Diez años es
un horizonte suficiente que permite al gobernante definir políticas y gestionar
los asuntos públicos con la posibilidad de adecuar los programas y las ideas a
la realidad cambiante. Y permite también a los ciudadanos evaluar la
consecuencia y la eficacia de los representantes. El electorado, las fuerzas de
la oposición y las personas alejadas de la política pueden, entonces, analizar
la performance de los funcionarios, medir resultados, contrastar promesas con
realidades y, si acaso, definir nuevos rumbos.
En lo que se
refiere a los asuntos sociolaborales encomendados al Ministro de Trabajo, la trayectoria del kirchnerismo tiene
aspectos singulares.
Tal y como
sucede en otras áreas de las políticas públicas, una enorme distancia separa los
postulados iniciales de los acontecimientos concretos. Hay marchas y
contramarchas. Discursos que la realidad desmiente. Existen también, desde
luego, resultados positivos, aunque en muchos casos los éxitos están
manipulados para mayor gloria de quienes “van por todo”.
Dentro del capítulo
de logros figura, sin duda, la reducción del desempleo producto tanto de la
mega devaluación de 2002 como de la tolerada segmentación del mercado de
trabajo y de la mejora de los términos de intercambio. La emergencia de la
categoría de “asalariados pobres”, la irreductibilidad del trabajo no-registrado
y el proteccionismo que premia la ineficiencia y la baja productividad, son
parte de las condiciones que explican la evolución cuantitativamente favorable
del empleo.
En el mundo
sindical la década comenzó con promesas de libertad (personería gremial a la
CTA) que retrocedieron con el pacto Kirchner/Moyano, hasta hundirse en la
decadencia actual signada por la búsqueda obsesiva de la obediencia sindical.
No obstante, el hecho más positivo corrió a cargo de la Corte Suprema de
Justicia que abrió espacios al pluralismo.
Los
inaugurales cantos en favor de la huelga y la protesta, y la profesión de fe
respecto de las doctrinas de la OIT, resultan desmentidos hoy por distintas vías
de presión a los sindicatos que amagan rebeldía: Multas millonarias, retención
de recursos de las obras sociales, privilegios a los vértices sindicales para
que frenen la contestación de las comisiones internas y amenazas de palacio,
integran la compleja realidad contemporánea.
La actitud
del Gobierno frente a la negociación colectiva también cambió. El discurso
sobre las paritarias libres y las bondades de los salarios por encima de la
inflación trocó en una fuerte intervención que incluye topes políticos y
económicos, la tolerancia de la inflación o las retenciones por impuestos al
salario.
En el área
de las relaciones individuales de trabajo, dejando de lado el festival de
feriados, lo más llamativo fue el giro en materia de accidentes de trabajo. Los
denuestos a la Ley de Riesgos (sancionada en los años 90 previo pacto con
sindicatos y patronales), cedieron paso a la reinstalación del régimen
anterior. Con el agravante de que ahora las normas operan en una economía
cerrada, inflacionaria y con moneda devaluable.
La
ampliación de la cobertura social -contributiva y no contributiva-, generó
beneficios e inequidades. La ANSES utilizó y utiliza la inflación para rebajar
prestaciones, expropió los aportes obligatorios de los trabajadores, confiscó
(al menos hasta ahora) los aportes voluntarios. Su millonaria caja sirve para
operaciones políticas y financia, de modo discrecional y opaco las más
disparatadas ideas.
En fin, la realidad
casi siempre termina por oscurecer o desnudar el “relato”.
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