Las compañías telefónicas concentran la mayor cantidad de quejas de los usuarios de servicios públicos. Puede que en Salta el porcentaje de quejumbrosos sea menor, no porque estemos bien atendidos, sino porque a veces nos cuesta protestar o no tenemos a mano los canales para conocer y hacer respetar nuestros derechos.
Los abusos de las compañías de teléfono son enormes, variados y difíciles de desmontar. Sobre todo en el área de la telefonía móvil a la que hoy acceden miles y miles de salteños, muchos de los cuales tienen una idea muy limitada de las nuevas tecnologías y de sus derechos. Esta ignorancia es aprovechada de modo exasperante por las tres compañías telefónicas, sin que pueda saberse cuál de ellas es la peor de todas.
Adviértase que estas compañías que invocan la libertad de mercado, actúan en realidad en un "mercado imperfecto" en tanto los consumidores casi nunca disponen de la información imprescindible para contratar con ellas. Los "fallos del mercado", ante las algunas regulatorias, son campo orégano para las telefónicas.
El problema y su solución poco y nada tienen que ver con el debate acerca del carácter público o privado de las operadoras. Como lo saben los argentinos que padecieron los desastres de ENTEL, y lo sabemos los salteños que sufrimos la burla de la antigua Compañía Argentina de Teléfonos (CAT), que se había comprometido a prestar servicios de calidad idéntica a la que se brindaba en los países nórdicos.
La causa de nuestros males actuales (precios exagerados, contratos leoninos, mala atención al público, conexiones deficientes, áreas aisladas, escasa y despareja inversión en infraestructura de las comunicaciones, pésimos servicios técnicos, reparaciones que se eternizan) está, a mi entender, en las pobres regulaciones que ordenan el funcionamiento del sector de la telefonía.
Desde los años 90 a la fecha, el Estado argentino carece de expertos capaces de regular equitativamente las prestaciones y la actuación de las compañías prestadoras. Esta carencia permite que sean las propias empresas las que lleven la voz cantante a la hora de diseñar las reglas, con los consiguientes desequilibrios y la desprotección del interés de los usuarios individuales.
La Comisión de Comunicaciones es, para los salteños, un ente lejano, ausente e ineficaz. A su vez, los llamados servicios de atención al cliente no brindan soluciones a las quejas de los usuarios; tanto si actúan desde un call center, como si lo hacen en un mostrador y de cara al público. Por lo que concierne a la justicia, hay que decir que no está preparada para atender las micro-quejas que son propias de esta actividad.
En realidad, el Estado debería dar mayor intervención a las asociaciones de usuarios y establecer un cuadro tarifario que penalice a las empresas que motiven la mayor cantidad de quejas no resueltas satisfactoriamente. A más quejas, tarifas más baratas. Tocarles el bolsillo es quizá el único camino para frenar a estos desaprensivos operadores.
lunes, 15 de noviembre de 2010
viernes, 12 de noviembre de 2010
Expedientes "reservados"
Como es notorio, el acceso a la información pública es un derecho que encuentra severas limitaciones dentro de la Administración salteña. Más allá de su cicatera regulación, en muchas áreas y oficinas se imponen los criterios del funcionario de turno partidario de impedir o restringir abusivamente el acceso de los ciudadanos a los expedientes que, salvo muy contadas excepciones, debieran permanecer abiertos a la consulta y al escrutinio del público.
Lamentablemente hay todavía en nuestra administración provincial muchos funcionarios que actúan ignorando que vivimos en democracia y que ellos sirven a un Estado democrático. Tal comportamiento es el resultado de años de autoritarismos -abiertos o solapados- y del desinterés de las más altas autoridades de la Administración para garantizar a todos el acceso a la información pública.
En este contexto, me permito relatar un incidente ocurrido días atrás en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en donde un señor Subsecretario me negó el acceso a un expediente invocando que se trataba de una causa “reservada”, cuando en realidad era un simple asunto de encuadramiento sindical. Rechazó asimismo recibirme para darme la oportunidad de requerirle explicaciones y de escuchar de su boca tan absurda negativa.
Si bien es cierto que, ante mi insistencia, el señor Subsecretario accedió -desde la olímpica distancia de su despacho y por intermedio de una secretaria- a mostrarme el expediente a condición de que acreditara mi carácter de apoderado de una de las partes, considero inadmisible negar un ciudadano (sea o no abogado) el acceso a expedientes que, por definición, son instrumentos públicos abiertos al público.
El oscurantismo administrativo, que campea en más de un ministerio, repugna a los valores republicanos, viola el principio de publicidad al que debe someterse la Administración Pública por imperio del artículo 61 de la Constitución de Salta, y contradice lo dispuesto por la Ley provincial de Procedimiento Administrativo.
Pienso que la ciudadanía, las organizaciones sociales y profesionales, así como los medios de comunicación deberíamos movilizarnos para acabar con esta lacra autoritaria. Denunciando públicamente los hechos que se produzcan, interpelando a gobernadores y ministros, bregando por la urgente regulación del derecho a acceder a la información pública, explicando a los ciudadanos que los expedientes pueden ser consultados por todos, salvo excepciones muy fundadas. Por aquello de que "mejor que decir es hacer", añadiré que acabo de presentar formal protesta ante el Colegio de Abogados de Salta. A ver.
La información abierta y oportuna hace a la calidad de las democracias; el libre acceso a los expedientes administrativos evita la corrupción y las corruptelas; restringir la información beneficia solo a quienes maniobran en las sombras en búsqueda de lucros indebidos.
(Para FM Aries)
Lamentablemente hay todavía en nuestra administración provincial muchos funcionarios que actúan ignorando que vivimos en democracia y que ellos sirven a un Estado democrático. Tal comportamiento es el resultado de años de autoritarismos -abiertos o solapados- y del desinterés de las más altas autoridades de la Administración para garantizar a todos el acceso a la información pública.
En este contexto, me permito relatar un incidente ocurrido días atrás en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en donde un señor Subsecretario me negó el acceso a un expediente invocando que se trataba de una causa “reservada”, cuando en realidad era un simple asunto de encuadramiento sindical. Rechazó asimismo recibirme para darme la oportunidad de requerirle explicaciones y de escuchar de su boca tan absurda negativa.
Si bien es cierto que, ante mi insistencia, el señor Subsecretario accedió -desde la olímpica distancia de su despacho y por intermedio de una secretaria- a mostrarme el expediente a condición de que acreditara mi carácter de apoderado de una de las partes, considero inadmisible negar un ciudadano (sea o no abogado) el acceso a expedientes que, por definición, son instrumentos públicos abiertos al público.
El oscurantismo administrativo, que campea en más de un ministerio, repugna a los valores republicanos, viola el principio de publicidad al que debe someterse la Administración Pública por imperio del artículo 61 de la Constitución de Salta, y contradice lo dispuesto por la Ley provincial de Procedimiento Administrativo.
Pienso que la ciudadanía, las organizaciones sociales y profesionales, así como los medios de comunicación deberíamos movilizarnos para acabar con esta lacra autoritaria. Denunciando públicamente los hechos que se produzcan, interpelando a gobernadores y ministros, bregando por la urgente regulación del derecho a acceder a la información pública, explicando a los ciudadanos que los expedientes pueden ser consultados por todos, salvo excepciones muy fundadas. Por aquello de que "mejor que decir es hacer", añadiré que acabo de presentar formal protesta ante el Colegio de Abogados de Salta. A ver.
La información abierta y oportuna hace a la calidad de las democracias; el libre acceso a los expedientes administrativos evita la corrupción y las corruptelas; restringir la información beneficia solo a quienes maniobran en las sombras en búsqueda de lucros indebidos.
(Para FM Aries)
martes, 9 de noviembre de 2010
Reelección, dinero y circunscripciones electorales
Los dos últimos gobernadores de Salta tuvieron la sagacidad necesaria para organizar sus asuntos políticos de modo de acumular enormes poderes. A poco de iniciados sus respectivos mandatos, actuaron con la tranquilidad de tener la vaquita atada. Seguros, de que nada ni nadie o casi nadie podría moderar su sed de mando ni ejercer controles republicanos. Cada uno de ellos, a su manera, aprendió a decir y hacer aquello que lo encumbraba hasta hacerlo temible, hasta permitirle soñar con fundar en este valle de Lerma una dinastía oriental.
¿Qué hizo posible tamaña trayectoria? Presentaré tres causas de orden institucional, dejando para otra ocasión el análisis de los factores culturales.
Coloco en primer lugar, a la posibilidad abierta a las reelecciones sucesivas. Vale decir, a las reformas constitucionales impulsadas por el señor Romero, don Juan Carlos, que en su día contaron con el aval entusiasta y letrado del señor Urtubey.
En segundo lugar, al régimen electoral que destruye el principio un hombre un voto, primando a los votantes de circunscripciones minúsculas, ciertamente más fáciles de controlar desde las Intendencias y a través del reparto de promesas y dádivas.
También, y es el tercer factor que explica la penosa decadencia de la democracia local, el peso determinante del dinero en las campañas electorales. Es el dinero privado el que motoriza y hacen posible la acción política masiva y las movilizaciones que buscan votos; el que permite disciplinar a los rebeldes; el que da acceso a la televisión.
Cuando este dinero privado no basta (las campañas en Salta son extraordinariamente costosas), quién duerme en Las Costas tiene a mano recursos públicos inagotables para barrer opositores y perpetuarse, quebrando las reglas de la competencia democrática.
Para reforzar estos argumentos, bastará con imaginar lo que ocurrirá en las próximas elecciones.
¿Alguien sospecha que el resultado sería el que ahora mismo es previsible si el señor Urtubey no pudiera optar a la reelección? ¿Alguien cree que el futuro Gobernador podría travestirse en príncipe o sultán sin contar con las mayorías automáticas y artificiales en la Legislatura? ¿Alguien supone que las cosas serían como hasta hoy si se vedara el financiamiento privado de las campañas electorales?
Pienso, modestamente, que nuestra democracia ganaría en calidad si no existiera la reelección, si lográramos configurar circunscripciones electorales que reflejen el pluralismo social, territorial e ideológico de Salta, y si atendiendo a los prudentes consejos de Eduardo FREI o de Roberto MANGABEIRA pusiéramos en marcha el financiamiento estrictamente público de las campañas electorales.
Y cito a dos pensadores de vanguardia que nos visitaron recientemente y con quienes nuestro actual Gobernador pudo conversar mano a manos, pero, visto lo visto, sin mayor provecho.
(Para FM Aries)
¿Qué hizo posible tamaña trayectoria? Presentaré tres causas de orden institucional, dejando para otra ocasión el análisis de los factores culturales.
Coloco en primer lugar, a la posibilidad abierta a las reelecciones sucesivas. Vale decir, a las reformas constitucionales impulsadas por el señor Romero, don Juan Carlos, que en su día contaron con el aval entusiasta y letrado del señor Urtubey.
En segundo lugar, al régimen electoral que destruye el principio un hombre un voto, primando a los votantes de circunscripciones minúsculas, ciertamente más fáciles de controlar desde las Intendencias y a través del reparto de promesas y dádivas.
También, y es el tercer factor que explica la penosa decadencia de la democracia local, el peso determinante del dinero en las campañas electorales. Es el dinero privado el que motoriza y hacen posible la acción política masiva y las movilizaciones que buscan votos; el que permite disciplinar a los rebeldes; el que da acceso a la televisión.
Cuando este dinero privado no basta (las campañas en Salta son extraordinariamente costosas), quién duerme en Las Costas tiene a mano recursos públicos inagotables para barrer opositores y perpetuarse, quebrando las reglas de la competencia democrática.
Para reforzar estos argumentos, bastará con imaginar lo que ocurrirá en las próximas elecciones.
¿Alguien sospecha que el resultado sería el que ahora mismo es previsible si el señor Urtubey no pudiera optar a la reelección? ¿Alguien cree que el futuro Gobernador podría travestirse en príncipe o sultán sin contar con las mayorías automáticas y artificiales en la Legislatura? ¿Alguien supone que las cosas serían como hasta hoy si se vedara el financiamiento privado de las campañas electorales?
Pienso, modestamente, que nuestra democracia ganaría en calidad si no existiera la reelección, si lográramos configurar circunscripciones electorales que reflejen el pluralismo social, territorial e ideológico de Salta, y si atendiendo a los prudentes consejos de Eduardo FREI o de Roberto MANGABEIRA pusiéramos en marcha el financiamiento estrictamente público de las campañas electorales.
Y cito a dos pensadores de vanguardia que nos visitaron recientemente y con quienes nuestro actual Gobernador pudo conversar mano a manos, pero, visto lo visto, sin mayor provecho.
(Para FM Aries)
viernes, 5 de noviembre de 2010
Habla Frei y Urtubey hace oidos sordos
La prestigiosa Fundación Río de la Plata tuvo el acierto de traer a nuestra ciudad a don Eduardo Frei Ruiz Tagle, ex presidente de Chile y patrocinar una conferencia pública a la que asistieron varios centenares de salteños que, a juzgar por los aplausos, quedaron muy a gusto con las ideas del líder de la democracia cristiana.
Asistieron al acto el señor Gobernador de Salta, acompañado de su séquito habitual y de casi todo su equipo, así como un variopinto elenco de dirigentes políticos y sociales locales.
Antes de referirme a algunos de los conceptos del ex mandatario chileno, quisiera destacar el acierto de don Juan Manuel Urtubey al no ocupar la tribuna y guardar un silencio que se agradece, dejando todo el protagonismo a tan ilustre visitante.
Puede además que nuestro Gobernador no hubiera sabido qué decir ante las afirmaciones centrales de don Eduardo Frei que cuestionaron sin decirlo a buena parte de las prácticas políticas que despliegan el matrimonio presidencial (en el orden nacional), y el mismo señor Urtubey (en el ámbito provincial).
Debió sentirse incómodo don Juan Manuel al oír críticas severas al clientelismo, o al escuchar la reivindicación del rol institucional de los partidos políticos en demérito de los caudillos, o la defensa de la independencia de los poderes como expresión del republicanismo democrático.
Probablemente se habrá revuelto discretamente en su asiento cuando Frei advertía sobre los efectos perniciosos del dinero privado en el financiamiento de la política, cuando denostó a la lógica del poder por el poder, cuando reivindicó el diálogo como condición de civilización, o cuando descalificó a aquellos que se sienten “salvadores de las patrias” y a quienes, cual Adanes, se pretenden iniciadores de ciclos históricos.
Siendo que el señor Urtubey opina que su gestión es ejemplar, excelente y única, en tanto está haciendo realidad nada menos que todas las esperanzas de cada uno de los salteños, se le habrán atragantado las medialunas al escuchar a don Eduardo Frei criticar la autocomplacencia como un factor que degrada la vida política en esta parte del mundo.
De no haber sido por las exigencias del protocolo, es muy probable que nuestro Gobernador se hubiera marchado o interrumpido al orador en el preciso momento en que el ex Presidente de Chile descalificaba a quienes cambian las reglas políticas en beneficio propio, y añadía que no hay democracia sin luz en los asuntos públicos.
Pero por encima de probables incomodidades en la cima del poder local, lo cierto es que los salteños que asistimos al desayuno convocado por la Fundación Río de la Plata disfrutamos con una provechosa lección democrática a cargo de un orador excelso y riguroso.
Asistieron al acto el señor Gobernador de Salta, acompañado de su séquito habitual y de casi todo su equipo, así como un variopinto elenco de dirigentes políticos y sociales locales.
Antes de referirme a algunos de los conceptos del ex mandatario chileno, quisiera destacar el acierto de don Juan Manuel Urtubey al no ocupar la tribuna y guardar un silencio que se agradece, dejando todo el protagonismo a tan ilustre visitante.
Puede además que nuestro Gobernador no hubiera sabido qué decir ante las afirmaciones centrales de don Eduardo Frei que cuestionaron sin decirlo a buena parte de las prácticas políticas que despliegan el matrimonio presidencial (en el orden nacional), y el mismo señor Urtubey (en el ámbito provincial).
Debió sentirse incómodo don Juan Manuel al oír críticas severas al clientelismo, o al escuchar la reivindicación del rol institucional de los partidos políticos en demérito de los caudillos, o la defensa de la independencia de los poderes como expresión del republicanismo democrático.
Probablemente se habrá revuelto discretamente en su asiento cuando Frei advertía sobre los efectos perniciosos del dinero privado en el financiamiento de la política, cuando denostó a la lógica del poder por el poder, cuando reivindicó el diálogo como condición de civilización, o cuando descalificó a aquellos que se sienten “salvadores de las patrias” y a quienes, cual Adanes, se pretenden iniciadores de ciclos históricos.
Siendo que el señor Urtubey opina que su gestión es ejemplar, excelente y única, en tanto está haciendo realidad nada menos que todas las esperanzas de cada uno de los salteños, se le habrán atragantado las medialunas al escuchar a don Eduardo Frei criticar la autocomplacencia como un factor que degrada la vida política en esta parte del mundo.
De no haber sido por las exigencias del protocolo, es muy probable que nuestro Gobernador se hubiera marchado o interrumpido al orador en el preciso momento en que el ex Presidente de Chile descalificaba a quienes cambian las reglas políticas en beneficio propio, y añadía que no hay democracia sin luz en los asuntos públicos.
Pero por encima de probables incomodidades en la cima del poder local, lo cierto es que los salteños que asistimos al desayuno convocado por la Fundación Río de la Plata disfrutamos con una provechosa lección democrática a cargo de un orador excelso y riguroso.
lunes, 1 de noviembre de 2010
¿Trabajar mas o trabajar mejor?
Don Gerardo Díaz Ferrán es conocido entre nosotros por su pésima gestión en Aerolíneas Argentinas, y en España por su condición de presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE), cargo del que acaba de anunciar su alejamiento.
Sucede que su permanencia al frente de la CEOE se había vuelto insostenible e incluso contraproducente para los intereses del patronato español a raíz de la quiebra de la empresa MARSANS buque insignia del grupo por él liderado.
Por estos días don Gerardo Díaz Ferrán se atrevió a pedir a los españoles que “trabajen más y cobren menos”. Una frase desafortunada que resume sus ideas para superar la crisis que ha hundido en el desempleo a más de 4 millones de trabajadores (entre españoles e inmigrantes). Cuatro millones para quienes las recetas de la CEOE no sirven para nada, en tanto quieren trabajar y no pueden, y han perdido su salario sin por ello recuperar un empleo.
Si bien las estadísticas muestran que la productividad de los españoles no evoluciona al ritmo necesario para relanzar su economía, y que algunos salarios se han elevado por encima de lo prudencial para un país cuya moneda no puede devaluarse, la proclama del líder de la patronal española no sirve para resolver los problemas.
Como lo han explicado varios expertos, no hace falta que los españoles trabajen más incrementando su jornada laboral, sino que han de esforzarse por trabajar mejor. Por otra parte, los salarios, antes que bajar, deberían revisarse para suprimir privilegios (que benefician a quienes trabajan mal) y tratos discriminatorios (que perjudican a los jóvenes y a las mujeres).
Por extraño que parezca, los trabajadores mejor formados y con mayores potencialidades para encabezar el renacimiento económico español, no encuentran en sus actuales empleos los incentivos que les muevan a asumir responsabilidades y a liderar una nueva cultura del esfuerzo.
La caída de la productividad española tiene que ver, en mi opinión, con un insuficiente aprovechamiento de las nuevas tecnologías y con severos problemas derivados de las reglas que definen los incentivos relacionados con el trabajo; en especial, con los convenios colectivos. Sin olvidar que la reciente explosión del desempleo está íntimamente relacionada con las carencias de un modelo productivo basado en la construcción y otras actividades que requieren mano de obra poco cualificada.
En este difícil contexto, el Gobierno del Presidente Zapatero acaba de designar a un nuevo Ministro de Trabajo (Valeriano Gómez, con quién trabajé muchos años asesorando a la UGT y a los gobiernos de Felipe González), con la encomienda de recomponer las relaciones con los sindicatos y desarrollar la reforma laboral recién aprobada por el Parlamento.
(Para FM Aries)
Sucede que su permanencia al frente de la CEOE se había vuelto insostenible e incluso contraproducente para los intereses del patronato español a raíz de la quiebra de la empresa MARSANS buque insignia del grupo por él liderado.
Por estos días don Gerardo Díaz Ferrán se atrevió a pedir a los españoles que “trabajen más y cobren menos”. Una frase desafortunada que resume sus ideas para superar la crisis que ha hundido en el desempleo a más de 4 millones de trabajadores (entre españoles e inmigrantes). Cuatro millones para quienes las recetas de la CEOE no sirven para nada, en tanto quieren trabajar y no pueden, y han perdido su salario sin por ello recuperar un empleo.
Si bien las estadísticas muestran que la productividad de los españoles no evoluciona al ritmo necesario para relanzar su economía, y que algunos salarios se han elevado por encima de lo prudencial para un país cuya moneda no puede devaluarse, la proclama del líder de la patronal española no sirve para resolver los problemas.
Como lo han explicado varios expertos, no hace falta que los españoles trabajen más incrementando su jornada laboral, sino que han de esforzarse por trabajar mejor. Por otra parte, los salarios, antes que bajar, deberían revisarse para suprimir privilegios (que benefician a quienes trabajan mal) y tratos discriminatorios (que perjudican a los jóvenes y a las mujeres).
Por extraño que parezca, los trabajadores mejor formados y con mayores potencialidades para encabezar el renacimiento económico español, no encuentran en sus actuales empleos los incentivos que les muevan a asumir responsabilidades y a liderar una nueva cultura del esfuerzo.
La caída de la productividad española tiene que ver, en mi opinión, con un insuficiente aprovechamiento de las nuevas tecnologías y con severos problemas derivados de las reglas que definen los incentivos relacionados con el trabajo; en especial, con los convenios colectivos. Sin olvidar que la reciente explosión del desempleo está íntimamente relacionada con las carencias de un modelo productivo basado en la construcción y otras actividades que requieren mano de obra poco cualificada.
En este difícil contexto, el Gobierno del Presidente Zapatero acaba de designar a un nuevo Ministro de Trabajo (Valeriano Gómez, con quién trabajé muchos años asesorando a la UGT y a los gobiernos de Felipe González), con la encomienda de recomponer las relaciones con los sindicatos y desarrollar la reforma laboral recién aprobada por el Parlamento.
(Para FM Aries)
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