Recuerdo especialmente la huelga general de junio de 1975, cuando la CGT de Casildo Herreras paralizó el país y forzó cambios políticos que desestabilizaron al Gobierno de Isabel Perón y, aunque algunos de sus líderes no se lo hubieran propuesto, sumaron argumentos al malestar que aprovecharían poco tiempo después los golpistas.
Hoy, afortunadamente, el contexto de la huelga general convocada por la CGT que dirige el señor Moyano es diferente y revela la existencia de una democracia de mucha mayor madurez y estabilidad que aquella decadente de mediado de los años 70.
Pero tiene algunos puntos en común: La CGT peronista se divorcia (transitoriamente al menos) de un Gobierno que se autoproclama peronista. La huelga expresa el malestar de los trabajadores por la incesante caída del poder adquisitivo de los salarios. La opinión pública independiente, pareció en los 70 y parece hora, ver con simpatía un movimiento rebelde que propugna difusos cambios políticos y económicos.
Regresando al terreno de las diferencias entre ambas huelgas generales, diré que la del día de ayer tuvo un acatamiento muy inferior a la de 1975. Mientras que esta fue liderada por los obreros metalúrgicos y de la construcción (sindicatos de actividad), fueron los camioneros (un sindicato de oficio) los protagonistas de la jornada del pasado miércoles.
El liderazgo de camioneros, es el resultado del pacto Néstor/Hugo que permitió a la Federación de Camioneros crecer en afiliados (a costa de otros sindicatos), y en recursos económicos e institucionales. Un crecimiento que se tradujo en un fenomenal poder político, capaz de paralizar el país con solo mover a sus 14 ramas que controlan desde la distribución de combustibles hasta la recolección de basura.
Por consiguiente, las nuevas huelgas generales, para alcanzar parecidos resultados, no precisan ahora de trabajosas articulaciones y movilizaciones obreras. Les basta con paralizar centros neurálgicos.
Frente a esta situación, el Gobierno, luego de enfrentar la huelga de transportistas de combustibles con amenazas y medidas, a mí entender, inconstitucionales, respondió al desafío de la huelga general con discursos y gestos políticos que, sin embargo, no bastaron para garantizar los servicios mínimos.
Pienso que el gobierno y la oposición deberían tomar nota de la nueva situación y ampliar el catálogo de servicios esenciales que contempla la Ley 25.877 del año 2004.
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