trabajo, ante la intensidad de la huelga en los subterráneos de Buenos Aires estaría meditando ampliar aquella lista exigua e imprudente. Ojala pudiera concretar esta iniciativa.
En resumen: En los recientes conflictos laborales, el Gobierno de la Presidenta Kirchner tiene una doble e inocultable responsabilidad. La primera, por negar una inscripción registral que está mandada por la Constitución. La segunda, por haber prohijado el desmantelamiento de las reglas que definen el ejercicio razonable del derecho de huelga.
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