La madre adoptada por el anterior jefe del Estado, notoria por sus apelaciones al odio y a la violencia como elementos presuntamente purificadores de la vida de las naciones, acaba de expresar su opinión acerca de la justicia, de nuestra Corte Suprema y de los jueces que la integran.
Las frases vertidas por la Rectora honoraria de una Universidad privada porteña, conforman un auténtico ideario antidemocrático. Añadiré que esta opinión en nada colisiona con el respeto y consideración que siento por la tarea que las Madres de la Plaza de Mayo llevaron adelante en tiempos de la feroz dictadura militar de los años 70; sin embargo, pienso que ese papel histórico no autoriza a ninguna de ellas a propiciar acontecimientos vejatorios del orden republicano
Discrepo, en este sentido, con quienes optaron por subestimar tales declaraciones calificándolas de intrascendentes o resabidas. Entiendo que no resulta prudente despachar con superficialidad unas manifestaciones hechas por alguien tan cercano al núcleo duro del poder político de la Argentina contemporánea. Hay quienes piensan que la señora Rectora honoraria usó de su derecho a opinar, un derecho que ella no dudaría en privar a los portadores de ideas diferentes. Otros entienden que abusó de la libertad de opinar que, como todas las libertades públicas, reconoce límites que preservan derechos de igual o superior jerarquía.
Mientras este conflicto de interpretación se sustancia en los tribunales, es bueno repasar las repercusiones de aquellas deplorables manifestaciones. Y no me referiré aquí a las obvias simpatías que sus palabras despertaron en el extenso entorno presidencial, ni a los rechazos que provocaron en ámbitos judiciales o en ciertos círculos de la oposición.
Prefiero llamar la atención sobre algunos silencios notorios, que unas veces son frutos de complicidades ideológicas y otras del temor que despiertan los profetas del odio. Y deplorar el inexplicable silencio de varios Colegios de Abogados instituciones que, además de tutelar derechos y estatutos de los colegiados, deberían estar en la primera línea de defensa de la independencia de los jueces. Bien es verdad que los abogados, en ocasión de elegir nuestros representantes ante el Consejo de la Magistratura, nos hemos pronunciado mayoritariamente en favor de esta independencia.
Antes de finalizar quisiera referirme al significado de la palabra turro, usada por la señora Rectora honoraria. Desbordando el tímido significado que le atribuye la Real Academia Española, para quién un turro es un tonto o un opa, doña Hebe eligió su significado más duro, barriobajero y vulgar propio de las zonas profundas de la lunfardía, en donde un turro es un tramposo y un sinvergüenza.
No es conforme al orden constitucional que el Presidente de la República, ni los Gobernadores, ni sus epígonos condicionen a los jueces, bien sea al momento de su elección, bien en el momento de ejercer su alta magistratura. El actual gobierno nacional tiene, en este sentido, pésimos antecedentes, entre los que sobresalen el desplazamiento ilegal de jueces y la utilización de su perdida mayoría en el Consejo de la Magistratura para disciplinar jueces, convalidar decisiones contrarias a las leyes, y perseguir a quienes no se someten a sus designios.
(Para FM Aries)
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