Nuestra querida ciudad de Salta padece una hasta aquí desconocida etapa de especulación inmobiliaria. Su centro histórico y su periferia están siendo desfigurados por edificios elevados querompen la antigua armonía provinciana.
Este proceso de derrumbe de casas bajas y de invasión de espacios verdes se lleva adelante, como no, en nombre del progreso. Pero, en realidad, expresa tanto la voracidad especulativa, como las debilidades de un modelo de crecimiento basado en la construcción de viviendas de precios elevados y muy elevados (en algunas zonas el precio del metro cubierto supera ya a los del Barrio Norte de Buenos Aires).
La especulación inmobiliaria viene siendo promovida por la política económica nacional y goza de las simpatías del Gobierno de la Provincia. A su vez, los poderes municipales no hacen sino acompañar este proceso incesante y, de paso, aprovechan la ocasión para extraer réditos de las prisas y desprolijidades de personas y compañías que diciéndose inversores no hacen sino especular y obtener impensados beneficios.
Las normas municipales se han revelado incapaces de conducir y controlar el proceso especulativo. Han renunciado a encauzarlo dentro de un plan de desarrollo urbano que respete identidades históricas, que armonice la irrupción de nuevas viviendas individuales con la dotación de los imprescindibles servicios colectivos, que contemple los intereses urbanos de los vecinos prexistentes.
Las Ordenanzas Municipales, necesariamente complejas, dibujan el mismo escenario que las Leyes provinciales: Protestas de progresismo, declamación de buenas intenciones, incorporación de instituciones avanzadas, están hechas para quedar en el papel. Quienes legislan saben que esas Ordenanzas y Leyes no han de ser aplicadas ni ejecutadas al menos en las próximas décadas.
Este truco permite a sus diseñadores presentar una cara electoralmente amable a sabiendas de que la realidad que ellos mismos diseñan irá por derroteros amigables no ya con los ciudadanos indefensos sino con los voraces especuladores.
Por lo que se refiere a la Municipalidad de Salta (la muy célebre Intendencia Isa), las Ordenanzas Municipales vienen siendo reformadas para brindar cobertura seudo legal a la especulación que destruye la ciudad histórica y prefigura una ciudad insostenible en el futuro.
Las excepciones, prohibidas en su día por un luminoso fallo de la Corte de Justicia de Salta, son encasilladas ahora en ese cajón de sastre de los así llamados “proyectos especiales”.
El Ejecutivo Municipal ha destruido o narcotizado sus herramientas de control. Los escasos inspectores de obras actúan dentro de un contexto donde la regla es hacer la vista gorda ante toda infracción. En muchos terrenos como es el caso de la prevención antisísmica, la Municipalidad ha privatizado ilegalmente su poder de policía de obra.
Las autoridades municipales actúan sabiendo o debiendo saber que están contribuyendo al colapso de la ciudad. Lo hacen, seguros de que cuando esto se produzca estarán a salvo y lejos del juicio ciudadano.
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