En este año, el tiempo del Milagro coincide con un debate –diría que superficial- acerca de la enseñanza de las religiones en las escuelas públicas.
Dejando para otra oportunidad las consideraciones acerca de su encuadre constitucional, me centraré en aspectos que estimo pueden ayudar a clarificar el debate. Entrando de lleno en la cuestión, me formulo la siguiente pregunta: ¿Es necesaria la enseñanza religiosa en una sociedad como la salteña contemporánea?
Creo que hay abundantes motivos para responder positivamente. La existencia de un ejército de excluidos, en su mayoría jóvenes, que viven en unidades que poco y nada tienen que ver con la institución familiar, es uno de estos motivos. La enseñanza de las religiones sería, entonces, uno de los modos de procurar la integración de las personas que el actual modelo productivo margina.
En este sentido, creo que es un deber del Estado provincial garantizar esto que me atrevería a calificar de servicio esencial. Al hacerlo, poniendo al alcance de las iglesias los medios necesarios, debería preservar los derechos que emanan del pluralismo y del principio de no discriminación, así como garantizar la objeción de conciencia.
Esta actuación promocional del Estado vendría acompañada del lógico control orientado a garantizar que aquella enseñanza sea compatible con los valores republicanos y democráticos; valores que, dicho sea de paso, poco entusiasman al fundamentalismo que parece inspirar algunas posiciones oficiales.
Entiendo que no hay ningún motivo para sostener que la enseñanza religiosa haya de brindarse inexorablemente en las escuelas y dentro del horario escolar. Para garantizar el acceso a este servicio esencial, la Provincia podría poner a disposición de las comunidades religiosas legalmente reconocidas, aulas o subvencionar el establecimiento de centros privados de enseñanza de las religiones que funcionen dentro de los principios constitucionales.
Discrepando de la línea argumental del Gobierno del señor Urtubey, centrada en la impostura, no me parece atinado encerrarnos en un debate que enfrente a las diversas confesiones entre sí, a los creyentes con los ateos, o a los tradicionalistas con los librepensadores.
Es preciso tener en cuenta que lo que parece atractivo para una cierta clase media agnóstica y anticlerical, no necesariamente resulta positivo para aquellos que no pueden acceder a los beneficios de la libertad. Los marginados del trabajo, del bienestar y de la dignidad, tienen el derecho a la integración. Un derecho que no se circunscribe a la recepción pasiva de bienes materiales (que llegan de la mano manipuladora de los gobiernos), y que exige la atención de las necesidades espirituales. Dicho en otros términos: La enseñanza de las religiones más que un derecho es un deber de las iglesias que deben ser convocadas a reforzar su compromiso contra la exclusión social.
(Para FM Aries)
No hay comentarios:
Publicar un comentario