Para concluir con esta suerte de miniserie dedicada a la situación de España, analizaré algunos aspectos de su régimen laboral y de la reforma que, ante el fracaso del diálogo social tripartito, está impulsando el gobierno socialista del Presidente Zapatero.
La crisis ha puesto de manifiesto, a veces con tonos dramáticos, la inadecuación del derecho español del trabajo así como de la negociación colectiva que se desarrolla dentro de ese país. Hoy parece claro que el régimen laboral que surgió de la reforma de la Constitución Española de 1978 y del Estatuto de los Trabajadores de 1980, no está ya en condiciones de funcionar creando empleo y buenas condiciones de trabajo dentro de un régimen de estabilidad cambiaria y de una economía en acelerada globalización.
Los casi 4 millones y medio de desempleados y la pérdida de competitividad que se deriva del incremento del llamado costo laboral unitario, muestran aquella caducidad.
En tiempos de bonanza, el régimen laboral incentiva la creación de empleos temporarios o precarios que castigan a jóvenes y a inmigrantes. En épocas de crisis y a falta de mecanismos de flexibilidad socialmente razonables, el mercado de trabajo se ajusta a través de despidos y de elevados índices de desempleo.
Las reglas vigentes son, bueno es recordarlo, resultado de antiguos pactos entre los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y la patronal española que, allá por los años 80 y 90, sellaron acuerdos que beneficiaban a determinados grupos de trabajadores (generalmente de edad media, afiliados a los sindicatos y escasamente preparados para los desafíos del futuro) con el beneplácito de las empresas tranquilas al disponer de la vía de escape que representaba la peseta devaluable.
Esta caducidad de las leyes laborales y de los convenios colectivos se agudiza, su cabe, ante la urgente necesidad que tiene España de abordar una profunda reforma de su modelo económico escasamente competitivo y basado en la construcción y en el turismo. De allí que los socialistas españoles, tras esperar un acuerdo que finalmente resultó imposible entre los sindicatos y la patronal, hayan decidido impulsar una amplia reforma laboral y pagar los inevitables costos políticos de la misma.
Según los primeros borradores que han trascendido, la reforma estará centrada en la promoción del empleo estable (clausurando las facilidades para la contratación temporal), en el abaratamiento y simplificación de determinados despidos, y en la descentralización de la negociación colectiva, de modo de facilitar que las empresas pueda adaptar las condiciones pactadas en los convenios colectivos nacionales. Facultándolas, además, a descolgarse de estos convenios cuando así lo aconseje la situación económica de cada empresa.
¿Qué vínculos existen entre esta reforma y la situación del mercado laboral argentino? En este sentido me atrevo a llamar la atención sobre dos diferencias fundamentales: Mientras el sistema laboral español está impedido de ajustarse vía devaluaciones, el régimen argentino ha recuperado esta facultad. La segunda pone de relieve que nuestro mercado de trabajo, a diferencias del español, se ajusta a través del trabajo en negro y de una bajísima tasa de actividad; factores ambos que se relacionan directamente con la tolerancia de la pobreza como elemento central de flexibilidad.
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