De entre los muchos parámetros que se usan para medir la calidad de una democracia, hay uno de especial transcendencia para la vida política salteña: Me refiero al derecho de los ciudadanos a recibir buena información de parte de los gobernantes.
Un derecho que conecta con el núcleo de la democracia representativa y republicana, en tanto contribuye a que los ciudadanos sepan “de que se trata” y puedan ejercer su voto responsablemente.
Según lo que venimos viendo, y a la luz de lo que dispone el artículo 61 de la Constitución de Salta, el gobierno merece un rotundo cero en esta materia.
Véase sino lo que sucede con el Boletín Oficial, pasivo receptor de normas legales que se publican cuidando de que el ciudadano común no se entere de lo que pasa. La técnica para hurtar la información es muy simple: publicar lo accesorio y situar lo relevante en un anexo que no se publica.
Un ejemplo reciente muestra la mecánica: El Boletín Oficial del 2 de julio nos anoticia de un convenio entre la Provincia y el Instituto de Estudios Políticos de Toulousse (representado por una remota Madame Ortiz), pero omite insertar su contenido. Con el agravante de que, en este caso, no hay referencias a que el texto figure en un Anexo. O sea, todo es opaco y reservado.
Las dificultades son directamente insuperables cuando se trata de conocer las normas municipales, ya que nuestros municipios carecen de gacetas de fácil acceso.
Para colmo, como sucede en el caso de mi pueblo (Vaqueros), ciertos Intendentes ni siquiera se dignan responder a los pedidos de información.
Urge entonces cambiar las reglas de funcionamiento del Boletín Oficial, y la sanción de una Ley que garantice el acceso a la información pública a todos los ciudadanos.
(Para FM Aries)
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