(Debo pedir perdon por utilizar en el título de esta nota, frase tan infáme y de triste memoria entre los argentinos. Pero puede servir para explicar porqué la opinión pública, la ciudadanía, que en un primer momento acompañó la privatización de empresas de servicios públicos, tiende a tolerar su reestatización. Se trata, muchas veces, de respuestas desesperadas ante la prepotencia o los abusos en que incurren las compañías privadas. He aquí un ejemplo).
Si no estoy mal informado, la telefonía moderna llegó a Salta de la mano de una compañía sueca que prometió que nuestros teléfonos funcionarían igual de bien que en la adelantada Suecia.
Por supuesto, la promesa quedó en agua de borrajas y por años los salteños padecimos sus arbitrariedades, su opacidad tarifaria, su desinterés por invertir y su prepotencia con los usuarios.
Como no podía ser de otro modo dado los avances tecnológicos ocurridos, muchas cosas han mejorado y el servicio que 70 años atrás era rudimentario y elitista, hoy es masivo y garantiza conexiones casi instantáneas con cualquier lugar del planeta.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, aquella masividad unida a la falta de inversiones está incidiendo negativamente en la calidad del servicio, especialmente en el ámbito de la telefonía móvil.
En lo que se refiere a sus relaciones con el público, la compañía que detenta ahora la concesión en Salta retrocede día a día, hasta parecerse demasiado a la antigua compañía sueca.
Con el agravante de que la prestataria ha prácticamente suprimido las ventanillas de atención al público, reemplazándolas por lejanas, distantes e inabordables operadoras.
Mientras que con los suecos (por llamar de alguna manera a los representantes de la CAT) nos quedaba el consuelo protestar mirándole los ojos al gerente, una muralla blinda a los supervisores, jefes y directores de la compañía actual.
Han colocado, eso si, a dos agraciadas niñas que lentamente van evacuando largas colas, pero sin capacidad de resolver ningún inconveniente ni trasladar temas a sus superiores. En su celo por mantener el anonimato, omiten incluso identificar a los vehículos que usan sus servicios técnicos.
Algo debería hacer la legislatura provincial para poner fin a estas prácticas abusivas.
(Para FM Aries)
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