Mientras el seudo progresismo argentino dedica sus mejores esfuerzos a procurar el reconocimiento legal de las uniones de homosexuales, las políticas públicas de su Gobierno desconocen las penurias de las familias constituidas según los cánones más difundidos.
Me adelanto a manifestar que, dejando a salvo los escándalos, no tengo objeción a ninguna de las manifestaciones privadas de la libertad sexual de las personas, menos a la homosexualidad. Comparto incluso la idea de que es conveniente regular legalmente este tipo de uniones, con miras, sobre todo, a resolver asuntos patrimoniales.
Pero creo que, al menos en la Argentina, estamos frente a un asunto que no reúne las condiciones para ser considerado prioritario. Sobre todo cuando existen, y me centro ahora en caso de Salta, miles de personas viven dentro de familias destruidas, quebradas o en situación que las incapacita para cumplir sus funciones de socialización, contención y amparo a sus miembros.
La situación es grave en el caso de los miles de salteños que viven en familias monoparentales y en situación de pobreza; y extremadamente grave en el caso de niños y jóvenes de familias indigentes.
Las políticas llevadas a cabo durante los últimos 30 años, que apuntaron, invariablemente, a aliviar la situación de pobreza arrimando recursos materiales (chapas, cajas o bolsones de alimentos, subsidios dinerarios, asistencia médico-farmacéutica, y ahora computadoras), al menos en el caso de Salta, se han revelado insuficientes, sobre todo ante la irrupción del paco y otras adicciones dañinas que se abaten sobre nuestros niños y jóvenes.
A la inacción de la Provincia y Municipios en este terreno espiritual, se suma el desborde que sufren las organizaciones no gubernamentales como las iglesias y asociaciones de voluntarios, en lucha desigual contra las secuelas de la droga y sus mafias.
Pese a declaraciones bienintencionadas, Salta carece de instituciones, herramientas y profesionales preparados para hacer frente a un problema de tamaña magnitud. Cárceles, comisarías, escuelas especiales, hospitales, centros de rehabilitación, resultan insuficientes o carecen de programas idóneos y eficaces.
Una reciente encuesta nos revela que un alto porcentaje de niños y jóvenes que caen en manos del paco provienen de familias destruidas, en donde ni el padre ni la madre saben qué hacer para ayudar a sus hijos que se encaminan inexorablemente hacia el delito y la muerte.
Así como hacia finales del siglo XIX el mal citado Sarmiento trajo 200 maestras bostonianas para abatir el analfabetismo, Salta debería poner en la calle 2.000 trabajadores sociales para ayudar a la reconstrucción moral y espiritual de nuestras familias en situación de pobreza.
(Para FM Aries)
jueves, 29 de abril de 2010
martes, 27 de abril de 2010
El Estado de la hípermodernidad
La Fundación COPAIPA acaba de inaugurar su segundo ciclo de conferencias a cargo de especialistas que abordan asuntos de interés general, en el marco de una reflexión centrada en el plan estratégico para Salta en el mundo.
En esta ocasión, tres estudiosos analizaron, desde ópticas diversas, la evolución y las perspectivas del Estado como forma institucional a la que los ciudadanos encomiendan determinadas funciones.
Los expositores parecieron coincidir acerca de la doble necesidad de que el Estado provincial se abra a la participación ciudadana a través del Consejo Económico y Social, y de que refuerce su condición republicana, su capacidad de control y su papel de productor de seguridad jurídica y social.
Al hilo de esas exposiciones, haré una breve referencia a esa cierta incapacidad que tenemos los salteños (salvando muy honrosas excepciones) para teorizar sobre la experiencia histórica o cotidiana y para conectarnos con las modernas corrientes de pensamiento, al menos en determinadas áreas de las ciencias sociales.
Una incapacidad llamativa que nos aleja de las interesantes ideas que están alumbrado, más allá de nuestras fronteras, lo que se conoce como el Estado de la híper modernidad, en alusión a una forma institucional que hereda y supera al Estado posmoderno cuya decadencia se patentiza con el atentado a las Torres Gemelas y con la reciente crisis económica global.
El nuevo Estado en ciernes, es un Estado democrático, transparente, federal, productor de seguridad jurídica, medioambiental y social, promotor de la paz y de los derechos fundamentales, y que se integra en unidades supranacionales. Vale decir, una institución alejada de nuestra gris realidad local signada por un Estado centralista, opaco, promotor de hegemonías políticas de la mano del clientelismo y del exagerado gasto electoral.
Mientras el Estado Provincial salteño sobresale, además, por la ausencia de controles, por la endeblez de sus poderes de policía y por la escasa calidad de las normas que produce (me refiero a las leyes, decretos y sentencias), nuestros Estados Municipales son, en la mayoría de los casos, un resabio pre-moderno.
Los Municipios salteños carecen de las capacidades y de los recursos necesarios para absorber las nuevas funciones respecto de los riesgos globales, del urbanismo, del medio-ambiente, de los recursos naturales, la asistencia social, y de la convivencia. Son, antes que nada, elementales ruedas del engranaje político-electoral que tributa al Gobernador de turno. Organismos que rehúsan la auto-organización de los ciudadanos y que temen toda rebelión cívica contra aquellos que apuntan a convertirlos en súbditos.
Como lo muestra el caso de la Municipalidad de Cerrillos.
En esta ocasión, tres estudiosos analizaron, desde ópticas diversas, la evolución y las perspectivas del Estado como forma institucional a la que los ciudadanos encomiendan determinadas funciones.
Los expositores parecieron coincidir acerca de la doble necesidad de que el Estado provincial se abra a la participación ciudadana a través del Consejo Económico y Social, y de que refuerce su condición republicana, su capacidad de control y su papel de productor de seguridad jurídica y social.
Al hilo de esas exposiciones, haré una breve referencia a esa cierta incapacidad que tenemos los salteños (salvando muy honrosas excepciones) para teorizar sobre la experiencia histórica o cotidiana y para conectarnos con las modernas corrientes de pensamiento, al menos en determinadas áreas de las ciencias sociales.
Una incapacidad llamativa que nos aleja de las interesantes ideas que están alumbrado, más allá de nuestras fronteras, lo que se conoce como el Estado de la híper modernidad, en alusión a una forma institucional que hereda y supera al Estado posmoderno cuya decadencia se patentiza con el atentado a las Torres Gemelas y con la reciente crisis económica global.
El nuevo Estado en ciernes, es un Estado democrático, transparente, federal, productor de seguridad jurídica, medioambiental y social, promotor de la paz y de los derechos fundamentales, y que se integra en unidades supranacionales. Vale decir, una institución alejada de nuestra gris realidad local signada por un Estado centralista, opaco, promotor de hegemonías políticas de la mano del clientelismo y del exagerado gasto electoral.
Mientras el Estado Provincial salteño sobresale, además, por la ausencia de controles, por la endeblez de sus poderes de policía y por la escasa calidad de las normas que produce (me refiero a las leyes, decretos y sentencias), nuestros Estados Municipales son, en la mayoría de los casos, un resabio pre-moderno.
Los Municipios salteños carecen de las capacidades y de los recursos necesarios para absorber las nuevas funciones respecto de los riesgos globales, del urbanismo, del medio-ambiente, de los recursos naturales, la asistencia social, y de la convivencia. Son, antes que nada, elementales ruedas del engranaje político-electoral que tributa al Gobernador de turno. Organismos que rehúsan la auto-organización de los ciudadanos y que temen toda rebelión cívica contra aquellos que apuntan a convertirlos en súbditos.
Como lo muestra el caso de la Municipalidad de Cerrillos.
domingo, 25 de abril de 2010
Una eventual devaluación empobrecería a trabajadores y jubilados
Desacostumbrado y renuente a las entrevistas de prensa, me sorprendió la llamada de un periodista del Diario El Liberal de Santiago del Estero, que supo ser propiedad de la familia de mi primer profesor de Sociología. La seriedad profesional de quién me convocaba a la entrevista, me animó a la siguiente conversación.
Por Daniel Álvarez - dalvarez@elliberal.com.ar
El ex ministro de Trabajo durante la década del 90, Dr. Armando Caro Figueroa, se mostró totalmente en desacuerdo con la posibilidad de devaluación del peso respecto del dólar, ya que una decisión de ese tipo “va a ser muy dañino” para trabajadores y jubilados, “que se van a empobrecer”.
Alejado de la exposición pública desde hace varios años, el ex funcionario brindó una entrevista exclusiva a EL LIBERAL, en donde cuestionó la política económica que lleva adelante la actual administración Kirchner. Entre los principales problemas que afectan al país, Caro Figueroa nombró la alta inflación, el creciente gasto público y los subsidios a empresas públicas y privadas.
P: Esta semana se habló mucho del tipo de cambio. ¿Está atrasado?
Si está atrasado no lo sé. Lo que sí sé es que si se llega a devaluar sufrirán de nuevo trabajadores y jubilados, eso va a ser muy dañino para todos aquéllos los que tienen renta fija, se van a empobrecer. Ahora hay que tener en cuenta que hay muchos sectores empresarios interesados en devaluar, pero se sabe que una decisión de ese tipo significa una especie de ajuste casi salvaje; propio de gobiernos que, ante la incapacidad de poner en orden las cuentas, recurren a la devaluación.
P: ¿Esto está relacionado con el incremento de la inflación?
Claro. Cuando en el 2002 se hace la megadevaluación, la producción nacional gana competitividad respecto del mundo, pero a medida que la inflación va avanzando y que los salarios después de ocho años empiezan a recuperar poder adquisitivo, la paridad peso-dólar queda corta para los empresarios. Y no sólo para los que exportan, sino también para los que compiten con las importaciones. Entonces, hay sectores que piensan que para volver a ganar competitividad hay que devaluar aunque, reitero, de esta manera se perjudique a los que tienen renta fija, es decir todos los trabajadores y los jubilados
P: Su postura es de no devaluar, sin dudas…
Por supuesto. No hay que devaluar. Lo que hay que hacer es una política económica en contra de la inflación, hay que reconocer que hay una inflación enorme, que está en crecimiento constante y que la política económica y monetaria debe poner orden en la variante precios.
Una justificación del pedido de devaluación es la recomposición de los salarios en dólares, lo que podría generar desempleo. ¿Es así?
No es seguro que haya más desempleo, pero sí es cierto que algunos salarios de los trabajadores sujetos a convenios colectivos -que son poquísimos, porque de 10 millones de trabajadores, sólo 2 millones tienen convenio-, están con salarios topes, como los petroleros y ciertos sectores de la industria, los que recuperaron poder adquisitivo luego de 5 ó 6 años. En definitiva, es un pretexto de ciertos empresarios para devaluar, pero eso va a perjudicar mucho más a aquéllos que todavía tienen salarios debajo del poder adquisitivo de lo que tenían durante el 1 a 1 (régimen de convertibilidad).
P: ¿El proceso actual es crecimiento económico o es una recuperación de lo que se perdió el año pasado?
Es un poco de las dos cosas. La actividad económica, la actividad industrial y exportadora están creciendo por efecto de muchos factores. El problema es hasta cuánto puede durar una situación de expansión económica con altas tasas de inflación y sobre todo con un creciente gasto público. Ésa es la duda que tiene mucha gente.
P: ¿El anunciado canje de deuda puede ayudar o perjudicar si sigue aumentando el gasto público?
Si el canje se hace bien, que parece que se lo va a hacer bien, esto puede ser positivo para el país, cumplir compromisos siempre es bueno. Ahora, si eso da pie a un nuevo ciclo de endeudamiento con el exterior para seguir alimentando el gasto público, esto a la corta va a tener efectos negativos en la economía argentina.
P: Esto también está relacionado con el uso de las reservas, es un círculo…
El Gobierno, como todos, tiene un calendario electoral y sabe que lo tiene adelante, entonces no puede frenar ni el consumo ni el gasto público, aunque en realidad no quiere hacerlo usando determinadas herramientas, pero sí lo está haciendo utilizando la inflación. En consecuencia, una fuente de financiamiento para las dos cosas es apelar a las reservas y otra es retornar al mercado de capitales del exterior para seguir alimentando el gasto público. Esto es lo que el Gobierno seguramente hará.
sábado, 24 de abril de 2010
Enterrar a los muertos
Joaquín Leguina, además de economista, es un destacado dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue asesor del Gobierno de Salvadro Allende en Chile y Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.
La valentía de su posición respecto de las consecuencias de la Guerra Civil española y la fuerza de su razonamiento, me mueven a reproducir la columna que con su firma publica el diario "El País".
Todo ser humano -héroe o villano, decente o criminal- tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo amaron en vida. Y ese duelo exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente los restos del difunto.
Esa demanda, la del duelo, se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas dejadas en campos y cunetas por la represión franquista. Han sido los nietos de los muertos quienes han reclamado -y reclaman- un entierro decente para sus abuelos. Este era -a mi juicio- el principal objetivo de la Ley de Memoria Histórica. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para cumplir esta ley desde que se aprobó? Si hemos de atender a lo que dicen los parientes de los muertos, el Gobierno ha hecho muy poco. Quizá por eso algunos deudos fueron a llamar a la puerta de Baltasar Garzón, quien, creyéndose competente para el caso, acabó por meterse en un lío de incierto destino.
Mas, sea como sea, este barullo judicial ha servido para colar algunos mensajes de muy dudosa calidad.
Mensaje nº 1: La Ley de Amnistía -como toda la Transición- fue hecha bajo presión, debido al miedo que producía el ruido de sables. Más que amnistía fue amnesia lo que se impuso.
Esto es falso y además encierra una calumnia contra quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada. No fueron cobardes, sino generosos.
El proceso necesitaba de la previa reconciliación, por eso -y sólo para eso- se votó la Ley de Amnistía, cuya vigencia se pretende ahora negar echando mano de las normas del Derecho Penal internacional que declaran imprescriptibles los crímenes contra la Humanidad. Normas éstas que, según los especialistas consultados, no invalidan en nada la Ley de Amnistía de 1977.
En efecto, el único texto vinculante en materia de crímenes contra la Humanidad está en el convenio que se elaboró y aprobó en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 2391 -XXIII- de 26 de noviembre de 1968), que no contiene codificación alguna de normas de Derecho Internacional. Es un tratado-ley que sólo obliga a los Estados ratificantes, que han sido apenas una cincuentena, entre los que no está España ni Estados Unidos ni países importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la ley española de amnistía no se opuso a ninguna otra norma de origen internacional que la contradijese.
Por otro lado, el tratado por el que se instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 11 que esa Corte sólo tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cual deja fuera los crímenes del franquismo y también, por cierto, aquellos que pudieran haber cometido -permitido- las autoridades republicanas.
En cualquier caso, ha quedado bien claro que en los dos bandos se practicó una enfurecida "limpieza étnica".
Y aquí llega el segundo mensaje perverso:
Mensaje nº 2: Los asesinados en la retaguardia republicana ya fueron "honrados" y sus victimarios perseguidos por el franquismo. Los únicos que ahora deben ser "honrados" -y sus asesinos juzgados- son los represaliados por el franquismo.
Lo que se consigue con un mensaje tan sectario es perpetuar la división. Precisamente todo lo contrario de lo que una persona bien nacida debiera desear. En efecto, lo que se debiera hacer es precisamente lo contrario, es decir, ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos -todos- sean también de todos. Que quienes cayeron bajo la represión en la retaguardia republicana no por cometer algún delito sino por ser (ser cura, ser militar, ser noble, ser rico, ser de derechas...) sean reivindicados por las gentes de la izquierda, y los asesinados por los franquistas sin haber cometido delito alguno, simplemente, ellos también, por ser (ser sindicalista, ser republicano, ser socialista, ser comunista...) deben ser reivindicados por las gentes de la derecha. ¿Con qué fin? Simplemente, para poder decir todos juntos: ¡Nunca más!
Mensaje nº 3: Todos los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad.
Los ganadores de la guerra civil sostuvieron durante los años de la dictadura que "sus" muertos (1936-1939) en el frente o bajo la represión en los territorios fieles al Gobierno republicano eran "mártires de la Cruzada", afirmación que está tan lejos de la verdad como cerca de la propaganda.
Ahora, con parecido entusiasmo, se pretende que todos los enemigos del franquismo que fueron represaliados durante aquella interminable dictadura fueron "héroes de la Democracia".
Esta es, también, una afirmación sectaria, y por eso debe ser negada. Lo haré a continuación, a sabiendas del riesgo que corro con ello.
Vivir durante la guerra en la retaguardia republicana -nadie que se haya ocupado de ese asunto lo negará- representó para mucha gente un auténtico infierno de persecución y de muerte. Bastaría la lectura de la gran novela de Juan Iturralde, Días de llamas, para ilustrarlo.
Y esa novela me lleva a un personaje -ligado a la UGT y al PSOE- que resultó ser un individuo siniestro: Agapito García Atadell, quien se hizo famoso en Madrid al inicio de la guerra civil como jefe de una de las Brigadas del Amanecer que operaban en la capital (también los de la FAI fueron maestros en "represión revolucionaria" y montaron, por ejemplo, una checa en el Cine Europa de la calle Bravo Murillo desde donde salían a dar paseos nocturnos y a llenar de cadáveres la Dehesa de la Villa). Estas pandillas -muy contentas de exhibirse armadas por la retaguardia y de no pisar el frente- aparecían de madrugada en los domicilios de la gente "de derechas" para dar el paseo a sus moradores y, de paso, "requisar" en su propio beneficio los bienes que encontraban en los registros de aquella casas.
Según se cuenta, Indalecio Prieto -que era ministro de la Guerra- dio la orden de detener al "compañero" García Atadell y a su cuadrilla, pero, quizá alertado, Atadell arrambló con todo lo que pudo y se fue a Marsella, desde donde tomó un barco con destino a Buenos Aires. Pero el buque hizo escala en Canarias y los franquistas (quizá avisados desde la zona republicana) lo sacaron del navío y lo tomaron preso.
Sabemos a través de Koestler (autor de El cero y el infinito), entonces encarcelado por los franquistas en Sevilla, que García Atadell estuvo en aquella cárcel y allí le dieron garrote. Probablemente, sus restos reposen en alguna fosa común de algún cementerio sevillano y ahora podrían ser exhumados... ¿Con honores?
¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez? La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra...
Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva "revolucionaria". En cualquier caso, una guerra civil no es el mejor momento para la defensa de los derechos civiles ni para la discusión civilizada... "Es la hora de los hornos y no se ha de ver sino su luz", ¿recuerdan?
En fin, que entre tanto ruido se ha impuesto, al fin, una consigna según la cual "el PP se niega a reconocer la sangrante realidad de las fosas" (sic). Se llega así al último mensaje. Éste ya en clave electoral.
Mensaje nº 4: La derecha española es heredera y añorante del franquismo.
¿O sea, que casi la mitad de los votantes españoles prefieren el franquismo? No sé si los ideólogos que sostienen tal mensaje y tal barbaridad, son conscientes del disparate que perpetran con este tipo de propaganda sectaria.
Mas debo decir, para concluir, que somos muchos los que -hartos de simplificaciones- nos negamos a que la izquierda se reduzca a ser la mera expresión de una aversión, la aversión a una derecha a la que visten de maniqueo sin ningún rigor intelectual.
Joaquín Leguina es economista.
La valentía de su posición respecto de las consecuencias de la Guerra Civil española y la fuerza de su razonamiento, me mueven a reproducir la columna que con su firma publica el diario "El País".
Todo ser humano -héroe o villano, decente o criminal- tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo amaron en vida. Y ese duelo exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente los restos del difunto.
Esa demanda, la del duelo, se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas dejadas en campos y cunetas por la represión franquista. Han sido los nietos de los muertos quienes han reclamado -y reclaman- un entierro decente para sus abuelos. Este era -a mi juicio- el principal objetivo de la Ley de Memoria Histórica. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para cumplir esta ley desde que se aprobó? Si hemos de atender a lo que dicen los parientes de los muertos, el Gobierno ha hecho muy poco. Quizá por eso algunos deudos fueron a llamar a la puerta de Baltasar Garzón, quien, creyéndose competente para el caso, acabó por meterse en un lío de incierto destino.
Mas, sea como sea, este barullo judicial ha servido para colar algunos mensajes de muy dudosa calidad.
Mensaje nº 1: La Ley de Amnistía -como toda la Transición- fue hecha bajo presión, debido al miedo que producía el ruido de sables. Más que amnistía fue amnesia lo que se impuso.
Esto es falso y además encierra una calumnia contra quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada. No fueron cobardes, sino generosos.
El proceso necesitaba de la previa reconciliación, por eso -y sólo para eso- se votó la Ley de Amnistía, cuya vigencia se pretende ahora negar echando mano de las normas del Derecho Penal internacional que declaran imprescriptibles los crímenes contra la Humanidad. Normas éstas que, según los especialistas consultados, no invalidan en nada la Ley de Amnistía de 1977.
En efecto, el único texto vinculante en materia de crímenes contra la Humanidad está en el convenio que se elaboró y aprobó en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 2391 -XXIII- de 26 de noviembre de 1968), que no contiene codificación alguna de normas de Derecho Internacional. Es un tratado-ley que sólo obliga a los Estados ratificantes, que han sido apenas una cincuentena, entre los que no está España ni Estados Unidos ni países importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la ley española de amnistía no se opuso a ninguna otra norma de origen internacional que la contradijese.
Por otro lado, el tratado por el que se instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 11 que esa Corte sólo tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cual deja fuera los crímenes del franquismo y también, por cierto, aquellos que pudieran haber cometido -permitido- las autoridades republicanas.
En cualquier caso, ha quedado bien claro que en los dos bandos se practicó una enfurecida "limpieza étnica".
Y aquí llega el segundo mensaje perverso:
Mensaje nº 2: Los asesinados en la retaguardia republicana ya fueron "honrados" y sus victimarios perseguidos por el franquismo. Los únicos que ahora deben ser "honrados" -y sus asesinos juzgados- son los represaliados por el franquismo.
Lo que se consigue con un mensaje tan sectario es perpetuar la división. Precisamente todo lo contrario de lo que una persona bien nacida debiera desear. En efecto, lo que se debiera hacer es precisamente lo contrario, es decir, ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos -todos- sean también de todos. Que quienes cayeron bajo la represión en la retaguardia republicana no por cometer algún delito sino por ser (ser cura, ser militar, ser noble, ser rico, ser de derechas...) sean reivindicados por las gentes de la izquierda, y los asesinados por los franquistas sin haber cometido delito alguno, simplemente, ellos también, por ser (ser sindicalista, ser republicano, ser socialista, ser comunista...) deben ser reivindicados por las gentes de la derecha. ¿Con qué fin? Simplemente, para poder decir todos juntos: ¡Nunca más!
Mensaje nº 3: Todos los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad.
Los ganadores de la guerra civil sostuvieron durante los años de la dictadura que "sus" muertos (1936-1939) en el frente o bajo la represión en los territorios fieles al Gobierno republicano eran "mártires de la Cruzada", afirmación que está tan lejos de la verdad como cerca de la propaganda.
Ahora, con parecido entusiasmo, se pretende que todos los enemigos del franquismo que fueron represaliados durante aquella interminable dictadura fueron "héroes de la Democracia".
Esta es, también, una afirmación sectaria, y por eso debe ser negada. Lo haré a continuación, a sabiendas del riesgo que corro con ello.
Vivir durante la guerra en la retaguardia republicana -nadie que se haya ocupado de ese asunto lo negará- representó para mucha gente un auténtico infierno de persecución y de muerte. Bastaría la lectura de la gran novela de Juan Iturralde, Días de llamas, para ilustrarlo.
Y esa novela me lleva a un personaje -ligado a la UGT y al PSOE- que resultó ser un individuo siniestro: Agapito García Atadell, quien se hizo famoso en Madrid al inicio de la guerra civil como jefe de una de las Brigadas del Amanecer que operaban en la capital (también los de la FAI fueron maestros en "represión revolucionaria" y montaron, por ejemplo, una checa en el Cine Europa de la calle Bravo Murillo desde donde salían a dar paseos nocturnos y a llenar de cadáveres la Dehesa de la Villa). Estas pandillas -muy contentas de exhibirse armadas por la retaguardia y de no pisar el frente- aparecían de madrugada en los domicilios de la gente "de derechas" para dar el paseo a sus moradores y, de paso, "requisar" en su propio beneficio los bienes que encontraban en los registros de aquella casas.
Según se cuenta, Indalecio Prieto -que era ministro de la Guerra- dio la orden de detener al "compañero" García Atadell y a su cuadrilla, pero, quizá alertado, Atadell arrambló con todo lo que pudo y se fue a Marsella, desde donde tomó un barco con destino a Buenos Aires. Pero el buque hizo escala en Canarias y los franquistas (quizá avisados desde la zona republicana) lo sacaron del navío y lo tomaron preso.
Sabemos a través de Koestler (autor de El cero y el infinito), entonces encarcelado por los franquistas en Sevilla, que García Atadell estuvo en aquella cárcel y allí le dieron garrote. Probablemente, sus restos reposen en alguna fosa común de algún cementerio sevillano y ahora podrían ser exhumados... ¿Con honores?
¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez? La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra...
Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva "revolucionaria". En cualquier caso, una guerra civil no es el mejor momento para la defensa de los derechos civiles ni para la discusión civilizada... "Es la hora de los hornos y no se ha de ver sino su luz", ¿recuerdan?
En fin, que entre tanto ruido se ha impuesto, al fin, una consigna según la cual "el PP se niega a reconocer la sangrante realidad de las fosas" (sic). Se llega así al último mensaje. Éste ya en clave electoral.
Mensaje nº 4: La derecha española es heredera y añorante del franquismo.
¿O sea, que casi la mitad de los votantes españoles prefieren el franquismo? No sé si los ideólogos que sostienen tal mensaje y tal barbaridad, son conscientes del disparate que perpetran con este tipo de propaganda sectaria.
Mas debo decir, para concluir, que somos muchos los que -hartos de simplificaciones- nos negamos a que la izquierda se reduzca a ser la mera expresión de una aversión, la aversión a una derecha a la que visten de maniqueo sin ningún rigor intelectual.
Joaquín Leguina es economista.
viernes, 23 de abril de 2010
Basura urbana, responsabilidad compartida
La basura hogareña e industrial crece, en Salta y en muchas localidades de la Provincia, de modo exponencial.
Pese a ello, ni los ciudadanos ni, menos, las autoridades municipales hemos encontrado hasta ahora fórmulas para solucionar este grave problema urbano.
El servicio público de recogida de basura es, allí donde existe, insuficiente y precario en relación con la magnitud de los residuos que la gente y las empresas depositan en las calles y también en los caminos.
Cuando se pasa revista a lo que sucede en el ámbito provincial, se advierte que el equipamiento con que cuentan las municipalidades es, además de escaso, antiguo. Que el personal, además de mal pagado, no está suficientemente capacitado para tan ingrata tarea. Que los diagramas horarios y zonales no alcanzan para brindar un buen servicio a todos.
Pero el problema no se circunscribe a la recolección. En realidad, en casi todos nuestros pueblos y ciudades, el servicio municipal de recogida de residuos se limita a retirarlos de la vista del público para acumularlos en enormes y malsanos basurales. O sea, a esconder la basura debajo de la alfombra.
Ahora bien: Si los servicios municipales merecen ser reprobados, la conducta de nosotros los vecinos no sale mejor parada.
Dicho de otro modo: el grave problema que padecemos es responsabilidad compartida de autoridades y ciudadanos; y, por lo tanto, no encontrará solución a menos que seamos capaces de abrir cauces de colaboración entre quienes producen y quienes procesan los residuos urbanos.
Vale decir, que concibamos el problema como una cadena integrada que comienza en los hogares y en las empresas (responsables de separar convenientemente sus residuos), y termina en los vertederos dotados de tratamientos, respetuosos de los criterios medioambientales, para el reciclado y destrucción de la basura.
Para transformar un panorama que habla mucho y mal de nuestra cultura urbana, hacen falta muchas cosas. Del lado de los vecinos: educación, responsabilidad, organización y voluntad de presionar a las autoridades. Del lado de las municipalidades: creación de reglas, señalización, nuevos equipos.
Mientras que del lado municipal las cosas siguen como hace décadas, del lado ciudadano han comenzado a surgir iniciativas que fomentan la separación de la basura hogareña y habilitan puntos de recogida de la basura convenientemente separada desde donde se remiten a centros de reciclado, generalmente vinculados con tareas solidarias.
Muchos ciudadanos de Vaqueros, por poner un ejemplo que me toca de cerca, se han dado a esta tarea civilizatoria.
(Para FM Aries)
Pese a ello, ni los ciudadanos ni, menos, las autoridades municipales hemos encontrado hasta ahora fórmulas para solucionar este grave problema urbano.
El servicio público de recogida de basura es, allí donde existe, insuficiente y precario en relación con la magnitud de los residuos que la gente y las empresas depositan en las calles y también en los caminos.
Cuando se pasa revista a lo que sucede en el ámbito provincial, se advierte que el equipamiento con que cuentan las municipalidades es, además de escaso, antiguo. Que el personal, además de mal pagado, no está suficientemente capacitado para tan ingrata tarea. Que los diagramas horarios y zonales no alcanzan para brindar un buen servicio a todos.
Pero el problema no se circunscribe a la recolección. En realidad, en casi todos nuestros pueblos y ciudades, el servicio municipal de recogida de residuos se limita a retirarlos de la vista del público para acumularlos en enormes y malsanos basurales. O sea, a esconder la basura debajo de la alfombra.
Ahora bien: Si los servicios municipales merecen ser reprobados, la conducta de nosotros los vecinos no sale mejor parada.
Dicho de otro modo: el grave problema que padecemos es responsabilidad compartida de autoridades y ciudadanos; y, por lo tanto, no encontrará solución a menos que seamos capaces de abrir cauces de colaboración entre quienes producen y quienes procesan los residuos urbanos.
Vale decir, que concibamos el problema como una cadena integrada que comienza en los hogares y en las empresas (responsables de separar convenientemente sus residuos), y termina en los vertederos dotados de tratamientos, respetuosos de los criterios medioambientales, para el reciclado y destrucción de la basura.
Para transformar un panorama que habla mucho y mal de nuestra cultura urbana, hacen falta muchas cosas. Del lado de los vecinos: educación, responsabilidad, organización y voluntad de presionar a las autoridades. Del lado de las municipalidades: creación de reglas, señalización, nuevos equipos.
Mientras que del lado municipal las cosas siguen como hace décadas, del lado ciudadano han comenzado a surgir iniciativas que fomentan la separación de la basura hogareña y habilitan puntos de recogida de la basura convenientemente separada desde donde se remiten a centros de reciclado, generalmente vinculados con tareas solidarias.
Muchos ciudadanos de Vaqueros, por poner un ejemplo que me toca de cerca, se han dado a esta tarea civilizatoria.
(Para FM Aries)
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