El retorno de la intolerancia

Advierto, desde mi singular y privado ángulo de observador, que cunde en Salta una cierta intolerancia a las ideas. Se trata, ciertamente, de un fenómeno para nada nuevo en nuestra Provincia, pero que, en rigor de verdad, parecía haber entrado en un ciclo de moderación o atenuación. Pero no. Los grandes poderes, públicos y privados, están persuadidos de que sus intereses se juegan en el mundo de las ideas, y se muestran dispuestos a redoblar sus esfuerzos para acallar disidencias y controlar rebeldías. Por pequeñas que están puedan parecer.

Los poderosos (me refiero a quienes controlan el Estado y los negocios, sobre todo la especulación inmobiliaria), se sienten molestos con las discrepancias. Aspiran a imponer sus interpretaciones de la historia, de los acontecimientos y de las leyes, para ponerlos al servicio de su particular visión del mundo; o, lo que es lo mismo, de su vocación de acrecentar el poder y la riqueza.

Hay una vía rápida, aunque de no fácil tránsito: Consiste en intentar controlar los medios masivos de comunicación. Para esto, ponen en marcha campañas de desprestigio de la prensa y de los periodistas, manipulan los opacos dineros de la publicidad oficial, sancionan leyes que pretextando disolver monopolios conducen a la unanimidad. Saben, por ejemplo, que quién controla el futbol está a un paso de controlar la opinión pública y avanzan en esta dirección aparentemente inocua.

La segunda vía para domeñar disidencias y rebeldías se dirige a los cabecillas, a los agitadores, a los líderes, a los ciudadanos conscientes de sus derechos, a las organizaciones no gubernamentales libres. Vale decir, a todo aquello que unos años atrás integraba el mundo de los subversivos. Como hoy no resulta políticamente correcto usar este calificativo, ambiguo y repugnante, las persecuciones prefieren las sombras, la sorpresa, la descalificación, la persecución sutil.

Funcionan las listas negras, los rebeldes son jaqueados por quienes tienen llegada a Las Costas (y ahora también al Centro Cívico Municipal), el derecho a la información pública es retaceado cuando no bloqueado. Hoy, también en Salta, quien protesta puede ser motejado de terrorista, quién pregunta por sus derechos es ninguneado, quién asiste como abogado a un grupo de vecinos, puede ser interrogado como sospechoso (como me ha sucedido a mí recientemente), quién se opone a las construcciones ilegales o defiende los bosques nativos es presentado como un ser antisocial contrario al progreso.

Por supuesto, pese a tamaña concentración de acciones contra las libertades fundamentales, contra el derecho de protesta, contra el derecho a ser informado y opinar, hay muchos medios de prensa y miles de ciudadanos que no estamos dispuestos a dejarse domesticar por los poderosos.

Será cuestión de ir sumando rebeldías; de reunir a valientes y agraviados.