Un penoso asunto llega a su fin

La Cámara Federal de Casación Penal dio marcha atrás y anuló el procesamiento de 24 ex funcionarios acusados del cobro de sobresueldos durante el menemismo, entre ellos el del ex ministro de Trabajo José Armando Caro Figueroa, el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el ex secretario de Justicia Elías Jassán, y la ex secretaria de Ministerio del Interior Adelina Dalesio de Viola.
Se trata de un enorme paso atrás en la causa puesto que todos habían sido procesados el año pasado por la Sala I de  la Cámara Federal por el delito de peculado y en caso que los mismos se confirmaran, iban a ir inmediatamente a juicio.
Un tramo de la causa ya está en progreso por el cobro y pago de sobresueldos y que tiene como imputados al ex presidente Carlos Menem; al ex ministro de Economía Domingo Cavallo; a la ex polifuncionaria María Julia Alsogaray; a Enrique Kaplan y muchos otros.
"La investigación ha permitido relevar la existencia de un sistema ilegítimo de pagos a funcionarios del Poder Ejecutivo de una determinada jerarquía, instrumentando desde la más alta esfera de dicho poder, que tuvo lugar durante los períodos en los que Carlos Menem ejerció la Presidencia ", había dado por acreditado  la Cámara Federal al procesar a los 24 funcionarios en diciembre pasado.
Todo ello ahora fue anulado por la Sala II de la Casación, con las firmas de los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, así como los embargos que les habían fijado que en algún caso, superó los 400 mil pesos.
Se trata de un fallo escueto, y en donde la Casación invoca para anular los procesamientos el argumento que utilizó en el caso "Renzi, Walter Gabriel y otros" del 8 de agosto pasado.
En ese  caso, los jueces de la Sala II anularon un procesamiento que se fijó en segunda instancia luego, al considerar que no hubo doble instancia de revisión y que quien debía tomar una decisión como tal es el juez de primera instancia.
La veintena de estos funcionarios habían sido sobreseídos, pero el fiscal Gerardo Pollicita y  la Oficina Anticorrupción apelaron. Así fue como el año pasado  la Cámara Federal, para el caso integrada por Julio Lucini, María Laura Garrigós de Rébori y Mauro Divito, los procesó por el delito de "peculado", el cual prevé una pena de hasta diez años de prisión.
Se había determinado que los acusados "percibieron dinero proveniente de partidas presupuestarias a gastos reservados" y no podían desconocer que recibían una "retribución por la tarea desarrollada, ni tampoco gastos necesarios para el desempeño del cargo que ocupaban".
Los otros procesamientos anulados por  la Casación fueron los de Carlos Sánchez, quien entre otros cargos fue secretario de Comercio e Inversiones; a Félix Cirio, entonces subsecretario de producción agropecuaria; a Jesús Leguiza, subsecretario de Economía; a Oscar Chialvo, entonces presidente de  la Comisión liquidadora del Instituto Nacional de Reaseguros; y Alejandro Mayoral, ex funcionario del Ministerio de Economía.
También fueron favorecidos con la misma decisión Joaquín Cottani, ex funcionario del Ministerio de Economía; Carlos Bastos, ex secretario de Energía; Raúl García, ex presidente de Enargas; Guillermo Harteneck, entonces subsecretario de inversiones; Alfredo Aldaco, ex funcionario del Banco Nación; Liliana Gurdulich, ex secretaria del Ministerio del Interior; Alejandro Marcovic, ex subsecretario de Trabajo; y Félix Borgonovo, quien fuera secretario legal y técnico en 1993.
Por último, fueron anulados los procesamientos de Horacio Dalmau, ex subsecretario de Ambiente; Augusto José Rodríguez Larreta, entonces vocero del ministro Oscar Camilión; a Alberto Noé Carballo, entonces Subsecretario de Ambiente; Ricardo Lagorio, subsecretario del Ministerio de Defensa; Santiago Lozano, entonces funcionario del Ministerio del Interior; Ricardo Cossio, ex director de DGI; y Jorge Pereyra de Olazábal, ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa.
Al tiempo que revocó los procesamientos, los jueces resolvieron apartar de seguir interviniendo a la sala especial conformada para el caso. Es que la Cámara Federal con su integración original está excusada de intervenir en esta causa.
En mayo de 2011 una parte de la causa que tiene como imputados a Menem, Cavallo, Alsogaray y otros fue a juicio, el cual quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 4.

La inflación, ese infierno tan temido

El avance desmedido de los precios causa estragos en los presupuestos familiares y en la actividad de muchas empresas. Vivimos sobresaltados, sin saber qué poder de compra tendrán, cada día, nuestros ingresos. Los industriales y los comerciantes -recayendo en viejas costumbres-, se adelantan y remarcan precios temiendo que un error de cálculo termine disminuyendo ventas, sumergiéndolos en crisis y quebrantos.

No obstante, son los salarios y las jubilaciones las rentas que con mayor contundencia sufren los efectos de los precios desbocados. En este terreno, mientras que unos pocos trabajadores (los representados por sindicatos capaces de enfrentar las directrices del Gobierno) pueden defenderse, la mayoría de ellos está a merced de la inflación. Así les sucede, por ejemplo, a quienes trabajan en negro, están fuera de convenio, o tienen por empleador a PYMES víctimas del mismo flagelo.

La influencia que el Gobierno ejerce sobre el “movimiento obrero organizado”, determina que los sindicatos oficiales (prisioneros de un régimen monopólico que les concede privilegios a cambio de obediencia) se vean forzados a aceptar los techos reivindicativos que les traslada el Ministro de Trabajo.

Por supuesto, hay sectores que, por presión de las comisiones internas en manos de la izquierda o por la indignación de los trabajadores, desoyen aquellas directivas y (está sucediendo ahora mismo), se aprestan a exigir la reapertura de las paritarias para revisar los salarios antes de los plazos legales.

Esta situación reavivará la “puja distributiva” (una vieja conocida de nuestras relaciones colectivas de trabajo), con el final que en su día graficara el General Perón: Los precios subirán por el ascensor y los salarios por la escalera.

En este escenario, todo parece indicar que en los próximos meses la severa inflación incrementará las huelgas protagonizadas por sindicatos desorientados pero anclados en sus tradiciones corporativas que ignoran el concepto de “clase trabajadora” y les llevan a intentar proteger a los afiliados desentendiéndose del resto de sus compañeros de condición.       

Ciertamente nos les va mejor a los jubilados cuyos haberes globales, al menos desde 2001, vienen perdiendo puntos respecto de la inflación, con la consiguiente desmejora de su calidad de vida. Con el agravante de que carecen de capacidad de presión suficiente para lograr que el Gobierno haga lo necesario para mantener su poder de compra. Fracasan cuando se dirigen al Congreso de la Nación, y vuelven a fracasar cuando recurren a los tribunales de justicia.

De la mano de la inflación galopante los argentinos perdemos día a día capacidad de ahorro; con el agravante de que el dólar, principal instrumento al alcance de los ahorristas menos informados, está intervenido por el Gobierno que persigue su comercialización con mayor empeño que el que pone en asegurar nuestras fronteras.

La inflación y las instituciones

La inflación provoca también efectos negativos en nuestra vida política. La concentración del poder en el vértice del Gobierno de la Nación, con el consiguiente debilitamiento de las autonomías provinciales y municipales, es una de aquellas consecuencias.

Siendo que el poder central controla la emisión monetaria, las retenciones a la exportación y la parte más relevante de la presión tributaria, las Provincias pierden día a día recursos y facultades para desarrollar políticas activas y, si acaso, concurrir en auxilio de las víctimas de la inflación.

Por esta vía, reaparece otra vieja imagen: La de Gobernadores viajando a la Capital Federal a procurar recursos que fluyen en funciones de lealtades y simpatías. Una discrecionalidad que, dicho sea de paso, perjudica a la Provincia de Salta a raíz de la ubicuidad, negligencia o ideario de nuestro Primer magistrado.

El Congreso de la Nación es otro de los perdedores: Su potestad de asignar gastos e incidir en la ejecución presupuestaria resulta diluida por la marcha de los precios combinada con el otorgamiento de súper poderes a un Poder Ejecutivo que ha creado el concepto de emergencia económica perpetua.

Precios administrados y precios liberados

Si bien la inflación verdadera es elevada, las mediciones ocultan la presencia de tarifas artificialmente sostenidas por cuantiosos subsidios que, de un lado, son fuente de inequidades y corrupción y, de otro, ponen a las cuentas públicas en una situación insostenible. En este terreno, el inevitable sinceramiento de estos precios augura tensiones y sufrimientos añadidos que caerán sobre las espaldas de quienes reciben rentas fijas.

Pronto, cuando haya digerido los resultados electorales, el Gobierno deberá adoptar medidas: ¿Continuará improvisando, mintiendo y reprimiendo? O, por el contrario, ¿articulará una política que despeje incógnitas y restablezca las condiciones para que nuestro potencial productivo se despliegue en el mundo? ¿Seguirá rutinas autoritarias o buscará consensos? ¿Postergará al agro en beneficio del viejo país industrial? ¿Gobernará con pipiolos o recurrirá a expertos?

En cualquier caso, parece inevitable que el malestar ocasionado por la escalada de precios influya en la elección de este domingo.

El inmenso error de las "patrias" excluyentes

En los años de 1970 el terrible desafío del mesianismo armado forzó la fragmentación de la Argentina. La ambigua consigna de la “patria socialista” enarbolada por el partido montonero, fue respondida por una más precisa pero no menos totalitaria proclama de la “patria peronista”. Esta lucha atrapó a muchísimos jóvenes de mi generación y, desde luego, a mí.

En ninguna de ambas versiones había lugar para disidentes, indiferentes o críticos. Las aspiraciones en pugna soñaban con imponer una sociedad uniforme, unitaria y vertical. Para unos, esta verticalidad conducía a Perón, para otros, a Mario Firmenich.

Esta forma extrema de encarar la política marcó -a fuego y hasta hoy- a la sociedad de los argentinos: persiste en no pocos activistas maduros, y alcanza a muchos jóvenes que no habían nacido en aquellos años de espanto.

Si se omite el recurso a las armas y al terror, las dos versiones setentistas abrevan en consolidadas tradiciones argentinas que ven en la política una suerte de guerra de posiciones irreductibles. La experiencia de la primera década peronista (1945/1955) brinda antecedentes y argumentos a quienes hoy preconizan la “patria kirchnerista”.

Si en aquel tiempo se trataba de peronizarlo todo (sindicatos y patronales, ejército y marina, jueces y legisladores, medios de comunicación y propaganda, universidades y cultura, pasado y presente, centros vecinales y colegios profesionales, leyes y sentencias, deportes y espectáculos, educación y acción social), los actuales protagonistas que se dicen herederos del peronismo se proponen idéntico propósito.

En realidad, más que proponérselo, los nuevos cruzados despliegan una incesante actividad para imponer esta nueva versión totalitaria en donde Perón y Evita cumplen un discreto y simbólico papel. Esa matriz, innegablemente peronista, con el concurso de todos los que propalaban la necesidad de una “patria socialista” y de algunos que le oponían el destino de una “patria peronista”, tiene nuevos héroes (Él y Ella) y casi los mismos villanos (la oligarquía, el imperialismo, los liberales unitarios que, como se sabe, son “salvajes e inmundos”).

Las inconsecuencias y contradicciones de los impulsores de la forzada y forzosa kirchnerización de la Argentina integran también aquellas tradiciones nacionales. Los seguidores del movimiento que -en los años de 1950 y de 1970- verticalizó las instituciones, estatizó la economía y controló las organizaciones sociales no pueden ahora reprochar, por ejemplo, la designación del nuevo Jefe del Ejército, el contrato con la Chevron, las confiscaciones, la manipulación de los sindicatos y de las patronales, la muerte del federalismo o la pretensión de sembrar el Poder Judicial de Jueces adictos.

En Salta los acontecimientos contemporáneos reclaman una lectura más matizada; sobre todo si se toma en consideración el peso que en el panorama local tienen la impostura y el culto a la personalidad. Aquí, por debajo de las enfáticas proclamas peronistas, gobiernan los de siempre, en beneficio de los de siempre y de los ricos fabricados por Decreto. Pero, los salteños que conocen, entre otras, las experiencias de Joaquín Castellanos (1919/1921) o de Carlos Xamena (1951/1952), saben de la fugacidad y de los riesgos que amenazan a los gobiernos federalistas o volcados a la justicia social.

El mejor futuro se construye con libertad y pluralismo         

El peronismo no kirchnerista (liderado por un joven de formación neoliberal) se apresta a dar una batalla decisiva para cancelar la fantástica década inaugurada por Eduardo Duhalde y elevada al paroxismo por sus sucesores en la Casa Rosada.

Su triunfo abrirá nuevas expectativas y promoverá algunas de las rectificaciones que demandan las mayorías y las minorías ciudadanas que no logran influir decisivamente en el curso de la nación argentina.

Pero, a poco andar, esta cuarta versión del peronismo (HOROWITZ, A. 2011) dejará patente sus limitaciones para recaer en sectarismos y exclusiones. En este sentido, el esfuerzo autocrítico y renovador hecho por Juan Domingo Perón en 1973 y sintetizado en su brillante mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de Mayo de 1974, no dio los frutos esperados y duerme en las bibliotecas y en la memoria de los pocos ortodoxos que resisten el paso de los años.

Es prácticamente imposible construir los Programas y las estructuras políticas y sociales que precisa la Argentina en su lucha por alcanzar una sociedad libre y de iguales, sin abjurar de la idea de una “patria” excluyente, sin remplazar el movimiento unificador por un sistema de partidos, o sin reconocer los derechos de todas las minorías.

La única patria en condiciones de dar cabida a todos los argentinos es la patria de la Constitución democrática, cosmopolita y republicana.

Es esta patria pluralista el marco imprescindible para la convivencia, para el progreso respetuoso del ambiente y de las futuras generaciones, para la cohesión social y territorial, para la explosión de todos los talentos en condiciones de gobernar, de crear, de emprender, de pensar.

El engendro de las P.A.S.O. en Salta

La señora Presidenta y nuestro Gobernador comparten una singular y pobre idea de la democracia. Militan en favor de un régimen sin partidos políticos, sin controles, y protagonizado por clientes y no por ciudadanos. Prefieren un sistema que arrincone a las minorías y esté dominado por Césares providenciales, dueños de la verdad y de los recursos del Estado. Ambos coinciden también en prohijar, por encima de proclamas justicieras, el capitalismo de amigos; aun cuando el señor Urtubey, fiel a ciertas tradiciones, reserva sus favores también para los parientes.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son funcionales a estas estrategias. Buscan, sin mirar costos económicos, legitimar a un régimen en donde los “aparatos” (la mayoría de ellos financiados con dinero público) remplazan a los partidos políticos autónomos.

En Salta, las PASO son, salvo honrosas excepciones, luchas entre caudillos, aspirantes a caudillos y parientes de caudillos. Las citas electorales se convierten entonces, en un estallido de carteles multicolores, de fotos oportunistas, y de frases vacías que rozan el ridículo. En este escenario, las propuestas y programas son reemplazados por los dictados de los licenciados en marketing; a su vez, la responsabilidad cívica es remplazada por los licenciados en logística.

Es la inexistencia de partidos políticos la que motoriza este modo de gobernar altanero y ensimismado. Es el cesarismo, cuando conecta con las ancestrales visiones oligárquicas, el que genera este modo de gobernar que prefiere a quienes el tango “Pucherito de gallina” llama “chicos mal de casas bien”; personajes que, despreciando la política y amando la simulación, llegan a los altos cargos pensando que su acceso responde a una ley divina que les habilita a usar como propios los bienes del Estado.

Es esta idea del poder y no los resultados electorales la que explica el clientelismo, el transfuguismo, la corrupción, las maniobras dinásticas y los afanes por controlar jueces, medios de comunicación, colegios profesionales, sindicatos o centros vecinales.

Resultados alentadores

Sin embargo, el pasado ensayo electoral mostró varios aspectos positivos.

La normalidad del acto electoral es el primero de ellos. La desaparición del robo de boletas, la celeridad de los escrutinios y la paz, muestran un panorama solo empañado por el uso de vehículos municipales para trasladar votantes aleccionados.

La emergencia del Partido Obrero como fuerza política organizada y en condiciones de consagrar al primer Diputado Nacional de izquierdas, es la segunda manifestación a destacar. Salvando las distancias, la eventual elección del señor Pablo López podría emparentarse con el triunfo, en 1904, del socialista porteño Alfredo Palacios.

Dentro de este inventario de aspectos positivos, merecen especial mención los resultados de las PASO en la ciudad de Salta. En este sentido, el pobre desempeño de la jovencísima heredera del actual Intendente muestra la declinación de los “aparatos” en los barrios pobres y, también, los límites del clientelismo político.

Muchas personas que arrastran situaciones de necesidad o exclusión han comenzado a recordar lo que Juan Domingo Perón recomendaba en 1944, “Acepten todo lo que les den, pero en el cuarto oscuro hagan su voluntad”. Ni la poblada red de militantes pagados por la Municipalidad, ni los bolsones, ni las chapas han bastado para reconstruir una situación favorable al poder.

A mi modo de ver, hubiera sido decepcionante que los votantes de la ciudad de Salta premiaran a quién es el responsable de la degradación del centro histórico, de la brutal suba de impuestos municipales para financiar boato y burocracia, tanto como de la especulación y del fraude inmobiliario que expresan los edificios de altura irregulares. En realidad, los vecinos de Salta han castigado una gestión caracterizada por la incapacidad para resolver problemas tales como el abastecimiento de agua potable o los asentamientos en condiciones infra humanas.

Muchos salteños saben que hay negligencia detrás de la contaminación del río Arenales o del ambiente putrefacto que castiga a algunos barrios del sur.

Si bien no hay todavía en el horizonte un modelo de desarrollo urbano alternativo, parece evidente que la mayoría de los salteños repudia una gestión centrada en los negocios e insensible a los reclamos ambientales y urbanísticos.      

La Salta que está sola y espera

Mientras este espectáculo político se desenvuelve a la vista de todos y acapara la atención de algunos, la Salta profunda y real se rebela o asiste impotente a los problemas de siempre (pobreza, exclusión, deficiencias en los servicios públicos), y a los nuevos y graves desafíos como el comercio local de drogas, la mora judicial (exacerbada por una errática política de subrogancias) o la gravísima crisis agropecuaria derivada de la sequía y las heladas.

Este Gobierno, que persigue la consolidación de un César hereditario, no parece preocupado ni en condiciones de resolver estos asuntos que hacen al bienestar, la seguridad y las libertades de los salteños.

Las elites del poder en Salta

La historia política de Salta muestra muchas etapas en donde las “elites del poder” (REINHARD, 1996, FCE) se volcaron a la configuración de verdaderas Cortes, de raigambre monárquica, encargadas de celebrar al primer mandatario, de reservar los recursos del Estado para beneficio de las familias gobernantes, y de facilitar la perpetuación en el poder de líderes con pretensión dinástica.

Este estilo de gobernar, profundamente autoritario, se asienta en el secretismo, los favores, el incienso y la discrecionalidad, y desdeña el sistema de derechos y deberes propio de una democracia constitucional.

Así, por ejemplo, el Boletín Oficial de Salta destila el consentido vicio de la opacidad: Normas que se publican tarde o mal resumidas, anexos no publicados, índices desprolijos e insuficientes, que obligan a los ciudadanos deseosos de saber qué hace el Gobierno a pasarse horas buceando anexos o descifrando enunciados. Cuando la preocupación ciudadana se centra en los municipios del interior, tropieza con una oscuridad más intensa en tanto Ordenanzas y Resoluciones no son recogidas por la gaceta oficial.

Es más: Cualquier burócrata está preparado para negar el acceso a expedientes públicos apelando al falso argumento de que su consulta requiere la “previa acreditación de interés legítimo y la presentación de solicitud en papel sellado de 0,25$”. De esta manera, sintoniza con las directrices no escritas de la “elite del poder” interesada en preservar de ojos incómodos textos tales como los Estatutos de asociaciones civiles, sindicatos o centros vecinales, licitaciones, consultorías, publicidad o cualquier otro acto en donde el temeroso funcionario suponga que están comprometidos los intereses de los “pesos pesados” del momento.

El Gobierno trata, por todos los medios, de negar el acceso a la información pública, pese a la raigambre constitucional de este derecho. Y no solo los ciudadanos sufren estas restricciones; también padecemos el escarnio los abogados que, en ejercicio de nuestra profesión, debemos lidiar con aquel secretismo, ante la increíble pasividad de nuestro Colegio.

Un poder desmesurado y sin control

El actual Gobernador ha logrado niveles de mando sin control realmente inéditos y abusivos. Tan penoso éxito se demuestra en el abierto sometimiento de los órganos institucionales de control y vigilancia a su Suprema voluntad, como es el caso, entre otros, de la Auditoria, del Consejo de la Magistratura o incluso del Ministerio Público.

Un éxito antidemocrático al que hay que añadir el dominio que el primer mandatario ejerce sobre los otros poderes del Estado, incluido el Poder Constituyente al que puede convocar en virtud de la falsa y desmesurada mayoría absoluta que detenta en la Legislatura Provincial.

La alternativa de los contrapoderes cívicos

Frente a este panorama cargado de autoritarismo y signado por la ausencia de frenos republicanos, pienso que la autonomía ciudadana está llamada a ejercer el control y marcar los límites, en ejercicio de derechos y responsabilidades esenciales al orden democrático.

Es verdad que, de hecho, los salteños venimos ejerciendo estas funciones a través de reuniones, escritos, marchas, protestas, huelgas y otras manifestaciones de la libertad de expresión. Sin embargo este activismo cívico no alcanza, en razón de la precariedad de nuestro tejido asociativo; una debilidad potenciada por el propio Gobierno que usa de todo su poder para domesticar sindicatos, cámaras empresarias, medios de prensa, o centros vecinales.

En este contexto, el Consejo Económico Social cuya creación está a punto de aprobar la Legislatura siguiendo, como no, los dictados del Gobernador, aparece como un esfuerzo baladí orientado a convalidar el actual entramado de poder. Su diseño se parece más a una nueva estructura cortesana que a un órgano de participación ciudadana y de control republicano.

Si bien, en mi singular opinión, Salta precisa una institución de este tipo, pienso que el legislador, recuperada su soberanía, debería apartarse de los modelos europeos (que promueven la presencia de los actores sociales neo-corporativos), para configurar al Consejo como un recinto en donde confluyen las organizaciones cívicas, representativas y autónomas que se organizan para defender los intereses generales -o parcelas de ellos- frente a los poderes públicos y privados que los violentan o desconocen.

Un verdadero órgano de participación ciudadana ajustado a las necesidades de nuestra endeble y deficitaria democracia será aquel que contemple la presencia de las organizaciones no gubernamentales que defienden el ambiente y los recursos naturales, que denuncian la impunidad, la especulación y el fraude inmobiliario, que luchan contra el tráfico de drogas, la mora de la justicia, la violencia familiar o de género, junto a aquellas que pretenden que los excluidos accedan a bienes y servicios esenciales.

En este sentido, el CES sería la culminación de una imprescindible política orientada a reconocer, promover y dotar de medios institucionales a todas las voluntades ciudadanas colectivas que se organizan autónomamente para hacer efectivos los derechos fundamentales y las garantías de la Constitución.