Mientras el seudo progresismo argentino dedica sus mejores esfuerzos a procurar el reconocimiento legal de las uniones de homosexuales, las políticas públicas de su Gobierno desconocen las penurias de las familias constituidas según los cánones más difundidos.
Me adelanto a manifestar que, dejando a salvo los escándalos, no tengo objeción a ninguna de las manifestaciones privadas de la libertad sexual de las personas, menos a la homosexualidad. Comparto incluso la idea de que es conveniente regular legalmente este tipo de uniones, con miras, sobre todo, a resolver asuntos patrimoniales.
Pero creo que, al menos en la Argentina, estamos frente a un asunto que no reúne las condiciones para ser considerado prioritario. Sobre todo cuando existen, y me centro ahora en caso de Salta, miles de personas viven dentro de familias destruidas, quebradas o en situación que las incapacita para cumplir sus funciones de socialización, contención y amparo a sus miembros.
La situación es grave en el caso de los miles de salteños que viven en familias monoparentales y en situación de pobreza; y extremadamente grave en el caso de niños y jóvenes de familias indigentes.
Las políticas llevadas a cabo durante los últimos 30 años, que apuntaron, invariablemente, a aliviar la situación de pobreza arrimando recursos materiales (chapas, cajas o bolsones de alimentos, subsidios dinerarios, asistencia médico-farmacéutica, y ahora computadoras), al menos en el caso de Salta, se han revelado insuficientes, sobre todo ante la irrupción del paco y otras adicciones dañinas que se abaten sobre nuestros niños y jóvenes.
A la inacción de la Provincia y Municipios en este terreno espiritual, se suma el desborde que sufren las organizaciones no gubernamentales como las iglesias y asociaciones de voluntarios, en lucha desigual contra las secuelas de la droga y sus mafias.
Pese a declaraciones bienintencionadas, Salta carece de instituciones, herramientas y profesionales preparados para hacer frente a un problema de tamaña magnitud. Cárceles, comisarías, escuelas especiales, hospitales, centros de rehabilitación, resultan insuficientes o carecen de programas idóneos y eficaces.
Una reciente encuesta nos revela que un alto porcentaje de niños y jóvenes que caen en manos del paco provienen de familias destruidas, en donde ni el padre ni la madre saben qué hacer para ayudar a sus hijos que se encaminan inexorablemente hacia el delito y la muerte.
Así como hacia finales del siglo XIX el mal citado Sarmiento trajo 200 maestras bostonianas para abatir el analfabetismo, Salta debería poner en la calle 2.000 trabajadores sociales para ayudar a la reconstrucción moral y espiritual de nuestras familias en situación de pobreza.
(Para FM Aries)
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