Más allá de
las incomodidades que ocasionan a los ciudadanos y de los inconvenientes que
acarrean a la producción, las huelgas expresan la existencia de trabajadores
que, dejando atrás una malsana resignación, deciden ejercer sus derechos
constitucionales. Por lo que se refiere al panorama local las huelgas recientes
presentan algunas singularidades.
La primera apunta
a la precariedad de los servicios públicos encargados de prevenir y encauzar los
conflictos. El Estado provincial carece de adecuadas herramientas de mediación
y conciliación y, además, resulta prisionero del absurdo entramado nacional que
regula las huelgas en los servicios esenciales.
En
consecuencia, los conflictos se agravan y el Ministerio de Trabajo termina
recurriendo a mecanismos contrarios al derecho de huelga, como es el caso de
las multas millonarias que están aplicándose (en la Nación y en las provincias)
a los sindicatos rebeldes.
En Salta hay,
ciertamente, casos de huelgas abusivas. Pero existen también empresas incapaces
de negociar las reivindicaciones de los trabajadores. Del lado empresario, la
mezcla de paternalismo y autoritarismo produce situaciones explosivas.
Pero quiero
referirme ahora a la huelga de larga duración que llevan adelante los
trabajadores de la empresa TRANSNOA, para llamar la atención sobre dos de sus
características. En primer lugar, el uso abusivo y fraudulento de la
tercerización, una institución que, en los años noventa, se radicó entre
nosotros para facilitar procesos de especialización de la producción.
Sin embargo,
pronto, en Salta y en el resto del país, la tercerización degeneró en una vía
de fraude. Muchas empresas la utilizaron y utilizan para eludir
responsabilidades, para fragmentar a los trabajadores, para pagar salarios por
debajo de lo que marcan los convenios colectivos. Llaman tercerización a lo que
lisa y llanamente es un fraude a la ley.
La segunda
característica del conflicto de la transportadora de energía tiene que ver con
el papel asumido, al momento de la privatización, por la federación sindical
oficial que se transformó en patronal y dio entrada a socios que se movían en
la órbita sindical.
Esta enorme
anomalía, sumada a la presencia de parientes del poder en el origen de aquella
conformación empresaria, sirve ahora para pretender que los trabajadores de
esta empresa no puedan ejercer su derecho de huelga. No puedan defender sus
condiciones de trabajo, ni luchar contra despidos antisindicales. El argumento,
absurdo, pretende que las huelgas solo pueden ser declaradas por los sindicatos
oficiales.
Por supuesto
la huelga a la que me refiero se enmarca dentro de la Constitución rectamente
interpretada a la luz de los tratados internacionales. Las agresiones que están
recibiendo los huelguistas deberían preocupar a todos los que creemos en la
autonomía obrera y en la conexión que existe entre el derecho a la protesta, el
bienestar general y el pluralismo democrático.
(Para FM ARIES - Salta)
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