Siguiendo el hilo de mi columna anterior, quisiera referirme hoy a la reforma de la administración pública salteña.
Aunque algunos ciudadanos parecen resignados a soportar la lentitud e incluso la arbitrariedad de nuestras oficinas públicas, son más los que día a día, por ejemplo a través de las radios, los que protestan y reclaman reformas.
La respuesta de los gobernantes locales es elemental: “Estamos avanzando, pero el tema es muy complejo”.
Tal respuesta es tan insuficiente como engañosa.
En los pequeños nichos burocráticos donde se registran avances, estos son parciales y llegan siempre tarde. No alcanzan para satisfacer crecientes demandas, ni para incorporar las novedades informáticas y de las ciencias de la administración.
La apelación a las dificultades técnicas encierra una parte, y solo una parte, de verdad.
Pero detrás de esta invocada complejidad anidan negligencias, oscuros intereses, y el atraso intelectual que empobrece a los encargados de pensar nuestra administración.
Hubo un tiempo que Salta contó con grandes administrativistas (el doctor Abel Mónico Saravia, por ejemplo). Hoy, las mejores cabezas se muestran desalentadas, ancladas en el litigio o abrumadas por la telaraña de normas.
Sin embargo hay una forma simple de cambiar de raíz a nuestras prácticas burocráticas:
Establecer por Ley que en aquellos casos donde la Administración guarde silencio ante las peticiones de los ciudadanos, el expediente se cerrará admitiendo tales peticiones.
Vale decir, estableciendo lo que técnicamente se conoce como “silencio positivo”. Es lo que acaban de proponer los socialistas españoles dentro de la Ley ómnibus encargada de hacer realidad la Directiva de Servicios de la Unión Europea.
(Para FM Aries)
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