Los
diputados y senadores que acaban de dar luz verde a la concentración de todos
los poderes en manos de la Presidenta son responsables del cambio de régimen al
que asistimos. Puede que ellos piensen que han demostrado así su lealtad a la
Jefa, que han favorecido a sus distritos o que, simplemente, han derrotado a
una minoría que se niega a sumarse a la nueva cruzada; a “gorilas” que no
quieren ver la explosión que derrama mieles sobre los pobres de la patria.
Sin embargo,
la reforma judicial federal está lejos de ser una norma de mero trámite. No
integra el catálogo de las leyes que toda mayoría puede, legítimamente, imponer
a las minorías.
Los legisladores
que mostraron su regocijo la madrugada del jueves pasado, saben que han
consumado el más feroz ataque a las instituciones de la república y a los
derechos de todos y cada uno. Sabrán también (ahora o más tarde) que tamaña
decisión acarrea responsabilidades históricas que terminan siempre ventilándose.
Véase si no el
reciente libro “El inventor del peronismo”[1]
donde Silvia Mercado analiza el papel de Raúl APOLD el poderoso Secretario de
Información del peronismo original. Recuerda allí a la triste Comisión VISCA-DECKER
encargada de disciplinar a la prensa y preparar futuras confiscaciones, y
explica el peso de APOLD en la construcción de la brecha política que abrió la
decisión de peronizar la Constitución, la Suprema Corte, la CGT, las cámaras
empresarias, el arte y la cultura. El kirchnerismo, lejos de sostener una
visión crítica sobre estas prácticas, parecerse inspirarse en la trayectoria de
APOLD.
Es cierto
que vivimos una época de desapego generalizado a las instituciones, en donde muchos
piensan que sólo quedan la resignación y el silencio. En realidad, viven el
actual conflicto político como una guerra ajena, un litigio donde se dirimen
intereses corporativos o responde a depravaciones de la clase política.
Se trata, a
mi entender, de una percepción equivocada. Lo que se discute alrededor de la
reforma judicial federal es el presente y el futuro de nuestra convivencia
política. Si seguiremos siendo una democracia republicana o ingresaremos en el
túnel del autoritarismo con base electoral. Si tendremos derechos individuales
y sociales o, como ocurre con los “planes asistenciales”, ingresaremos en un
mundo donde todo (nuestra vida, nuestra libertad, nuestros bienes, nuestro
honor, nuestra actividad profesional, nuestras vocaciones y preferencias)
dependerá de la voluntad de los gobernantes.
En los
hechos, la reforma apunta a eliminar los focos cívicos y judiciales que aún se
atreven a controlar al Gobierno y a detener sus tropelías sobre trabajadores y
empresas, sobre jubilados y marginados, sobre ambiente y urbanismo, sobre
recursos naturales y económicos, sobre competencias provinciales y sobre
transparencia. Se trata de dar el último paso en el camino hacia el reino de la
discrecionalidad. Y, en última instancia, de terminar con el control de
constitucionalidad.
Si este
control preocupó desde siempre a los Poderes Ejecutivos, llevándoles a la
búsqueda obsesiva de “mayorías automáticas”, hoy, tras la incorporación de los
Tratados Internacionales al orden jurídico local, tal control de los jueces por
la Presidenta resulta central para su estrategia autocrática. Para reducir
riesgos, doña Cristina Fernández de Kirchner precisa jueces complacientes o
atemorizados. O sea: La suma del poder público
Cuando se
piensa en sentencias judiciales que hagan realidad la supremacía de la
Constitución, se piensa, naturalmente, en asuntos que tienen que ver con las
instituciones (reelección, régimen electoral, organización de los poderes,
federalismo), pero hay que tener presente que estas sentencias, de aquí en más
inviables, pueden versar también sobre salarios, jubilaciones, ahorros, empleo,
ejercicio profesional, propiedad y, desde ya, sobre los derechos fundamentales
de libertad (reunión, protesta, huelga) o de integración social (renta mínima,
vivienda, salud, educación).
Por tanto,
la reforma apunta al corazón del régimen fundado por nuestros Constituyentes de
1853 y perfeccionado en 1957 y en 1994.
La
centralidad del ataque a la independencia judicial se advierte fácilmente en
todos los fueros, ya que el andamiaje jurídico argentino está asentado sobre el
control judicial de los actos legislativos y administrativos. Así por ejemplo,
en este contexto de jueces amenazados o leales, en el ámbito de las relaciones
colectivas de trabajo, para el Ministerio de Trabajo será más fácil barrer
conducciones rebeldes, controlar la dinámica sindical y reivindicativa,
ilegalizar huelgas o restringir el derecho a la negociación colectiva.
Hay
evidencias abrumadoras en el sentido de que la Justicia es lerda y cara; que no
siempre es imparcial; que tiene áreas politizadas; que en sus despachos y
pasillos hay hijos y entenados; que imperceptibles barreras bloquean el acceso
de minorías, de pobres y de excluidos. Todo esto es cierto. Pero nada de esto
cambiará (sino para peor) con la reforma que 6 de los 10 legisladores salteños
han elevado a los altares del autoritarismo.
Alguien
podría decir que la reforma judicial y sus drásticas consecuencias, por ahora
hipotéticas, no pasarán el filtro de nuestra dignísima Corte Suprema. Pero es
bueno no olvidar que el aumento del número de sus miembros para garantizar una
mayoría dócil al Ejecutivo, depende sólo de la voluntad de la Presidenta que, a
estas alturas, no ha demostrado ningún apego a los límites republicanos ni a
los valores democráticos[2].
Si bien
nuestra historia registra otros intentos de alzarse con todo el Poder del
Estado, las maniobras encontraron fuertes resistencias. Fue el caso, entre
muchos, de la Ley que en tiempos de Onganía sometió a los civiles a la
jurisdicción militar. Pero entonces, en nuestra Salta, el activismo de abogados
como Farat Sire Salim o Bernardo Sola y el valor cívico de jueces como Ricardo
Reimundín o Roberto Frías detuvieron la agresión. Los años han pasado y en los
foros especializados en el derecho parece haber crecido el conformismo.
[1] Editorial PLANETA, Buenos Aires -2013.
[2] Desde 1930 a 1976 todas las dictaduras
desalojaron a los jueces independientes y colocaron magistrados adictos. Los
Presidentes Frondizi y Menem, en su propósito de controlar los fallos de última
instancia, apelaron al expediente de aumentar el número de jueces de la CSJN.
En 1947 y en 2003 los Presidentes Perón y Kirchner sometieron a juicio político
y a otras medidas de presión a los jueces de la CSJN que entendían inadecuados
para sus estrategias.
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