La organización política de un territorio, sea este nacional o provincial, es asunto central del cual depende, en buena medida, la prosperidad y el progreso de las naciones. Se trata, además, de un asunto que despierta grandes pasiones, como lo atestiguan nuestras luchas alrededor de la forma federal o unitaria de organización territorial.
Una lucha que, dicho sea de paso, está lejos de haberse cerrado pese a las enfáticas declaraciones incorporadas a los textos constitucionales que vertebran tanto a la República Argentina como a la Provincia de Salta. En realidad y a juzgar por los hechos, me atrevería a afirmar que los centralismos son los auténticos triunfadores; al menos desde los relevantes puntos de vista de la distribución de las rentas fiscales y del poder electoral.
Dejando para otra oportunidad el análisis del hegemónico poder del Estado Nacional que agobia a las provincias, me detendré en el centralismo local que se articula a partir del vértice ubicado en Las Costas (sede simbólica y mayestática del Gobernador de Salta) y en la mascarada de la autonomía municipal. Al menos desde la gestión anterior, la casona de Las Costas cumple, respecto de los pueblos de Salta, el desagradable papel que el puerto de Buenos Aires cumplía a los ojos del federalismo provinciano.
En los hechos, los Intendentes son meros delegados del poder central al que deben acatamiento y pleitesía, aun cuando dispongan de ciertos márgenes a la hora de definir lealtades sucesivas o deslealtades políticas y de armar candidaturas.
A su vez, los Departamentos en los que se divide la Provincia son instituciones sin rango ni competencias, que solo se utiliza para el armado de circunscripciones electorales. Un armado que sirve con envidiable eficacia a los designios de quienes quieren mantener a Salta en una condición más próxima a un Sultanato que a una Provincia democrática, republicana y federal.
Cuando, algún día, los salteños decidamos encarar las reformas que puedan llevarnos a desterrar las lacras con las que convivimos, deberemos reconsiderar nuestra organización territorial.
Y pensar quizá en constituir a los Departamentos en verdaderos centros autonómicos de poder, dotados de recursos propios, de competencias y de jerarquía constitucional. Y pensar también en reorganizar el mapa municipal para adecuarlo a los cambios poblacionales y económicos que se han producido desde los tiempos en que ese mapa fue diseñado.
Esta reorganización debería constituir municipios que cuenten con los recursos humanos, materiales y culturales suficientes para desenvolverse con autonomía y ayudar a los vecinos en sus necesidades de convivencia y bienestar. Y, desde luego, abolir el mapa electoral que distorsiona el principio un hombre un voto, elimina a las minorías y da alas a los caudillos que prefieren súbditos y no ciudadanos.
(Para FM Aries)
No hay comentarios:
Publicar un comentario