Demasiado Gobierno

En el terreno de la realidad política histórica y comparada existen, como es sabido, variadas expresiones o modos de democracia. En realidad, es posible verificar tantas modalidades como países o demarcaciones la han adoptado como forma de gobierno.
De entre este universo de formas históricas, me referiré a dos de ellas: Las democracias con gobiernos exuberantes, y las democracias centradas en la autonomía ciudadana.
La Argentina, de un tiempo a esta parte, parece atrapada en las espesas redes que tejen, para perpetuarse, quienes ocupan el vértice del poder público. La idea que viene imponiéndose por la fuerza de los hechos (a contramando de nuestras reglas constitucionales), pregona las bondades del gobierno fuerte y omnipresente.
El relato de los panegiristas del híper presidencialismo nos dice que se trata de una solución imprescindible tanto para domesticar desobediencias propias del carácter vernáculo, como para adoptar las medidas que unas veces encaucen la prosperidad y otras gobiernen las crisis. Esta forma degradada de democracia entroniza líderes carismáticos, insustituibles, infalibles y si acaso bellos. En paralelo, su dinámica política alienta y alimenta las antinomias y disfruta dividiendo a la sociedad en buenos y malos, amigos y enemigos. Y, ya se sabe, “al amigo, todo; al enemigo, ni justicia”.
Cuando, al amparo de una legitimidad mayoritaria, surge la tentación hegemónica, toda disidencia es repudiable y perseguida; las usinas del poder dedican grandes esfuerzos para acallar preguntas, someter rebeldías, silenciar discrepancias. Sólo valen incondicionalidades y verticalismos.
Casi sin que los simples ciudadanos nos demos cuenta, reaparecen relatos, hechos y omisiones que evocan desgraciados tiempos pasados. Es, por ejemplo, el caso de aquella tristemente célebre frase “por algo será”, que esconde cheques en blanco, miserias humanas y temores.
Por mucho que nos pese, la Argentina transita este peligroso camino o, si se prefiere, está instalada de lleno en el híper presidencialismo, que se nos presenta, en pleno siglo XXI, teñido de matices seudo-maternales. Sin embargo, tengo para mí que este discurso no es sino la nueva cara del mesianismo setentista.
Un gobierno exuberante decide o pretende decidir sobre nuestros ingresos, nuestro consumo (incluidos deporte y cultura), nuestros ahorros, nuestros héroes y nuestros villanos. Esta en el código genético de esta forma empobrecida de democracia el rescribir la historia (para lo cual se montan institutos revisionistas) y, de ser posible, narrar el presente controlando a los medios de prensa o, al menos, la agenda cotidiana de los argentinos.
En este último sentido, si bien estamos afortunadamente lejos de una opinión pública controlada desde el poder, hay que reconocer que en más de una ocasión el Gobierno de doña Cristina Fernández de Kirchner logra que los argentinos hablemos de forma casi excluyente de los temas que ella y sus voceros instalan cada mañana.
¿Cómo hemos llegado a esta situación decadente? Pienso que no es bueno atribuir toda la responsabilidad a quienes hoy disfrutan y ejercen el poder político.
Por el contrario, es preciso reconocer algunas lacras institucionales: El régimen electoral, el federalismo debilitado por la actitud complaciente de los mandatarios provinciales, las restricciones a la independencia de los jueces, la colonización de los órganos de control por personeros de la mayoría, la insignificancia de la oposición, la provocada disolución del sistema de partidos. Y, sobre todo, la inexistencia de mecanismos para hacer directamente operativos principios y valores de la Constitución Nacional.
Y es preciso también admitir que existen falencias en nuestra cultura política. Son legión los que se muestran satisfechos con esta democracia delegada, en donde muchos sólo tienen la posibilidad de ser ciudadanos bianuales en el cuarto oscuro.
Frente a este panorama, ciertamente preocupante, deberíamos volver la mirada a la forma contrapuesta de gobierno. Me refiero a la democracia centrada en la autonomía ciudadana; vale decir, a un estado de cosas en donde los ciudadanos se autogobiernen allí donde resulte posible o necesario (los temas municipales son un ámbito propicio) y  ejerzan el control de los representantes.
Para avanzar en esta dirección tendríamos que derribar las barreras que hoy limitan el accionar de las organizaciones no gubernamentales (centros vecinales, por ejemplo), democratizar y despegar del Estado a los colegios profesionales y a las cámaras patronales, hacer realidad la libertad sindical, garantizar el acceso a la información pública, reformar el financiamiento de la política.
Pero, hay tres enemigos que conspiran contra este tránsito virtuoso: el odio, que separa a los argentinos en réprobos y elegidos; la sed de poder, riqueza y honores; y el miedo que en muchas ocasiones nos paraliza frente a un gobierno sin límites, que va por todo.

¿Conflicto o crisis institucional?

La propuesta para designar una Secretaria y su rechazo por la mayoría del tribunal originó un conflicto en la cúpula del Poder Judicial de Salta. En un principio, este conflicto giró alrededor de las facultades de la ministra proponente, pero el asunto comenzó a tensarse cuando se conocieron los argumentos esgrimidos para rechazar la designación: condición femenina y vínculo marital de la funcionaria propuesta con un abogado que en su día impugnó a uno de los ministros de la Corte.
Pero más allá de lo repudiable de tales argumentos (a los que me he referido en mi anterior columna), lo cierto es que las partes, dejando de lado sus altas responsabilidades institucionales, optaron por redoblar sus antagónicas apuestas y abrieron una crisis muy seria en donde solo existía un conflicto con canales jurídicos suficientes para restablecer rápidamente la normalidad.
Los ministros de la Corte, en esta ocasión, han demostrado escasa profesionalismo y nula prudencia a la hora de encarar un asunto originariamente simple. Las reacciones corporativas, la personalización del conflicto, y la malsana costumbre de sostener posiciones insostenibles por el solo hecho de no enmendar, son impropias de  quienes han sido llamados a integrar el más alto tribunal de justicia de la provincia.
Si, como parece evidente, cada ministro de la Corte tiene facultades para designar a un Secretario que lo acompañe durante su desempeño, la mayoría que vetó el nombramiento debería dar marcha atrás y restablecer el orden reglado. Será igualmente aconsejable que el tribunal emitiera una declaración institucional despegándose del machismo y enfatizando su respeto a las normas constitucionales que prohíben discriminar.
Ambas decisiones cerrarían el conflicto y abortarían una crisis institucional.
Ahora bien: Aun cuando nuestra Corte, como todos los altos tribunales del mundo, tiene su historia, no es bueno desatar una batalla política que termine alentando sospechas sobre las sentencias judiciales.
Y cuando hablo de batalla política me refiero a la participación en este conflicto de los miembros de los otros poderes del Estado (legisladores y Gobierno) por fuera de los carriles institucionales. Conspirar para desestabilizar la Corte, aprovechar el conflicto para pasar antiguas facturas o influir en fallos pendientes, son actuaciones de inusitada gravedad.
Si existen o existieron presiones o amenazas, los miembros de la Corte están obligados a denunciarlas. Si alguien pretende que algunos de los ministros del tribunal incumplieron o incumplen sus deberes, están también obligados a poner en marcha los mecanismos legalmente previstos.
Pero esto de lanzarse insultos, sembrar sospechas, realizar operaciones de prensa, etiquetar a los contendientes, anunciar delitos sin denunciarlos, es más propio de asociaciones deportivas decadentes que de jueces, legisladores o gobernantes respetuosos del orden democrático.

Ajustando cuentas

Doña Cristina Fernández de Kirchner y las fuerzas intelectuales afines huyen, como de la peste, del término ajuste. La bonanza (selectiva) provocada por los inéditos precios de los alimentos exportables, sumada a una política económica ciertamente creativa y constitucionalmente hereje, relevó hasta aquí a la Presidenta de la penosa tarea de arbitrar sacrificios.
Aquella bonanza -que, como sabemos, no benefició a todos los argentinos-, hizo nacer en el vértice del Poder la ilusión de que la Argentina había descubierto la piedra filosofal y animó a la Presidenta a exhibir ante sus pares del mundo y con orgullo setentista, un modelo que solo producía bienestar y distribuía felicidad para todos.
Sin embargo, las notorias dificultades económicas que experimenta buena parte del mundo, sumadas a decenas de decisiones locales, erróneas unas e irresponsables otras, han puesto a doña Cristina Fernández de Kirchner ante deberes cuyo ejercicio genera tensiones y costos políticos y sociales.

1. Ajuste económico

Está “acabándose lo que se daba” y, por tanto, no queda más remedio que ajustar.
Si bien el actual Gobierno dispone del poder institucional suficiente para emprender la tarea, carece -al menos por ahora- de un libreto que le ayude a construir una hoja de ruta. Afronta la ineludible necesidad de flexibilizar el discurso progresista para que, una vez más, brinde cobertura eficaz a medidas ilusorias, impopulares o regresivas.
A estas alturas, los argentinos, que tenemos una larga y sufrida experiencia en materia de ajustes, sabemos que lo relevante es determinar quiénes habrán de pagar los platos rotos.
Lo sabe, también y naturalmente, doña Cristina Fernández de Kirchner que se muestra dispuesta, en esta primera etapa, a cargar los costos sobre los asalariados formales sindicalizados. En esta concreta ocasión el ajuste salarial pasa por rigidizar el impuesto a las ganancias, expropiar parte de la caja de las Obras Sociales, y fijar en paritarias aumentos aparentes por cifras inferiores a la inflación real.
Adviértase que, de resultar insuficientes estas medidas, su Gobierno guarda en la recámara tres armas contundentes: rebajar la movilidad previsional, convalidar más inflación y, eventualmente, devaluar el peso.
El sector público (incluyendo aquí los subsidios que paga a las empresas privadas) es el segundo de los objetivos del ajuste kirchnerista. En este terreno, el Gobierno central  cuenta con las herramientas políticas y legales necesarias para trasladar costos a las provincias y municipios; no siendo de esperar que se decida a recortar las ayudas sociales, más allá del deterioro que les provoca la inflación.

2. Ajuste político

Las restricciones que impone la economía alterarán, a no durarlo, los cimientos políticos, y quizá las bases electorales, de la aún mayoritaria coalición que sostiene al Gobierno.
El ajuste salarial sobre los trabajadores bajo convenio colectivo acaba de provocar la ruptura de una de las alianzas centrales tejidas por Néstor Kirchner en la etapa fundacional. El disgusto del señor Hugo Moyano, que la mayoría de los trabajadores ve con lógica simpatía, no es sino la respuesta de un sector del sindicalismo a un ajuste inconsulto y dañino para sus representados. La fractura del movimiento obrero oficial, digitada desde el poder, y el retiro de prebendas al antiguo todopoderoso socio, son las armas que esgrime el Gobierno en este terreno.
Por otra parte, mostrando una vez más su casi inagotable capacidad de hacer de la necesidad virtud, la Presidenta de la República ha encontrado en el ajuste fiscal una oportunidad para ordenar su sucesión y mantener la férrea hegemonía personalista construida por su esposo y acrecentada por su talento.
En esta dirección, ha dispuesto que los costos políticos del ajuste económico sean pagados por quienes se atrevan a mostrar ciertos perfiles de autonomía. El imprudente y ubicuo Gobernador  de la Provincia de Buenos Aires y sus fieles son los primeros destinatarios de este endoso.
En cualquier caso, la agenda política argentina aparece monopolizada por asuntos que atañen a la desnuda lógica del poder y deja peligrosamente de lado todo aquello que tiene que ver con la lógica institucional. Los ajustes a los que asistimos muy probablemente degradaran la ya exigua calidad de nuestra democracia y de nuestro federalismo, ante una oposición inconsistente y una ciudadanía que busca nuevos rumbos.

(Para "El Tribuno" de Salta)

Rencores en la magistratura

He dedicado algunas columnas anteriores a reflexionar sobre dos de las lacras de nuestra sociedad provinciana: el machismo y la intolerancia. En realidad, puede que sean dos caras de una misma moneda inspiradas en el autoritarismo y en el desprecio a quién es diferente o a quién se supone débil. Son viejos vicios que se arrastran desde el fondo de nuestra historia y que el último interregno dictatorial potenció ante la mirada cómplice, pasiva o resignada de muchos.
Ambas manifestaciones malsanas se potenciaron en el contexto de odio y violencia asesina que desataron quienes en los años 70 apostaban por exterminar al otro, suprimiendo la política, la discrepancia y los valores democráticos.
Han pasado muchos años y algunas de estas lacras parecen atenuarse; ha desaparecido afortunadamente la violencia y el fanatismo armados, aunque todavía, en determinados momentos y sectores, reaparecen mesianismos y odios que, con pretensión legitimadora, manipulan el pasado y lanzan absurdas batallas por rescribir la historia, en un afán iconoclasta y estéril.
Pero volviendo al machismo y a la intolerancia, quiero referirme a un acontecimiento reciente que logró ponerme los pelos de punta.
Nada menos que en nuestro mas alto tribunal, la Corte de Justicia de Salta, un rencoroso magistrado decidió ejercer su poder para vetar el acceso de una funcionaria que tenía méritos suficientes para acceder a una de las secretarías del tribunal.
Según lo que ha trascendido en la prensa y en el reciente debate de la Cámara de Diputados de la Provincia, aquel alto magistrado logró la solidaridad corporativa para castigar, esa es la palabra, a quién años atrás osó criticarle. No obstante, hay dos cosas mas graves aún: al parecer aquellas críticas habrían emanado no de la funcionara vetada sino de su esposo, y en el veto no estuvo ausente la condición femenina de la aspirante.
Sorprende que una cosa como esta suceda, a estas alturas, en el ámbito de la justicia salteña. Indigna que un alto funcionario, encargado de velar por el orden constitucional y jurídico, se aproveche de su cargo para castigar a alguien por el delito de haber emitido, en su día, una opinión que le resultó molesta. Sorprende que un magistrado incube un rencor personal para, años después, tomarse revancha al amparo de sus altas competencias.
Ha pasado el tiempo en donde los jueces eran poco menos que sacerdotes blindados ante la crítica y la disidencia. Los jueces de un Estado democrático, en el ejercicio de sus funciones, están sujetos no solamente a los remedios jurisdiccionales que se ventilan en las cuatro paredes de la Ciudad Judicial, sino al público escrutinio.
Su diligencia, su apego a la ley, su idoneidad, su independencia del gobierno, de las corporaciones y del poder económico, son cosas que interesan a todos los ciudadanos y, como tales, deben ser objeto de público debate.

(Para FM ARIES)
(En una próxima columna analizaré este conflicto desde el punto de vista político-institucional)

La renovación de la política argentina

Las democracias modernas funcionan razonablemente bien cuando la ciudadanía y las fuerzas políticas que la expresan son capaces de constituir, en cada momento, mayorías de gobierno y minorías de control.

Este buen funcionamiento requiere, además, que los actores políticos acepten lealmente la regla de la alternancia que, a mi entender, veda las relecciones sucesivas y pone sobre las minorías la responsabilidad de mostrar, de manera convincente, el rumbo político del futuro; en ambos casos, sin cerrar la puerta a los consensos cuando resulten imprescindibles para hacer frente a situaciones de emergencia.

En la Argentina contemporánea, en donde son muchos los que comienzan a advertir la inminencia del fin del largo ciclo que homogeneizó el tercer peronismo, aquellas minorías de control y ese espacio donde debiera residir la alternancia brillan por su ausencia o extremada debilidad.

Las refundaciones peronistas

A lo largo de los casi 70 años transcurridos desde su fundación multitudinaria, el peronismo ha demostrado una capacidad de supervivencia mundialmente inédita.

Su éxito tiene mucho que ver con una doctrina suficientemente ambigua, que sintoniza con los grandes ejes de la cultura política argentina tradicional (híper-nacionalismo, democracia plebiscitaria y delegada, estatismo económico y social, preminencia de las corporaciones que controlan la comunidad organizada). Pero también con su singular capacidad para reinventarse adaptándose a los nuevos desafíos.

Los historiadores, sobre todo extranjeros, encuentran dificultades para comprender cómo las políticas puestas en marcha en 1945 (expansión justicialista), 1952 (ajuste y fomento de la inversión extranjera), 1973 (pacto social), 1975 (rodrigazo), 1991 (híper-mercado y convertibilidad), y 2002 (mega devaluación y dirigismo), han sido obra de una misma fuerza política.

El tercer peronismo (o sea, el kirchnerismo) no es sino una manifestación más de aquella infinita capacidad de adaptarse a los tiempos, reforzando algunos elementos que integran la identidad peronista y soslayando otros. Así por ejemplo, la obtención del 54% de los votos ha consolidado su vocación hegemónica (que incluye el ninguneo de la oposición, la manipulación de la historia, y los esfuerzos por gobernar la prensa y someter al movimiento obrero) y su aversión al control democrático.

Nada, o casi nada, hay en el panorama nacional actual (menos en el horizonte político salteño)  que permita suponer que la oposición está en condiciones o se prepara para presentarse como alternativa de gobierno. En este sentido, el caso de Salta, en donde el Gobierno fagocitó a la oposición histórica, incorporando a dirigentes radicales en roles subordinados y gobernando con ideas, estilos y funcionarios conservadores, es paradigmático.

La nueva agenda política y sus portadores

Sin embargo, a estas alturas, pudiera pensarse que la ciudadanía ha comenzado a construir una nueva agenda política. Una tarea lenta y de gran calado que, lamentablemente, no parece encontrar eco en la dirigencia tradicional.

Esta nueva agenda política no solamente recoge demandas contra la inflación, la exclusión social, la inseguridad, la corrupción, el centralismo y los desbordes palaciegos, sino que incorpora también asuntos tales como el respeto a todas las diferencias sociales y personales (pluralismo), garantías de justicia independiente, eficaz y accesible, defensa del ambiente, del paisaje y de la identidad de las ciudades (desarrollo sustentable), y la sobriedad republicana.

El próximo turno político deberá entonces plantearse, necesariamente, reformar incluso la democracia, para reducir delegaciones y centralismos, fomentar la participación cívica en la gestión y en el control y, sobre todo, para garantizar la inmediata operatividad de los derechos fundamentales sociales y de libertad. Vale decir, para avanzar hacia una democracia constitucional, federal y con vocación cosmopolita.

Una reflexión de cara al futuro político, plantea grandes interrogantes: ¿Existen dentro del peronismo actual los factores de cambio que permitirían la fundación del cuarto peronismo? O, por el contrario: ¿Las ideas y los liderazgos en condiciones de formular la nueva agenda, construir la imprescindible mayoría, y gestionar el programa transformador, residen fuera de lo que se conoce con el nombre genérico de movimiento peronista?

Salta, 30 de junio de 2012 (Para el diario "El Tribuno")