Debo confesar que a veces me cuesta entender la nueva nomenclatura de las dependencias del Gobierno. No logro descifrar cuándo una persona carente de recursos que busca una vivienda debe concurrir a la dirección de tierras o a la dirección de hábitat, dentro de la Secretaría de Tierra y Hábitat.
En cualquier caso, he frecuentado tales oficinas y he salido sorprendido por su funcionamiento.
Asisten allí personas, en su mayoría mujeres con hijos en brazos, evidentemente pobres y necesitadas de la asistencia del Estado. Llegan con rostros que revelan la amargura de los excluidos, con una mansedumbre que exterioriza años de peregrinaje por oficinas y comités, dispuestas a esperar las horas que el burócrata de turno disponga y a volver cuantas veces la negligencia administrativa lo decida.
“Eso”, me refiero a las oficinas que funcionan en Güemes esquina Bolívar, no es una repartición propia de un Estado democrático moderno. Por la informalidad de sus procedimientos, por el mal trato que dispensan a los ciudadanos, por la morosidad exasperante y hasta por su equipamiento precario.
Quienes piden y quienes, del otro lado del mostrador, atienden parecen ignorar que están tratando asuntos de rango constitucional. Que quienes piden, ejercen el derecho de peticionar y, además, procuran satisfacer su derecho a una vivienda digna. Que quienes atienden, tramitan derechos constitucionales, no dádivas de unidad básica.
Concurrí a estas oficinas para ayudar a un vecino carente de recursos que no puede desplazarse hasta el centro y que lleva un año intentando, no ya conseguir una vivienda, sino obtener una simple respuesta.
Vi la negligencia y displicencia con que la que son atendidos los solicitantes. Y soporté idéntico trato. El vuelva usted mañana, el aquí no es, el no está el Director, el no puede ver el expediente. Dejé, como corresponde mi queja formal, pero sin ninguna esperanza de que fuera atendida por alguien de aquel mundo subdesarrollado.
Pero lo que transformó mi sorpresa en indignación fue escuchar las explicaciones que se daban a una persona que, al parecer, había logrado la cesión de un terreno. En estos términos: “Mamita, tenés que esperar que el gobernador tenga tiempo para hacer el acto donde te va a entregar el título”.
No puede resistirme a la tentación de explicar a los allí reunidos, que esas tierras no eran de propiedad del señor Urtubey ni de su familia, como no lo eran del anterior gobernador, sino que se trataba de lotes fiscales, es decir de todos los salteños, que el Estado decidía ceder a los más necesitados.
Resulta penoso que los funcionarios de turno se aprovechen de las necesidades y de los recursos del Estado para actos del peor populismo. Deberían, hablar menos de Evita y recordar su frase:
“Allí donde hay una necesidad debe haber un derecho”, no una dádiva discrecional.
(Para FM Aries)
domingo, 15 de agosto de 2010
domingo, 8 de agosto de 2010
Buenas leyes ambientales, pero ¿se cumplen?
La civilización, entendida como superación de la barbarie, es mucho más que pasear por las calles cubriéndose las partes pudendas. Vivir civilizadamente es, entre otras cosas, respetar al prójimo y actuar conforme a las reglas comúnmente aceptadas, vengan estas impuestas por la ley o las buenas costumbres.
A veces el afán de los salteños por vivir civilizadamente tropieza con la inexistencia de reglas, con esas lagunas normativas que generan conflictos y querellas. Otras, tropieza con la incapacidad de los poderes públicos para hacer cumplir las leyes vigentes.
En nuestro avance hacia formas más plena de civilización, cada vez son más los salteños que aspiran a vivir en paz con la naturaleza; que desean conservar el patrimonio histórico, cuidar los ríos, los bosques y las especies animales; que, en síntesis, se proponen velar por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos.
Si bien tan buenos propósitos pueden alcanzarse de manera autónoma, sin depender de la eficacia de los gobiernos, está claro que el proceso civilizatorio medioambiental avanzará mejor si contamos con leyes adecuadas.
La reciente movilización de vecinos de Vaqueros y San Lorenzo para impedir una obra ilegal y desmesurada, me sirvió para comprobar que Salta cuenta con una legislación medioambiental de alta calidad. Es cierto que muchas de nuestras leyes provinciales han llegado tarde, en el sentido que entraron en vigor cuando los intereses desaprensivos han provocado daños irreparables a nuestros bosques, a nuestro patrimonio histórico urbano y no urbano, a nuestros ríos, y a muchas especies autóctonas. Y es cierto también que estos daños se produjeron ante la mirada cómplice o alelada de nuestras autoridades.
Pero nuestra Legislatura, al sancionar las leyes 7070 (de protección del medio ambiente) y 7543 (de ordenamiento de los bosques nativos), o el Código de Aguas, para no citar sino las más relevantes, ha cumplido un excelente servicio y nos ha dotado de reglas suficientes para avanzar en nuestras metas civilizatorias. Otro tanto puede decirse de recientes fallos de nuestra Corte de Justicia.
Lamentablemente, entre estas normas cargadas de buenas intenciones y la realidad cotidiana hay un margen que beneficia a esa Salta que pretende seguir viviendo fuera de la ley. Se trata de un margen creado por las debilidades del poder de policía y de los poderes municipales, algunos de los cuales oscilan entre la ignorancia y la necedad.
Nuestras buenas leyes carecen de autoridades ejecutivas dotadas de medios suficientes para hacerlas cumplir, como lo prueba la precariedad de nuestra Policía Ambiental.
Ese vivir al margen de la ley está, muchas veces, alimentado por la corrupción. Pero también por complicidades políticas, por esa vocación irrefrenable que tienen algunos para crear privilegios, y por la bárbara ideología que propone divorciar la producción de la protección del medioambiente.
(Para FM ARIES)
A veces el afán de los salteños por vivir civilizadamente tropieza con la inexistencia de reglas, con esas lagunas normativas que generan conflictos y querellas. Otras, tropieza con la incapacidad de los poderes públicos para hacer cumplir las leyes vigentes.
En nuestro avance hacia formas más plena de civilización, cada vez son más los salteños que aspiran a vivir en paz con la naturaleza; que desean conservar el patrimonio histórico, cuidar los ríos, los bosques y las especies animales; que, en síntesis, se proponen velar por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos.
Si bien tan buenos propósitos pueden alcanzarse de manera autónoma, sin depender de la eficacia de los gobiernos, está claro que el proceso civilizatorio medioambiental avanzará mejor si contamos con leyes adecuadas.
La reciente movilización de vecinos de Vaqueros y San Lorenzo para impedir una obra ilegal y desmesurada, me sirvió para comprobar que Salta cuenta con una legislación medioambiental de alta calidad. Es cierto que muchas de nuestras leyes provinciales han llegado tarde, en el sentido que entraron en vigor cuando los intereses desaprensivos han provocado daños irreparables a nuestros bosques, a nuestro patrimonio histórico urbano y no urbano, a nuestros ríos, y a muchas especies autóctonas. Y es cierto también que estos daños se produjeron ante la mirada cómplice o alelada de nuestras autoridades.
Pero nuestra Legislatura, al sancionar las leyes 7070 (de protección del medio ambiente) y 7543 (de ordenamiento de los bosques nativos), o el Código de Aguas, para no citar sino las más relevantes, ha cumplido un excelente servicio y nos ha dotado de reglas suficientes para avanzar en nuestras metas civilizatorias. Otro tanto puede decirse de recientes fallos de nuestra Corte de Justicia.
Lamentablemente, entre estas normas cargadas de buenas intenciones y la realidad cotidiana hay un margen que beneficia a esa Salta que pretende seguir viviendo fuera de la ley. Se trata de un margen creado por las debilidades del poder de policía y de los poderes municipales, algunos de los cuales oscilan entre la ignorancia y la necedad.
Nuestras buenas leyes carecen de autoridades ejecutivas dotadas de medios suficientes para hacerlas cumplir, como lo prueba la precariedad de nuestra Policía Ambiental.
Ese vivir al margen de la ley está, muchas veces, alimentado por la corrupción. Pero también por complicidades políticas, por esa vocación irrefrenable que tienen algunos para crear privilegios, y por la bárbara ideología que propone divorciar la producción de la protección del medioambiente.
(Para FM ARIES)
viernes, 6 de agosto de 2010
Dos jueces honorables y salteños
Vivimos tiempos en donde los ciudadanos descreen de sus instituciones de gobierno. La ineficacia, la corrupción, el desorden y un mundo político que gira cada vez más alejado de los valores republicanos, son algunas de las causas de este desaliento.
Las instituciones judiciales padecen también esta crisis de confianza pública. Unas veces por su lentitud exasperante. Otras por la extendida sospecha de que no siempre actúan con la necesaria independencia, libertad y apego a la ley. En este sentido, quienes detentan el poder político en los ejecutivos y en las legislaturas tienen una enorme cuota de responsabilidad dada su preferencia por contar con jueces amigos, dóciles o temerosos.
Es esta la razón por la cual los distintos gobiernos se esmeran por controlar al poder judicial. Por reservarse mayorías automáticas en los cuerpos encargados de la selección y remoción de jueces y magistrados. Por crear sutiles redes de presión sobre jurisdicciones consideradas estratégicas por aquellos gobernantes que no desean estar sometidos al escrutinio de jueces independientes. En resumen, por gobernantes que aspiran a vivir por encima de la ley.
Pero la independencia de los jueces no depende sólo de las cláusulas constitucionales que la garanticen ni de la existencia de Presidentes y Gobernadores consecuentes con los principios democráticos. Depende también de los valores morales, de las convicciones republicanas, de la formación profesional, de cada uno de los jueces.
Jueces honrados, valientes y expertos contribuyen a enaltecer la democracia, cuando esta funciona, y a desalentar las tentaciones autocráticas. En los atroces tiempos de las dictaduras, estos magistrados están llamados a preservar derechos fundamentales y a resguardar espacios de legalidad.
Salta fue cuna de esta clase de jueces que acreditaron honradez, valentía y sapiencia por encima de los avatares políticos. Virgilio Mariano TEDIN (en el siglo XIX) y Carlos S. FAYT (en los siglos XX y XXI), ejemplifican esta estirpe. La misma a la que pertenecen dos ilustres comprovincianos recientemente fallecidos. Me refiero a los doctores Ernesto SAMAN y Roberto FRIAS.
Tuve el honor de conocer a ambos cuando, a mediados de los años sesenta, honraban a la judicatura salteña desde sus investiduras. En aquel entonces, fueron ambos jueces de primera instancia en lo civil. Mientras que el doctor Ernesto SAMAN sobresalió por su actuación dentro la órbita de los asuntos civiles, comerciales y de familia, el doctor Roberto FRIAS, adquirió especial relevancia por su intervención en defensa de los derechos fundamentales en tiempos de la dictadura de Onganía.
Ambos hicieron luego importantes carrearas dentro del Poder Judicial provincial y federal. Vaya desde esta columna mi personal y modesto homenaje a sus memorias.
(Para FM ARIES)
Las instituciones judiciales padecen también esta crisis de confianza pública. Unas veces por su lentitud exasperante. Otras por la extendida sospecha de que no siempre actúan con la necesaria independencia, libertad y apego a la ley. En este sentido, quienes detentan el poder político en los ejecutivos y en las legislaturas tienen una enorme cuota de responsabilidad dada su preferencia por contar con jueces amigos, dóciles o temerosos.
Es esta la razón por la cual los distintos gobiernos se esmeran por controlar al poder judicial. Por reservarse mayorías automáticas en los cuerpos encargados de la selección y remoción de jueces y magistrados. Por crear sutiles redes de presión sobre jurisdicciones consideradas estratégicas por aquellos gobernantes que no desean estar sometidos al escrutinio de jueces independientes. En resumen, por gobernantes que aspiran a vivir por encima de la ley.
Pero la independencia de los jueces no depende sólo de las cláusulas constitucionales que la garanticen ni de la existencia de Presidentes y Gobernadores consecuentes con los principios democráticos. Depende también de los valores morales, de las convicciones republicanas, de la formación profesional, de cada uno de los jueces.
Jueces honrados, valientes y expertos contribuyen a enaltecer la democracia, cuando esta funciona, y a desalentar las tentaciones autocráticas. En los atroces tiempos de las dictaduras, estos magistrados están llamados a preservar derechos fundamentales y a resguardar espacios de legalidad.
Salta fue cuna de esta clase de jueces que acreditaron honradez, valentía y sapiencia por encima de los avatares políticos. Virgilio Mariano TEDIN (en el siglo XIX) y Carlos S. FAYT (en los siglos XX y XXI), ejemplifican esta estirpe. La misma a la que pertenecen dos ilustres comprovincianos recientemente fallecidos. Me refiero a los doctores Ernesto SAMAN y Roberto FRIAS.
Tuve el honor de conocer a ambos cuando, a mediados de los años sesenta, honraban a la judicatura salteña desde sus investiduras. En aquel entonces, fueron ambos jueces de primera instancia en lo civil. Mientras que el doctor Ernesto SAMAN sobresalió por su actuación dentro la órbita de los asuntos civiles, comerciales y de familia, el doctor Roberto FRIAS, adquirió especial relevancia por su intervención en defensa de los derechos fundamentales en tiempos de la dictadura de Onganía.
Ambos hicieron luego importantes carrearas dentro del Poder Judicial provincial y federal. Vaya desde esta columna mi personal y modesto homenaje a sus memorias.
(Para FM ARIES)
miércoles, 4 de agosto de 2010
Las vías para el consenso
Por invitación de la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina (EPOCA) coordiné en Buenos Aires el Primer Seminario donde se debaten las políticas propuestas en el Documento ("Consenso para el Desarrollo). En el acto de hoy participaron Francisco de Narvaez, Gabriela Micheti, Roberto Dromi, Andrés Delich, Diana Mondino, Ignacio de Mendiguren, Daniel Montamat, y Aleandra Scafati.
Reproduzco aquí el texto de mi breve intervención.
Señoras y señores
Para cumplir la tarea asignada por EPOCA, abrir este panel de diálogo, pondré a consideración de todos ustedes unas muy breves reflexiones acerca del consenso político y de las vías para alcanzarlo.
Parto de la convicción de que nuestra Argentina necesita dejar atrás un largo ciclo de confrontación e inaugurar una etapa de diálogos y acuerdos que nos permitan encarar y resolver los asuntos prioritarios que, a mi modo de ver, son:
a) la pobreza y la exclusión;
b) la consolidación del estado derecho, democrático y federal;
c) sentar las bases de un nuevo modelo de producción y bienestar competitivo y ambientalmente sustentable; y
d) ordenar nuestras relaciones con el mundo.
Tamaño desafío, como se ha dicho muchas veces, desborda a cada una de las fuerzas, corrientes o partidos hoy presentes en nuestro escenario político.
Ninguna de estas estructuras, actuando aisladamente, con o sin pretensión hegemónica, está en condiciones de resolver aquellos problemas; algunos de larga data, otros de reciente aparición en nuestra agenda pública.
Advierto que por encima de posturas excluyentes y de frases orientadas a descalificar a quién piensa distinto, en la argentina se verifica una fuerte demanda social de tolerancia y de consensos.
En estas casi tres décadas de democracia, varios han sido los intentos, protagonizados por las grandes corrientes de opinión, de acordar políticas. Casi todos, desafortunadamente, se han saldado con fracasos o se han reconvertido en maniobras para desarticular al opositor y consolidar modelos hegemónicos.
Muchas veces nuestros líderes políticos invocan los españoles “Pactos de la Moncloa” como un remedio a los males argentinos, como una herramienta capaz de enterrar enfrentamientos y de alumbrar una democracia mas plena, una economía mas poderosa y un estado de bienestar mas inclusivo.
Quienes conocen la historia de España saben que esos Pactos fueron la respuesta de una clase política que emergía tras la dictadura franquista (pero también del sector mas relevante del franquismo) al doble desafío de la transición democrática y de la crisis económica.
Los españoles, y me refiero en este caso no ya a los dirigentes sino a la mayoría ciudadana, querían cerrar el tremendo capítulo de la guerra civil, ingresar en Europa y construir una democracia pluralista. Sabían, dirigentes y dirigidos, que la empresa estaba plagada de dificultades. Pero lo consiguieron, pese a que hoy se levanten en España voces críticas al modo y a ciertos contenidos de aquellos Pactos.
¿Estamos nosotros los argentinos en condiciones de transitar un camino parecido?
La notoria destrucción de nuestro tradicional sistema de partidos, el peso determinante que tienen los gobiernos a la hora de definir calendarios y resultados electorales, el centralismo que asfixia a las provincias y a los municipios, la tentación de ordenar y mandar pensando que la simple mayoría es razón suficiente para excluir a las minorías, son algunos de los escollos a superar.
Pienso que, pese a todo, las vías del consenso, que son muchas y diversas, siguen estando abiertas.
Bien pudiera ocurrir que en la Argentina de hoy el consenso político comience a construirse en ámbitos diferentes a los que sugieren los manuales. Bien pudiera suceder que dialogar y acordar nos resulte más fácil en ámbitos no estrictamente partidarios o partidistas. En este sentido, las reuniones académicas, los encuentros como este, los clubes políticos, se me antojan ámbitos propicios.
Al fin y al cabo el documento “Consenso para el Desarrollo”, producto de la actividad de EPOCA, muestra un camino de lo posible.
Recuérdese sino, al Club Siglo XXI de España, o también a las renombradas “lentejas de Mona”, la distinguida dama madrileña que recibía a los principales líderes políticos y sindicales en el más relajado recinto hogareño para hablar, y pensar los temas vitales de su transición y de su futuro.
Volviendo a nuestra realidad, diría que se trata de dejar de lado aquella feroz frase de Mao Tse Tung, que hizo furor en la Argentina de los años 70: “Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia”.
Necesitamos constructores de consenso. Facilitadores del diálogo. Los hay en conciliar posiciones vecinas. Pero carecemos de esos potentes hacedores capaces de tender puente entre las orillas opuestas.
Puesto a buscar un punto de partida, se me ocurre uno de entre varios: dejemos de mirarnos como enemigos irreconciliables. Respetémonos en público y en privado. Reconozcamos el derecho de todos a una justicia independiente. Revisemos nuestras convicciones democráticas para expurgarlas de tentaciones autoritarias o sectarias.
A lo mejor, para el Bicentenario de 2016, o tal vez mucho antes, lo logremos.
Muchas gracias.
Reproduzco aquí el texto de mi breve intervención.
Señoras y señores
Para cumplir la tarea asignada por EPOCA, abrir este panel de diálogo, pondré a consideración de todos ustedes unas muy breves reflexiones acerca del consenso político y de las vías para alcanzarlo.
Parto de la convicción de que nuestra Argentina necesita dejar atrás un largo ciclo de confrontación e inaugurar una etapa de diálogos y acuerdos que nos permitan encarar y resolver los asuntos prioritarios que, a mi modo de ver, son:
a) la pobreza y la exclusión;
b) la consolidación del estado derecho, democrático y federal;
c) sentar las bases de un nuevo modelo de producción y bienestar competitivo y ambientalmente sustentable; y
d) ordenar nuestras relaciones con el mundo.
Tamaño desafío, como se ha dicho muchas veces, desborda a cada una de las fuerzas, corrientes o partidos hoy presentes en nuestro escenario político.
Ninguna de estas estructuras, actuando aisladamente, con o sin pretensión hegemónica, está en condiciones de resolver aquellos problemas; algunos de larga data, otros de reciente aparición en nuestra agenda pública.
Advierto que por encima de posturas excluyentes y de frases orientadas a descalificar a quién piensa distinto, en la argentina se verifica una fuerte demanda social de tolerancia y de consensos.
En estas casi tres décadas de democracia, varios han sido los intentos, protagonizados por las grandes corrientes de opinión, de acordar políticas. Casi todos, desafortunadamente, se han saldado con fracasos o se han reconvertido en maniobras para desarticular al opositor y consolidar modelos hegemónicos.
Muchas veces nuestros líderes políticos invocan los españoles “Pactos de la Moncloa” como un remedio a los males argentinos, como una herramienta capaz de enterrar enfrentamientos y de alumbrar una democracia mas plena, una economía mas poderosa y un estado de bienestar mas inclusivo.
Quienes conocen la historia de España saben que esos Pactos fueron la respuesta de una clase política que emergía tras la dictadura franquista (pero también del sector mas relevante del franquismo) al doble desafío de la transición democrática y de la crisis económica.
Los españoles, y me refiero en este caso no ya a los dirigentes sino a la mayoría ciudadana, querían cerrar el tremendo capítulo de la guerra civil, ingresar en Europa y construir una democracia pluralista. Sabían, dirigentes y dirigidos, que la empresa estaba plagada de dificultades. Pero lo consiguieron, pese a que hoy se levanten en España voces críticas al modo y a ciertos contenidos de aquellos Pactos.
¿Estamos nosotros los argentinos en condiciones de transitar un camino parecido?
La notoria destrucción de nuestro tradicional sistema de partidos, el peso determinante que tienen los gobiernos a la hora de definir calendarios y resultados electorales, el centralismo que asfixia a las provincias y a los municipios, la tentación de ordenar y mandar pensando que la simple mayoría es razón suficiente para excluir a las minorías, son algunos de los escollos a superar.
Pienso que, pese a todo, las vías del consenso, que son muchas y diversas, siguen estando abiertas.
Bien pudiera ocurrir que en la Argentina de hoy el consenso político comience a construirse en ámbitos diferentes a los que sugieren los manuales. Bien pudiera suceder que dialogar y acordar nos resulte más fácil en ámbitos no estrictamente partidarios o partidistas. En este sentido, las reuniones académicas, los encuentros como este, los clubes políticos, se me antojan ámbitos propicios.
Al fin y al cabo el documento “Consenso para el Desarrollo”, producto de la actividad de EPOCA, muestra un camino de lo posible.
Recuérdese sino, al Club Siglo XXI de España, o también a las renombradas “lentejas de Mona”, la distinguida dama madrileña que recibía a los principales líderes políticos y sindicales en el más relajado recinto hogareño para hablar, y pensar los temas vitales de su transición y de su futuro.
Volviendo a nuestra realidad, diría que se trata de dejar de lado aquella feroz frase de Mao Tse Tung, que hizo furor en la Argentina de los años 70: “Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia”.
Necesitamos constructores de consenso. Facilitadores del diálogo. Los hay en conciliar posiciones vecinas. Pero carecemos de esos potentes hacedores capaces de tender puente entre las orillas opuestas.
Puesto a buscar un punto de partida, se me ocurre uno de entre varios: dejemos de mirarnos como enemigos irreconciliables. Respetémonos en público y en privado. Reconozcamos el derecho de todos a una justicia independiente. Revisemos nuestras convicciones democráticas para expurgarlas de tentaciones autoritarias o sectarias.
A lo mejor, para el Bicentenario de 2016, o tal vez mucho antes, lo logremos.
Muchas gracias.
lunes, 2 de agosto de 2010
Un salteño en Tarija
Por estos días, mi renacida vocación viajera me condujo a Tarija, la bella ciudad vecina que en otros tiempos, según autorizadas opiniones, compartió demarcación con Salta. En cualquier caso, los vínculos actuales entre salteños y tarijeños parecieran ser menos intensos que en el pasado.
En este sentido, destaco que los recaudos migratorios y aduaneros, así como la red de transportes, no contribuyen a fomentar ni el comercio ni el turismo. El paso por la frontera suele ser lento y farragoso. Carecemos de vuelos y de líneas de autobuses que unan de modo directo a ambas ciudades.
El turismo se me ocurre un recurso aún poco explotado por Tarija. Si bien la ciudad dispone de todas las comodidades y cuenta con muchos atractivos, el desarrollo turístico está lejos del que alcanzó Salta en estas últimas décadas. Vale decir, hay en Tarija un enorme potencial turístico que pronto podría generar una importante corriente entre ambas ciudades.
Añadiré que, en los tiempos de la revolución de mayo y de las luchas por la independencia salteños y tarijeños compartieron ilusiones y sufrimientos. Más tarde, Tarija fue tierra de exilio donde los perseguidos salteños, uno de mis antepasados entre ellos, encontraron acogida y paz.
Una mirada superficial reconoce similitudes urbanísticas entre ambas ciudades. Con la particularidad de que Tarija, a diferencia de Salta, conserva su casco histórico adornado de hermosas plazas y glorietas y con mayoría de casas bajas. A su vez, mientras que las iglesias salteñas son más monumentales, el teatro de Tarija sobrepasa a nuestro cine-teatro.
El mercado de Tarija se parece a nuestro mercado San Miguel, al menos en lo que hace a su patio de comidas y a sus puestos de alimentos, cuyo equipamiento suele alarmar a los turistas que, en ambas ciudades en falta heladeras, góndolas y exhibidores de esos que abundan en los modernos supermercados.
La fe religiosa de los tarijeños no tiene nada que envidiar a la de los salteños. A juzgar, al menos, por el empeño con el que un joven subrepticiamente recogía con una tapita de gaseosa, agua bendita de una pila de la iglesia franciscana para, según explicó, llevarla a un oficio de difuntos.
Si las mediciones económicas se hicieran en las carreteras, nadie dudaría en marcar el débil pulso de Tarija, en donde sobresale la actividad vitivinícola y su producto estrella el SINGANI. Ni en advertir la fenomenal y contrastante pujanza del transporte y de las actividades agrícolas en el norte de Salta. Sin embargo, mientras que en todo el trayecto del lado boliviano es muy difícil encontrar casas precarias, estas abundan del lado salteño. Dicho en otros términos: Quién venga por vía terrestre de Tarija y recale en Orán, se sorprenderá de la enorme energía que se advierte en las carreteras y a la vera de los caminos de nuestro norte.
(Para FM Aries)
En este sentido, destaco que los recaudos migratorios y aduaneros, así como la red de transportes, no contribuyen a fomentar ni el comercio ni el turismo. El paso por la frontera suele ser lento y farragoso. Carecemos de vuelos y de líneas de autobuses que unan de modo directo a ambas ciudades.
El turismo se me ocurre un recurso aún poco explotado por Tarija. Si bien la ciudad dispone de todas las comodidades y cuenta con muchos atractivos, el desarrollo turístico está lejos del que alcanzó Salta en estas últimas décadas. Vale decir, hay en Tarija un enorme potencial turístico que pronto podría generar una importante corriente entre ambas ciudades.
Añadiré que, en los tiempos de la revolución de mayo y de las luchas por la independencia salteños y tarijeños compartieron ilusiones y sufrimientos. Más tarde, Tarija fue tierra de exilio donde los perseguidos salteños, uno de mis antepasados entre ellos, encontraron acogida y paz.
Una mirada superficial reconoce similitudes urbanísticas entre ambas ciudades. Con la particularidad de que Tarija, a diferencia de Salta, conserva su casco histórico adornado de hermosas plazas y glorietas y con mayoría de casas bajas. A su vez, mientras que las iglesias salteñas son más monumentales, el teatro de Tarija sobrepasa a nuestro cine-teatro.
El mercado de Tarija se parece a nuestro mercado San Miguel, al menos en lo que hace a su patio de comidas y a sus puestos de alimentos, cuyo equipamiento suele alarmar a los turistas que, en ambas ciudades en falta heladeras, góndolas y exhibidores de esos que abundan en los modernos supermercados.
La fe religiosa de los tarijeños no tiene nada que envidiar a la de los salteños. A juzgar, al menos, por el empeño con el que un joven subrepticiamente recogía con una tapita de gaseosa, agua bendita de una pila de la iglesia franciscana para, según explicó, llevarla a un oficio de difuntos.
Si las mediciones económicas se hicieran en las carreteras, nadie dudaría en marcar el débil pulso de Tarija, en donde sobresale la actividad vitivinícola y su producto estrella el SINGANI. Ni en advertir la fenomenal y contrastante pujanza del transporte y de las actividades agrícolas en el norte de Salta. Sin embargo, mientras que en todo el trayecto del lado boliviano es muy difícil encontrar casas precarias, estas abundan del lado salteño. Dicho en otros términos: Quién venga por vía terrestre de Tarija y recale en Orán, se sorprenderá de la enorme energía que se advierte en las carreteras y a la vera de los caminos de nuestro norte.
(Para FM Aries)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)