Sabemos ahora que la construcción de una Salta democrática, igualitaria y próspera comienza por la elaboración de un diagnóstico que muestre debilidades y fortalezas, y de una propuesta articulada capaz de generar un amplio consenso cívico.
En este orden de ideas, las debilidades radican en el vasallaje respecto del Gobierno de la Nación, en la falta de independencia del Poder Judicial, y en las tendencias monárquicas que alimenta el actual Gobernador; también, en los pésimos indicadores en materia de empleo, seguridad o educación.
Del lado de las fortalezas, hay que contabilizar nuestro potencial agroalimentario, energético y minero, tanto como nuestra ubicación geoestratégica (BARBARÁN) y la latencia de antiguas tradiciones federalistas que comienzan a movilizarse para decir basta al unitarismo que expolia nuestra riqueza y nos devuelve migajas en forma de bolsones de alimentos, subsidios a la pobreza o garrafas solidarias.
Cuando me refiero a nuestra ancestral vocación federalista, no estoy pensando en la simpática costumbre de visitar Las Higuerillas vestido de gaucho, sino en la pretensión de gobernar nuestra libertad y nuestras riquezas sin otras injerencias de la Nación que las imprescindibles para la unión confederal en el marco de la Constitución Nacional.
Los hidrocarburos propiedad salteña
En una reciente conferencia el doctor Ricardo ALONSO ha demostrado acabadamente las dimensiones de nuestra riqueza minera e hidrocarburífera, y ha señalado también las trabas que dificultan su realización, y los diseños que facilitan el expolio unitario.
Mientras los neuquinos defienden bravamente sus yacimientos convencionales y no convencionales, el Gobierno de Salta consiente la fraudulenta liquidación de las regalías petroleras y gasíferas, resigna una estrategia autónoma, congela la empresa provincial, y no muestra preocupación ni interés por la enorme reserva de “Los Monos”, de cuya suerte depende el futuro de varias generaciones.
Es bueno recordar aquí que los enunciados del nacionalismo petrolero (SOLBERG, 1982), caros al peronismo, admiten al menos dos versiones: La unitaria (que propone concentrar en el Estado Nacional la propiedad de los yacimientos y todos los poderes jurisdiccionales), y la federal (que hace radicar en las Provincias ese derecho y estas facultades). Y señalar también que si bien el primer peronismo salteño se encolumnó dentro del nacionalismo unitario, tras la reforma constitucional de 1994, ese mismo peronismo (con que el poco y nada tienen que ver el señor Urtubey y su equipo) asumió mayoritariamente las banderas federales.
Estos conflictos y vaivenes ideológicos se comprenden mejor cuando se recuerda, por ejemplo, las viejas luchas (1920/1930) de los salteños por gobernar su riqueza petrolera, tiempos en donde el papel de la célebre Standard Oíl dividía las aguas e influía decisivamente en la configuración de los gobiernos locales y en las relaciones entre la Nación y la Salta conservadora.
Adviértase que aquel trascendental giro no sólo fue adoptado por el peronismo salteño, sino que alcanzó a un gran segmento del arco peronista nacional que, sin complejos, abandonó el mítico artículo 40 de la Constitución de 1949 (SAMPAY) para abrazar el texto (artículo 124 CN) surgido en los aledaños del Pacto de Olivos.
Es en este marco en el que resultan inadmisibles las pretensiones del nacionalismo unitario que pretende recrear las condiciones para explotar en beneficio del vértice industrial pampeano la riqueza petrolera y gasífera de Salta y de otras provincias argentinas. Tan inadmisibles como el penoso silencio del señor Gobernador en un debate cuyas consecuencias interesan a todos los salteños y desbordan a su mandato.
Los salteños precisamos con urgencia que las regalías no sigan liquidándose sobre valores dibujados por la Nación. Que los impuestos nacionales no penalicen nuestras exportaciones. Que el poder concedente, naturalmente provincial, contemple la consolidación financiera y operativa de una empresa pública local. Que la jurisdicción provincial sea la encargada de garantizar el cumplimiento de las reglas ambientales. Que una Ley provincial reconozca y cuantifique los derechos de los municipios en donde radica la riqueza hidrocarburífera.
Ha llegado la hora de cortar con un modelo de producción subordinado a los intereses de los puertos y de las industrias radicados en el centro del país. De diseñar la infraestructura necesaria para que nuestra producción se vuelque al Pacífico. De colocar nuestra capacidad de producir alimentos, minerales y combustibles al servicio del objetivo de abatir la pobreza, promover el bienestar, velar por el ambiente, y construir un nuevo mapa territorial y político que contemple nuevas circunscripciones electorales y nuevas ciudades que, a la par, abatan la concentración del poder y los cinturones de miseria.
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