Los Tribunales salteños están cada vez más alejados de las sensibilidades y requerimientos ciudadanos.
La elevada morosidad y los costes crecientes funcionan como barreras –invisibles pero eficaces- que limitan el acceso de muchos a la justicia.
Magistrados encerrados en sus despachos, trabajando los escuetos días que marca el calendario tribunalicio, son otras tantas causas de la desconfianza cívica en los servicios de justicia.
La ineficacia de la Policial y de los servicios de investigación son elementos que conspiran contra el prestigio de nuestra justicia en lo penal.
Los líderes políticos deberían tomar conciencia de esta estado de cosas y comprometerse pública y solemnemente a no mezclar la política con la justicia, a seleccionar a los mejores profesionales para ocupar juzgados y fiscalías, sin mirar adscripciones políticas, lazos familiares o antiguas camaraderías.
Deberían comprometerse también a crear fueros especializados en lo ambiental y urbanístico, a instalar juicios de tramitación rápida, a llevar el servicio de justicia a todos los poblados de la Provincia, a mejorar sustancialmente el servicio de atención gratuita, dando entrada a los jóvenes abogados.
Reconstruir la confianza en nuestros jueces es un objetivo central para la democracia salteña, pero también para los ciudadanos que precisamos jueces probos, diligentes y altamente cualificados, pues de ellos dependen la libertad, la seguridad, los bienes y los derechos de todos.
José Armando
Caro Figueroa
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