La inflación, esa vieja conocida de los argentinos, acentúa los desequilibrios sociales, desata temores y fabrica pobres.
Es por eso que el Gobierno nacional, impotente o tolerante con la escalada de precios, decidió -hace dos años- cortar por lo sano y matar al emisario de las malas noticias. Es decir, resolvió manipular o falsificar las cifras, con el fin de esconder la realidad y engañar al público.
Pero la inflación es un hecho inocultable. La percibimos en los almacenes de barrio y en los supermercados; en las facturas de los servicios; en las panaderías y en las farmacias; al comprar empanadas o pizzas; al ir a bailar los sábados o en los hoteles de trasnoche.
Afortunadamente, la dependencia -notoria y penosa- del Poder Ejecutivo local respecto del Gobierno de la Nación no ha logrado, al menos por ahora, hacer de la Dirección Provincial de Estadísticas un nuevo INDEC.
Por consiguiente, los salteños sabemos de la inflación real como consumidores, y también gracias a las mediciones independientes del ente local.
Sabemos entonces que, en el último año, los precios han crecido alrededor del 15% y no el engañoso 5% del que habla el INDEC para tranquilizar al irritable Secretario de Comercio de la Nación, un soldado.
Cuando esta inexorable realidad de los precios se compara con los salarios o con los importes de las jubilaciones y de los subsidios a desempleados y pobres, es fácil concluir que la situación social de Salta se deteriora día a día.
El auge del trabajo en negro, el atraso salarial en el sector público provincial, la degradación de los servicios y prestaciones asistenciales configuran un mapa que acentúa sus peores perfiles ante la impotencia de las autoridades y el silencio de los candidatos.
(Para FM Aries)
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