¿Hacia adonde vamos?

Han transcurrido seis meses desde la asunción del Presidente Mauricio Macri, sin que sus equipos hayan logrado presentar al país un Plan de Gobierno que merezca el nombre de tal. Es cierto que heredó una severa crisis económica y una marcada degradación institucional. Es también cierto que no cuenta con mayoría en el Congreso de la Nación, y que el régimen anterior ocultó y manipuló indicadores económicos y sociales imprescindibles para gestionar el cambio.

Sin embargo, a estas alturas el Presidente Macri está obligado a mostrar cual es el rumbo estratégico que nos propone a todos; ha de hacerlo sobreponiéndose a los escándalos de corrupción que agobian a la opinión pública, desechando la tentación de usarlos como elementos de distracción, y dejando actuar al Poder Judicial.

Los desordenados debates que se suceden en la coalición gobernante entre los que propician un tratamiento de choque y los partidarios del gradualismo, no han traído claridad, desordenan la gestión y están lejos de conducir a la formulación de un Plan de Gobierno. 

La vacilante Argentina de hoy

Mientras esta Plan termina de llegar, la gestión de Macri mantiene y administra varias de las herramientas ideadas por el kirchnerismo para capear temporales: Inflación, emisión monetaria, control del comercio exterior, impuestos distorsivos, puja distributiva (entre los sectores de la economía formalizada), tarifas subsidiadas, y ayudas a los pobres.

De tanto en tanto Macri decide, además, modular algunos de estos instrumentos, pero sin llegar a reemplazarlos por aquellos que han de acompañar al nuevo rumbo económico que, hay que suponer, tiene como metas la pobreza cero y la construcción de un sistema económico en condiciones de insertar en el mundo a la Argentina y a su producción.

La fuerza de la vieja Argentina corporativa

Como no avanzamos aún en esta dirección, los actores económicos que se benefician de la autarquía y de las reglas que potenció el populismo vernáculo siguen con su juego de suma cero: Los empresarios grandes y medianos mantienen sus pujas con los sindicatos que, dicho sea de paso, representan a no más del 40% de los trabajadores; a menudo, estos dos actores se coaligan para -desaprensivamente- trasladar sus pactos a los consumidores. O se enfrentan y acuerdan treguas, a la espera de que una eventual constelación favorable a sus intereses corporativos les permita dar un golpe contundente al otro.

Vemos así a los sindicatos intentando -con suerte dispar- preservar a sus afiliados (no al conjunto de los trabajadores, tampoco a los desocupados y excluidos) de las consecuencias de la inflación, frente a las patronales que -sabedoras de que cuentan con la “bala de plata” de la devaluación- responsabilizan a los costos laborales de nuestra baja competitividad internacional.

Sucede, además, que el Presidente de la República tiene una debilidad añadida: Muchos de sus socios (reales o presuntos) de la derecha económica no parecen dispuestos a acompañarle en una política de las características que insinúa Macri (pobreza cero, estabilidad, competitividad, conexión con el mundo).

En realidad, la fuerza competitiva de la Argentina reside solamente en nuestra agricultura y ganadería, y en algún que otro segmento productivo. Pero el eje Macri/ruralistas no tiene el peso suficiente para dejar atrás el modelo autárquico y fundar una Nueva Argentina Competitiva (aquella que, de alguna manera, esbozaron Perón en el Congreso de la Productividad de 1954, o Frondizi en 1958).

Nuestros fabricantes de alimentos (salvo el caso de las dos multinacionales argentinas), de acero, de automóviles, de material eléctrico, de máquinas y herramientas, de indumentaria, y de otras industrias, así como nuestros empresarios de la construcción, prefieren pastar en el mercado interno protegido y no muestran ningún interés en desarrollar negocios más allá de nuestras fronteras a no ser aquellos centrados en paraísos fiscales. Rehúsan competir, invertir, innovar y sienten aversión por el riesgo.

A su vez, los proveedores de servicios (desde los bancos al transporte pasando por los correos, el supermercadismo, las telecomunicaciones y las administraciones públicas) han encontrado la forma de medrar dentro del todavía vigente modelo económico kirchnerista que, como se sabe, no es sino la reedición de viejas aventuras de la Argentina autárquica.

Soportamos todavía un modelo que “fabrica” pobres, que engorda ineficientes burocracias, que resguarda a las corporaciones y sus pujas, y que -hasta donde puede- expropia rentas para distribuirlas entre sus sostenedores (vía prebendas, proteccionismo y subsidios) y sus gestores (vía corrupción).

La difícil construcción de la Nueva Argentina Constitucional, Competitiva y Federal

Esta Nueva Argentina no puede funcionar con un esquema institucional alejado del republicanismo federal. Esta Nueva Argentina exige la plena vigencia de la Constitución y de los Tratados Internacionales, reclama un Poder Judicial independiente, honrado y eficaz, requiere la regeneración de la política y del federalismo, y demanda la construcción de consensos sociales y económicos.

No habrá tal Nueva Argentina con los precios y costos actuales; con la vigente matriz energética y ambiental; con los bajos niveles de inversión, ni con las caducas estructuras de comercialización. No la habrá sin un enorme esfuerzo en materia de infraestructuras, de formación profesional y productividad, y sin nuevas regulaciones no manipuladas por los agentes económicos.

Tampoco la habrá mientras triunfe el chantaje ideológico que sostiene que por fuera de la Vieja Argentina aislada, corporativa e injusta sólo existen el neoliberalismo y el consenso de Washington. Un chantaje que nos impide reconocer la inviabilidad del proteccionismo mercado internista, y que nos impide sentar las bases para producir también para el mercado mundial. Ha pasado el tiempo de sustituir importaciones; también el de la Argentina agroexportadora. Está por llegar el tiempo de la Argentina supermercado del mundo. Solo así derrotaremos la pobreza y la corrupción para inaugurar el tiempo del bienestar y de la transparencia.               

Pero, sobre todo, hace falta revisar los incentivos que mueven a las personas, a los trabajadores, a las empresas, a la clase política, a los estudiantes y sus maestros, y que organizan nuestras relaciones interpersonales y sociales. La cultura del facilismo y la negligencia, del beneficio sin esfuerzo, de las mayorías autoritarias, solo conduce a más decadencia, injusticias y rapiñas.

Vaqueros (Salta) 27 de Junio de 2016