Los movimientos sociales suelen parecerse a los ríos de montaña. De repente, sin previo aviso, abandonan su curso apacible y explotan arrasando piedras, árboles, animales y todo lo que se le ponga por delante. A veces estas explosiones se retrasan años, pero tarde o temprano se verifican certificando que forman parte del plan eterno, muchas de cuyas claves nos son desconocidas.
Las predicciones de los servicios meteorológicos o de los estudiosos fallan más que aciertan y, a decir verdad, sirve de poco.
En el terreno de los movimientos sociales, sí que a veces es posible adelantarse a los acontecimientos. Lo es, en tanto existen indicadores suficientes que, cuando impactan en la piel de políticos sensibles y experimentados, permiten adoptar medidas correctoras en resguardo de la paz social.
El fenómeno de la exclusión social tiene en Salta, como he recordado en otras oportunidades, dimensiones y características que preanuncian grandes tensiones más o menos cercanas en el tiempo. Abordarlo con medidas adecuadas para instalar o reinstalar a decenas de miles de salteños en el mundo de los derechos, las oportunidades, la dignidad y el bienestar, es una responsabilidad de quienes nos gobiernan, y también de todos y cada uno de nosotros.
En primer lugar por pura coherencia con el programa constitucional que manda construir el bienestar general y garantiza derechos fundamentales de dignidad, tanto como por la necesidad de dar respuesta a imperativos cívico-morales. Pero también porque es siempre imperioso evitar estallidos que destruyen y dejan secuelas de difícil reparación.
Quizá nos hemos acostumbrado a vivir y convivir con esta especie de precario equilibrio montado sobre las dádivas y la mansedumbre de ese ejército de hombres y mujeres que soportan el calvario de la exclusión o la amenaza de caerse de aquel mundo de los derechos y de las oportunidades.
Cualquiera que revise los programas o ambule por las oficinas que el Estado nacional, provincial o municipal tiene para atender a las personas en situación de pobreza extrema, a los niños y jóvenes atrapados por la droga o el delito, a las familias destruidas, a los ancianos solos, a los que viven en taperas, a los que sufren el frio, advertirá su insuficiencia, su precariedad y su generalizada ineficacia.
Salta goza de índices muy bajos de criminalidad y de conflictividad social. Sobre todo si se la compra con zonas del país que cuentan con un mapa social parecido al nuestro. Pero nadie en su sano juicio puede reposar en esta tranquilidad aparente, sin advertir que poco falta para que arraiguen aquí las fuerzas que manipulan a los excluidos usándolos, sin desdeñar la violencia, para sus descabellados planes.
El señor Gobernador debería dedicar menos tiempo a operaciones de imagen y ponerse al frente de una auténtica política de inclusión social.
(Para FM Aries)
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