ADMINISTRACIONES POLITIZADAS Y SIN AUTONOMIA

Mucho hablamos del feroz avance de la Presidenta sobre la independencia de los jueces. También del penoso verticalismo que impera en el Congreso de la Nación. Ambas degradaciones de la democracia constitucional se verifican también en Salta, aunque en este caso las operaciones que apuntan a la extrema concentración del poder se realizan al amparo de una cierta abulia provinciana.

Sin embargo, se habla menos de dos maniobras de idéntica intencionalidad y de gran calado que llevan a cabo, con leves matices pero similar eficacia, doña Cristina Fernández de Kirchner y don Juan Manuel Urtubey. Me refiero a la politización de las Administraciones Públicas (AAPP) y al avasallamiento de las autonomías municipales.

Las administraciones públicas como herramienta partidista

Las Administraciones Públicas son, entre otras cosas, el lugar en donde los ciudadanos nos relacionamos con el Estado. La ventanilla de la Secretaría de Ambiente de Salta, por poner un ejemplo, es el sitio en donde se concretan nuestros reclamos y peticiones; en la trastienda de este escueto lugar, se despliega lo que se conoce como burocracia estatal. Un cuerpo que incluye pocos y sufridos funcionarios de carrera, altos jerarcas que responden a los dictados y deseos del Gobernador, y una apreciable cantidad de empleados designados discrecionalmente por los gobiernos de turno.

Contemporáneamente una Administración Pública es democrática cuando el Estado garantiza: La supremacía de la constitución y de las leyes sobre el poder director del Gobierno; el control judicial de los actos administrativos; el derecho de los ciudadanos a participar en la administración y acceder a la información pública; y la designación por concurso de todos los cargos administrativos, desde el nivel inferior hasta las Direcciones Generales.

Como fácilmente comprueba a diario quién realiza gestiones o tiene abiertas instancias administrativas, estos cuatro caminos se encuentran empantanados en Salta y en otras jurisdicciones. La “misma sangre”, el amiguismo, la obsecuencia o la galantería son algunas de las vías de acceso a los empleos públicos. Es seguro que pertenecer a La Cámpora pesa más que un doctorado u otras manifestaciones de idoneidad.

Mientras que en el ámbito nacional el control judicial de los actos administrativos ha sido severamente erosionado por la reciente Ley que prácticamente elimina las medidas cautelares, en Provincias como Salta el acceso a la información pública resulta retaceado por reglamentos autoritarios, u obstruido por prácticas feudales. A su vez, la sujeción de las AAPP a la Ley tropieza con la “verticalización” de las legislaturas y con la lisa y llana arbitrariedad de los burócratas de turno.

Los municipios como oficinas del poder central

En la Argentina, la autonomía municipal, otrora considerada uno de los pilares del Estado Democrático, ha sido arrasada, aun cuando asistamos a un larvado combate entre la Presidenta de la República y los Gobernadores para ver quién obtiene la obediencia incondicional de Intendentes y Concejales.

El mismo teléfono que sirve para influir en pleitos y sentencias, se usa para persuadir a los Intendentes acerca de la conveniencia de acatar órdenes, movilizar militantes, montar festivales o repartir vino o ayudas a cambio de votos. Los recursos públicos de arbitraria asignación cumplen el mismo papel indigno. De modo que no debiera sorprendernos que luego de votar a un Intendente que integraba una lista opositora al Gobernador, el elegido esté pronto a saltar el cerco y sumarse al oficialismo.

Pero la supresión de las autonomías municipales tiene varias facetas más. De un lado, la asfixia económica que termina alentando el transfuguismo; vale decir el paso de la lealtad al votante, a la lealtad al gobernante. De otro, la negligencia o la pura ineficacia que convierte a muchos municipios en tierra de nadie o en espacios en donde reina la ley de la selva.

Para ejemplificar estas situaciones podría referirme al caso de varios Municipios del Valle de Lerma, en uno de los cuales un alto funcionario suele relatar sus dificultades para hacer cumplir Ordenanzas cuando las mismas colisionan con los intereses de los “pesos pesados” de la zona.

No obstante, prefiero centrarme aquí en aspectos generales y poner énfasis en las penurias y problemas que este estado de cosas provoca en los habitantes de los municipios que luchan por el acceso al agua, al transporte y las comunicaciones; que procuran el mantenimiento y señalización de caminos, la iluminación de espacios públicos; o que defienden la vigencia de la Ley de Bosques Nativos o sus derechos a vivir en pueblos y ciudades suficientemente seguros, urbanizados y solidarios.

Cuando esta mirada sobre los gobiernos municipales se dirige a la realidad comunitaria salteña, es fácil advertir que la insignificancia de los Intendentes, los vacíos normativos o la violación de las reglas, favorecen a la prepotencia de unos y se asientan sobre la negligencia cívica de otros, en un contexto crecientemente autoritario.