Los animales sueltos son una peligrosa plaga en nuestros caminos y rutas. La situación bien puede reflejar aspectos de nuestras costumbres cívicas, de nuestras prácticas administrativas y de nuestro ordenamiento jurídico.
Si bien en alguno que otro caso la presencia del animal suelto en los caminos es consecuencia de la rebeldía, audacia o inconsciencia del animal (o sea, de su propia condición animal), en la mayoría de las ocasiones la responsabilidad es de un propietario que omite las elementales precauciones o que, incluso, suelta al ganado para que paste, gratis, a la vera de los caminos. Este desaprensivo señor, que unas veces presume de gaucho y otras de ganadero, muestra la peor faceta de nuestras costumbres inciviles.
Por el lado de la administración, en este caso de la policía, la situación es francamente grave. Las fuerzas de seguridad carecen de medios, de habilidades y de instrucciones suficientes para hacer frente a tan peligrosa presencia caminera.
Tanto el 911 como las comisarias o la incipiente policía vial carecen de vehículos y de personal en condiciones de secuestrar a los animales sueltos. Por lo tanto, recibida la denuncia, la precaria patrulla se limita a constatar el hecho o a espantar a caballos y vacas hacia caminos de tierra, transitados por gente no acostumbrada a denunciar, trasladando el riesgo sin suprimirlo.
Cuando por una de esas casualidades los esforzados policías, ayudados por vecinos solidarios, logran someter a tan incómodos y peligrosos transeúntes, en las comisarías y destacamentos no hay sitio para albergarlos, ni vehículos para trasladarlos, por ejemplo, a La Isla en donde funciona nuestra caballería policial.
Resulta entonces inevitable que esos animales sean pronto, casi inmediatamente, restituidos a sus vandálicos dueños, en algunos casos previo pago de una multa irrisoria. Nuestro salvaje vecino, prudente, deja pasar unos días al cabo de los cuales sus animales regresan a los caminos, a comer gratis, a amenazar a los vianantes.
A su vez, el ordenamiento jurídico pena y correccional poco menos que obliga a que se produzca una muerte o accidente con lesionados para habilitar la actuación de la justicia. O sea, a trasmano de los modernos ordenamientos jurídicos, aquel que genera un riesgo cierto y grave, está exento de responsabilidades hasta que ese riesgo se traduce en muertes y daños.
Este delicado asunto está en manos de nuestro Hombre de Ley, o sea de nuestro Ministro de Seguridad, hoy candidato a Diputado Nacional.
Sería bueno que dejando atrás tanta retórica de la esperanza y otras zarandajas, el alto funcionario se abocara a la solución de este problema, dotando a la Policía de los elementos necesarios e impulsando las reformas legislativas que sean necesarias para reducir la presencia de animales sueltos y castigar a sus salvajes propietarios.
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