Morosidad Judicial en Salta

La administración de justicia atraviesa un período crítico. Al menos si se la observa desde el punto de vista de su eficacia y eficiencia. No me referiré ahora a parámetros relacionados con la calidad de las sentencias, con la precisión y elegancia del lenguaje burocrático, ni –menos- con el acierto en los fallos en relación con las normas jurídicas aplicables a cada caso.
Si bien la situación no es homogénea (en tanto hay fueros que funcionan mejor que otros y juzgados donde la morosidad no es –todavía- alarmante), una evaluación global de los tribunales salteños revela una generalizada lentitud en los trámites, un bajo aprovechamiento de los recursos informáticos, la inadecuación de códigos de procedimientos y de rutinas administrativas, la levedad de las instancias de superintendencia, y una insuficiente dotación de recursos humanos. Dicho esto sin la pretensión de agotar un inventario de las carencias mas notorias.
Los organismos encargados de poner remedio a esta situación, que perjudica sobremanera a los litigantes, no parecen siquiera advertir los problemas. Por lo que se refiere al poder político, la renuencia a abordar la reforma y modernización del Poder Judicial de Salta tiene que ver con su desinterés por la independencia de los jueces, por la celeridad de los procedimientos y por el derecho de todos al efectivo acceso a la justicia.
Las estructuras corporativas (Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados) parecen sentirse a gusto con el actual estado de cosas en tanto no se manifiestan reclamando las necesarias reformas ni poniendo de relieve las carencias y lacras que forman parte del panorama cotidiano.
Hay un asunto que ejemplifica la negligencia y desidia de los agentes teóricamente encargados de poner remedio a la situación. Me refiero a las estadísticas judiciales que lleva la Corte de Justicia y que resultan extremadamente rudimentarias. Los datos recopilados y publicados no sirven para evaluar el funcionamiento de los tribunales salteños. Me atrevería a señalar que en los años 60, cuando fui Secretario de la Corte de Justicia, los datos se recogían (manualmente) con mejor criterio que el utilizado hoy en la era de la información.
Más allá de esta precariedad contemporánea, sorprenden las estadísticas sobre el funcionamiento del fuero del trabajo. En efecto, pese a que sin que medie ninguna explicación la Corte lleva un par de años sin publicar datos acerca de los casos resueltos, la información disponible muestra que los tribunales resuelven un poco más del 40% de los casos que reciben anualmente.
La gravedad de esta mora se pone de manifiesto con solo recordar que en los tribunales del trabajo se ventilan asuntos vinculados con derechos fundamentales y alimentarios. En este caso, sorprende el silencio de los sindicatos locales, ante una morosidad que favorece a los patrones desaprensivos.