Pese a su aparente simplicidad, el domicilio de las personas es un hecho con serias consecuencias jurídicas y también electorales.
Lo advertimos cada vez que un candidato nacido y domiciliado, por ejemplo, en la Patagonia decide ser candidato por Buenos Aires.
Es entonces cuando un hecho tan natural y pacífico como este de la residencia se convierte en objeto de tumultos políticos.
En cualquier caso y más allá de ejemplos en las alturas, el domicilio de muchos ciudadanos termina convirtiéndose en un hecho con consecuencias políticas.
Lo saben ciertos Intendentes que promocionan asentamientos de incondicionales en sus municipios para mejorar su posición electoral e incluso, revertir resultados que se esperan adversos.
Lo ignoran quienes residen en un municipio pero mantienen (quizá por negligencia) su domicilio en otro, perdiendo de esta forma la oportunidad de influir en la elección de quién habrá de encargarse de las veredas, la recogida de basura, los ruidos molestos y los animales sueltos.
Conviene llamar la atención sobre estos puntos en tanto impiden le correcta integración del cuerpo electoral. Un fenómeno que adquiere relevancia en las elecciones municipales. Y en el derecho a participar, por carriles diversos, dentro de la vida cívica local.
Una dimensión ésta de lo público que reclama, cada vez más, el compromiso y la ingerencia de los ciudadanos al lado o en frente de las autoridades constituidas.
Sin embargo, las dificultades son muchas para quienes, advertidos de la importancia de que su domicilio real sea también su domicilio electoral, intentan poner sus papeles en orden.
Entre otras razones, por culpa de la enorme morosidad del Registro Nacional de las Personas y la lenta y opaca actuación de nuestra Administración electoral.
(Para FM Aries)
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