Estado mínimo

Insistiré, con el permiso de mis lectores, en el tema tratado en una de mis anteriores columnas: La desarticulación del Estado Inspector.
Cuando se analizan, bien desde la teoría o bien desde la práctica, las funciones inspectoras de los poderes públicos, se advierten los límites del debate acerca de los cometidos del Estado y los roles del Mercado.
Quienes defienden el “Estado máximo” y sostienen las bondades de un Estado que fije los precios y los salarios, decida qué se consume y qué no puede consumirse, qué se importa o qué se exporta, qué puede usted hacer o no hacer con sus ahorros, qué destino tendrán sus impuestos y sus aportes jubilatorios, ignoran que ese mismo Estado omnipresente carece de poderes de inspección y sanción.
Quienes, desde otra óptica, son partidarios del “Estado mínimo” y proponen dejan todo librado a la “mano invisible”, en realidad están encantados con la situación actual porque, mientras aquel debate -que es ideológico- se decanta, el Estado realmente existente, presuntamente máximo, es un Estado que desampara a los ciudadanos en sus derechos y deja hacer a infractores y especuladores.
Si en los años noventa uno de los principales fracasos del modelo privatizador fue la ineptitud del Estado regulador (reguló tarde y mal el desempeño de las empresas privadas), el actual modelo, sin haber logrado construir un sistema regulatorio imprescindible (véase sino lo que sucede en el ámbito de los transportes o de las telecomunicaciones), añadió la desarticulación del Estado inspector.
Para el ciudadano común, que manda sus hijos a la escuela, que concurre al hospital público o a los servicios de una obra social, que transita por calles y veredas, viaja en colectivo, consume agua o compra celulares o pescado, lo relevante no es quién sea el dueño de la empresa, sino que existan reglas que protejan al contratante débil, al usuario o al consumidor. Y que junto a estas reglas, exista un Estado con capacidad, vocación y recursos suficientes para hacerlas cumplir.
Cualquiera que haya intentado reclamar contra los abusos de proveedores, empresas, vecinos o autoridades habrá advertido que se encuentra solo, indefenso ante un compló que une a abusadores activos con un Estado impávido.
Todo esto sucede porque el Estado desertó de su rol inspector. Y, en menor medida, porque los ciudadanos en su rol de consumidores, usuarios, vecinos, administrados o contratantes, no logramos organizarnos para la autotutela. Y allí donde intentamos organizarnos topamos con burocracias que pretenden que las ONG cumplan los mismos requisitos que una sociedad anónima.
En resumen: los que se organizan para especular, expoliar, abusar tienen todo a favor ante la deserción del Estado regulador, del Estado inspector y del Estado administrador de justicia.
(Para FM ARIES)

El Post-kirchnerismo

Vivimos atrapados por una enorme telaraña que dificulta nuestra vida política. Una suerte de trampa dialéctica en donde el futuro está, paradójica e inexorablemente, en el pasado; el presente no es sino la reiteración fatal de gestos y consignas unidireccionales; y el pasado esta siendo permanentemente rescrito por quienes detentan el poder, con el fin de controlar el presente y el futuro.
Existen, sin embargo, dos caminos que pueden ayudarnos a sortear esta trampa saducea.  
El primero consiste en promover debates y construir propuestas que no se ciñan a la agenda oficial y que asuman el desafío de hablar y pensar los asuntos que desvelan al ciudadano común que sufre la inseguridad, la inflación, la incertidumbre, la exclusión social y los ataques a sus derechos fundamentales de libertad. Hace falta también reflexionar sobre los difusos anhelos ciudadanos de la paz interior de la que habla el Preámbulo de la Constitución, en sus facetas cívicas y ambientales (paz entre los argentinos, paz con la naturaleza).
El segundo de aquellos caminos se inicia cuando nos damos cuenta de que nuestro futuro como sociedad compleja está, en buena medida, en nuestras manos y mentes, y no ha de referenciarse necesariamente en algún pasado edénico. Avanzamos por este camino cuando nos atrevemos a imaginar ese futuro, a construir ilusiones colectivas, a elaborar programas que recojan compromisos y definan metas de bienestar y de convivencia.    
¿Cuál pudiera ser el escenario argentino a partir de 2015? Estos apuntes dan por supuesto que la Presidenta de la República desarrollará y concluirá su mandato dentro de los cauces constitucionales, y llaman la atención contra dos actitudes negativas: Una, antirrepublicana, que preconiza un tercer mandato consecutivo. La otra, antidemocrática, que resiste la alternancia en nombre de presuntas excelencias del actual régimen.
Como es lógico, la economía influirá en los acontecimientos futuros. Si bien lo más probable es que el actual Gobierno termine por introducir los cambios imprescindibles para absorber el impacto de la crisis mundial y rectificar errores, no hay que descartar que el agravamiento de ciertas  tensiones pueda ponernos al borde de una mega crisis, en cuyo caso el mapa político aquí imaginado sufriría severas correcciones. Los salarios (junto a jubilaciones y ayudas sociales), los subsidios a determinados precios, la coparticipación federal y la  paridad cambiaria, son asuntos relevantes para el futuro político y social.

Una hipótesis acerca del futuro mapa político argentino

La enorme capacidad para reinventarse a si mismo, permite suponer que el peronismo tendrá, al menos en los próximos años, un papel protagónico a través de dos de sus expresiones posibles:
De un lado, el neo-kirchnerismo -heredero de las potentes ideas del matrimonio Kirchner-, que sufrirá las tensiones propias de los momentos de renovación de liderazgos y la emigración de los sectores oportunistas integrados en la mayoría gobernante.  
De otro, el cuarto peronismo, que se construye en algunos cenáculos, que propondrá un regreso a las difusas pero convocantes “esencias”, y que terminará corporizándose en una mezcla de ortodoxia revolucionaria del 45 y pragmática noventista. Los Gobernadores de Córdoba y Buenos Aires (por ese orden) están en condiciones de articular esta nueva y vieja versión del peronismo. 
Dejando para otra oportunidad una prospectiva de las otras fuerzas tradicionales (radicalismo y socialismo), y no sin antes enfatizar en su compartido fracaso a la hora de construir una alternativa y de controlar al Gobierno, me referiré brevemente a la hipótesis de un nuevo actor político.

El centro político vacante

Por fuera de la perversa lógica bipartidista que la Argentina arrastra desde los años 40 del pasado siglo, es posible imaginar la emergencia de un sujeto político que ocupe un espacio vacante y que construya una oferta centrada en el republicanismo y en la democracia constitucional. Vale decir, en la construcción de garantías que hagan operativos tanto los tradicionales valores de la Constitución de 1853 (bienestar, paz interior, republica, federalismo, justicia independiente), como los aportes de las reformas de 1957 (libertad sindical y huelga), y de 1994 (cosmopolitismo jurídico, nuevos derechos fundamentales y colectivos).
Una estructura, no necesariamente partidista, capaz de forjar consensos, y que ofrezca al país un nuevo rumbo, una nueva ilusión,  en las áreas más sensibles de la agenda política: relaciones con el mundo, justicia social, libertades, equilibrio ambiental, integración de la diversidad, federalismo, estabilidad económica, jurídica, pleno empleo, seguridad ciudadana, pacificación nacional (entendida como cierre de las heridas que arrastramos desde los años 70), reconstrucción del Estado regulador e inspector. Pienso, en resumen, en un inédito centro democrático, social y ambiental.

El Estado Inspector, desarticulado

Es sencillamente imposible concebir un Estado democrático que no disponga del Poder de Inspección y que no ejerza el Poder Sancionador. En realidad, inspeccionar conductas potencialmente perjudiciales a derechos de terceros y sancionar infracciones al orden legal, está en la raíz de cualquier organización jurídica nacida para facilitar la convivencia civilizada.

Pero entre nosotros, las cosas suceden de otro modo.

Si un vecino celebra ruidosas fiestas hasta la madrugada, mantiene animales peligrosos sin los cuidados del caso, saca la basura fuera de horario, no arregla su vereda, instala una whiskería fuera de zona o invade el espacio público, lo más probable es que usted debe soportar pacientemente estos y otros desaguisados de tal vecino.

Si un especulador decide derribar una casa baja (incluso si está legalmente protegida) y construir al lado suyo un edificio que deje sin agua a los vecinos, que termine de colapsar la red cloacal, que omita las precauciones antisísmicas, que invada el barrio de polvo, ruidos y fisgones, usted, amable oyente, tropezará con un muro de silencio.

De nada le valdrá concurrir a la Municipalidad pidiendo explicaciones o inspecciones. Lo más probable es que las autoridades le escondan el expediente y que los especuladores le demanden judicialmente por daños y perjuicios para disuadirle o castigar su curiosidad.

Otro tanto ocurrirá si usted constata que en vez de los 5 pisos autorizados, los especuladores, aprovechando un descuido, construyeron 7 pisos u omitieron las cocheras.

Cuando un profesional amigo le comenta que una cosa son los planos aprobados y otra muy distinta la obra ejecutada y que, por tanto, la construcción alberga riesgos eléctricos o sísmicos, ni se le ocurra pasarse por el Centro Cívico. Sería inútil.

Supongamos ahora que usted vive en una zona rural, en donde otro especulador (o el mismo) decidió dejarlo sin agua, tirar abajo bosques protegidos, o instalar un Club de Campo sin camino de acceso. Descubrirá que el Ministerio de Ambiente no existe y que su Municipalidad carece incluso de agrimensores o inspectores. Advertirá entonces, que vive en la selva o en el reino de lo trucho.

Si los caminos que usted transita están llenos de caballos y vacas sueltas (sueltas por sus dueños que quieren ahorrarse un pastaje), tampoco encontrará respuesta de las autoridades: El 911 no llega, la Policía no tiene enlazadores ni vehículos para retirar a los animales que amenazan la seguridad común. Si por una de esas casualidades, un arriesgado cabo logró reducir a un caballo y llevarlo con su bicicleta, el dueño infractor se pasará por la Comisaría y, previo pago de 20$, recuperará a su cuadrúpedo.

El Estado Inspector en Salta, ha sido prolijamente destruido, está amortiguado por el poder de las influencias (familiares o políticas), o sucumbe ante el arma letal de la corrupción.

Indefensión ciudadana

En esta Argentina abrumada por un Gobierno omnipresente, los ciudadanos estamos, en realidad, indefensos. Una situación paradojal que es notoria en el caso de las recurrentes olas delictivas, pero que tiende a pasar desapercibida cuando nos referimos a la actuación de la Administración Pública en cualquiera de sus niveles.
Por consiguiente, la exuberancia del Gobierno coexiste con una acentuada debilidad de la Administración como entidad responsable de regular, controlar o prestar servicios esenciales: desde la seguridad a la salud, pasando por la educación, la preservación de la convivencia social y ambiental, el urbanismo o la justicia.

¿Tres o cinco poderes públicos?
En realidad, la fuerza que conservan las ideas de Montesquieu impide a muchos advertir que, al lado de los tres poderes tradicionales, el buen funcionamiento de la democracia reclama tanto la presencia de una Administración, eficaz y sometida a la Constitución y a la Ley, como la existencia de Órganos de control independientes de los gobiernos.
Nuestras Administraciones Públicas, incluida desde luego la salteña, son ineficaces y muchas veces no cuentan con lo elemental; vale decir, carecen de las reglas, de los recursos y de la aptitud para llevar adelante las inspecciones y las sanciones capaces de garantizar que las actividades de unos, en tanto y en cuanto colisionan con los derechos de otros, se desenvuelvan dentro del marco legal pensado para facilitar la convivencia civilizada.
Las altas autoridades de Gobierno están convencidas de que las Administraciones Públicas existen para responder a sus designios, a sus caprichos y a sus intereses electorales. Por eso las abarrotan de amigos y militantes, y han suprimido los concursos como vía de acceso a las direcciones, jefaturas y demás cargos del escalafón.
Mientras un Gobierno exuberante decide o condiciona nuestras decisiones acerca del consumo, del ahorro o del ocio, las Administraciones son incapaces de responder a nuestras demandas básicas de reglas y de controles.

Salta desarticuló el poder de inspección

Cuando alguien se decide a denunciar tala de bosques protegidos, saqueo o contaminación de ríos, construcciones fuera de norma, invasión del espacio público,  mal funcionamiento de los servicios, incumplimiento de las reglas antisísmicas u otra infracción a las normas, topa con una Administración paralizada por las influencias, el amiguismo o la corrupción. Tropieza también con la inexistencia de órganos especializados y aptos para la inspección y control.
Hay indicios abrumadores de que en la ciudad de Salta es posible construir grandes edificios sin sujeción a las normas. Basta con “tener llegada” a los centros del poder o capacidad para seducir al funcionario encargado del trámite.
La desarticulación del Ministerio de Ambiente de la Provincia es otra muestra del designio del actual Gobierno de dejar hacer y dejar pasar a todo aquel que se decide a especular con el suelo urbano o rural, o hacer pingues negocios economizando a costa de la seguridad y del ambiente.
El argumento ideológico es brutal y rudimentario: “la destrucción de bosques, ríos y ciudades crea empleo y riqueza, por lo tanto hay que fomentarlos”. Hacer la vista gorda remite nuestra seguridad eléctrica o sísmica a la ley de probabilidades y deja la supervivencia de la ciudad y de sus habitantes en manos de nuestros santos patronos.
La morosidad de la Justicia (para no citar la inexistencia de fueros especializados en derechos fundamentales, o en asuntos ambientales y urbanísticos), termina por convalidar las actuaciones de aquella pinza que forman los favores políticos y la corrupción y que tanto nos perjudica como ciudadanos.  
La configuración de un moderno Estado Social reclama la existencia de regulaciones claras y de inspecciones orientadas a garantizar que todos actuemos dentro de pautas que hacen a la convivencia.
Pienso que los intentos realizados en Salta para revertir este estado de cosas (creación de Defensorías del Pueblo o de Entes Reguladores) han fracasado estrepitosamente; en unos casos por la indebida injerencia del Gobierno, y en otros, por la ausencia de recursos de inspección, y de intervenciones judiciales imprescindibles para hacer de nuestra Provincia un Estado Democrático de Derecho.
La intencionada desarticulación del Estado Inspector está en la raíz de muchos de nuestros problemas presentes y futuros. Los insatisfechos y los indignados salteños (pocos o muchos) deberíamos esforzarnos por poner fin a las lacras del favoritismo, la improvisación, el nepotismo, la discrecionalidad o el decisionismo y, quizá, impulsar la creación de una Superintendencia de Servicios de Inspección.
Todo un desafío para quienes actuamos en el ámbito de lo que nuestro Bernardo Solá llama la civística, un territorio vecino pero distinto al de la política.

(Para "El Tribuno" de Salta).

Agenda Politica Manipulada

La política está llena de trucos y acaso de reglas que favorecen a los profesionales del engaño, a los incompetentes y a los que se lucran con ella. De allí la insatisfacción, el malestar, de los ciudadanos de muchas democracias con sus clases dirigentes.
Una de esas reglas señala que las consecuencias de ciertas decisiones resultarán evidentes para el ciudadano común sólo mucho después de que fueran adoptadas. Así sucede, por ejemplo, con el vaciamiento recurrente de las cajas de jubilaciones que es percibido como progresista mientras sucede el expolio, hasta que los aportantes llegan a la edad de jubilación y descubren que sus derechos se han evaporado.
El truco más socorrido, de enorme influencia en la era de la híper comunicación, consiste en sugerir o imponer a los ciudadanos una agenda de temas a debatir que poco o nada tiene que ver con los valores, los intereses, las aspiraciones de quienes construyen trabajosamente sus vidas en un determinado espacio geográfico. En este sentido, quienes nos hablan compulsivamente del pasado, en realidad se proponen escamotearnos el presente y robarnos el futuro.
En la Argentina, agitar la corrupción (real o presunta) del pasado sirve para ocultar los enriquecimientos del presente. Sucedió, por ejemplo, con las “comisiones investigadoras” de 1955 o con la equiparación entre “corruptos y subversivos” que encubrió la ferocidad de la dictadura de 1976/1983.
También los tres peronismos se han caracterizado por su capacidad de manipular a la opinión pública, desde los tiempos de Alejandro APOLD, aquel mago de las comunicaciones que ayudó a hacer digerible lo indigerible. Puede que la actual Presidenta de la República tenga, en las sombras, un gran prestidigitado de estirpe orwelliana, o puede quizá que no lo necesite dada la contundencia y versatilidad de los medios de prensa al servicio del poder.
En la Salta contemporánea, a la prensa disciplinada por el derroche publicitario y al discurso engañoso, se suma la indolencia de las mayorías que han optado por delegar en el señor Urtubey y en sus leales (permanentes o accidentales) todas las responsabilidades de gobierno.
Vivimos los salteños una democracia harto imperfecta y excesivamente delegada. En donde muchos sucumben a la comodidad del “por algo será”, y otros se resignan ante el enorme peso institucional de una mayoría absoluta y absolutista que ha sabido eliminar o neutralizar los órganos de control republicano.
Para salir de este atolladero precisamos reformar nuestras instituciones; modificar el régimen electoral que crea forzadas mayorías absolutas; realizar un gran esfuerzo de educación cívica para formar ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos; poner en píe los órganos de control y garantizar derechos de participación y acceso a la información pública. Y sobre todo, imponer una Agenda que huya del escamoteo e incorpore las reales prioridades ciudadanas.