Quisiera insistir hoy en una de las facetas del proceso de especulación inmobiliaria que esta arrasando la ciudad de Salta y prefigurando el colapso de sus servicios esenciales.
Me refiero a la vocación de los poderes públicos de dibujar una legalidad a la medida de la especulación. Una legalidad que se diseña para facilitar los designios de quienes quieren construir cualquier cosa, en cualquier lugar, y de cualquier forma. Una legalidad de cartón piedra que se dicta a sabiendas de que las restricciones, cuando llegaran a entorpecer un proyecto especulativo, no serán exigidas.
Para cubrir las apariencias y revestir a los expedientes administrativos de un aura de control y participación, las normas municipales han creado (en realidad, han importado) la interesante figura del Estudio de Impacto Ambiental y Social.
Cuando muchos vecinos se acercan a las siempre sorprendentes ventanillas municipales a quejarse o simplemente a recabar información, se les dice que hay un Estudio de Impacto Ambiental y Social que avala el proyecto y que ha dado el visto bueno. En unos casos diciendo que el proyecto de obra no produce ningún impacto negativo sobre el ambiente ni sobre las personas; en otros, argumentando que los eventuales impactos negativos habrán de ser moderados o borrados por medidas de amortiguación.
Pero los ciudadanos deben saber que estos Estudios de Impacto Ambiental y Social han sido realizados por encargo de quienes se proponen elevar edificios y asentar centros comerciales dentro de nuestra ciudad. Se trata entonces de Estudios encomendados, dirigidos, aceptados y pagados por los propios interesados y, como tal, carecen de la autoridad que emana de los dictámenes y pericias hechas por profesionales independientes.
Los Estudios de Impacto Ambiental y Social que se vienen presentando en la ciudad de Salta y en otros municipios, tienden a imponerse por su volumen. Todo parece indicar que cuando el funcionario de turno se topa con un Estudio de 200 o más fojas, con muchos sellos y nombres de profesionales, saca una conclusión rápida: “Nadie que este en el error es capaz de escribir 200 páginas. Por lo tanto, me quito del medio el asunto dándolo por bueno”.
Esta decisión, frívola e irresponsable, no es consistente con el orden legal. Los Estudios de Impacto Ambiental y Social hechos por encargo de parte interesada, deben ser revisados, evaluados y certificados por comités de funcionarios competentes, honrados y expertos.
La idea de privatizar el control (como viene haciéndose por ejemplo con el control de las reglas antisísmicas) es flagrantemente inconstitucional. El poder de policía de obra, como todo poder de policía, no puede ser privatizado ni delegado en profesionales ajenos a la administración ni en sus órganos corporativos.
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