¿VIVIENDAS ó JUBILACIONES?

El reciente Programa Crédito Argentino del Bicentenario, aprobado por un Decreto de Necesidad y Urgencia, tiene un objetivo difícilmente reprochable: Facilitar el acceso a la vivienda única familiar. Sin embargo, esta irreprochabilidad desaparece cuando se analiza uno de los instrumentos al servicio de tal objetivo: Líneas de financiamiento que comprometen fondos de la ANSES.

1. Déficit habitacional y derecho a la vivienda digna
Los datos censales muestran que en la Argentina -de manera especial en el norte del país- existe un pronunciado déficit habitacional. Un déficit que es preciso abordar dentro de una estrategia que contemple los aspectos demográficos, migratorios, urbanísticos, ambientales y de integración social.
Construir viviendas para convalidar, por ejemplo, migraciones interiores -forzadas por la ausencia de empleo digno en el NOA- de trabajadores que se hacinan en el Gran Buenos Aires u otras áreas metropolitanas, atenta contra la libertad, la igualdad de oportunidades y los equilibrios territoriales.
Construir viviendas sin la complementaria inversión en servicios esenciales (agua, cloacas, electricidad, gas, espacios verdes, calles y caminos), marca la continuidad de una línea de gestión cuyos efectos negativos se verifican, por ejemplo, en la ciudad de Salta.
No obstante, es preciso reconocer que la decisión política de promover el acceso a la vivienda única familiar se inscribe dentro de una línea de tendencia que apunta a transformar en plenamente operativo uno de los derechos sociales fundamentales reconocido por la Constitución Nacional: el acceso a una vivienda digna.
Se trata, a mi modo de ver, de un avance sustancial que bien pudiera inscribirse dentro del marco teórico de la democracia constitucional que impone la directa operatividad de los derechos consagrados en los textos constitucionales y en los Tratados internacionales. Un modelo político que, dicho sea de paso, el Gobierno actual desdeña en beneficio de prácticas hegemónicas y antirrepublicanas.      

2. Cesión de inmuebles del Estado
La idea de ceder tierras del Estado para facilitar la construcción de viviendas protegidas, es acertada en tanto somete las operaciones a la intervención del Tribunal de Tasaciones. Por lo demás, y teniendo en cuenta el debate actual acerca del destino de la Loma Balcón (ubicada en la ciudad de Salta) hay que decir que nada en el Decreto respectivo permite deducir que el Gobierno central ha dispuesto derogar la Ley que la declara “área de conservación”. 

3. Los fondos de la ANSES
Las doctrinas jurídico-sociales más avanzadas advierten que los aportes y contribuciones a los sistemas de seguridad social no son sino salario diferido y, por tanto, recursos propiedad de los trabajadores (hoy activos, mañana pasivos) que sostienen un pacto intergeneracional.
Sin embargo, la legislación ordinaria argentina ha evitado prolijamente reconocer esta propiedad privada en cabeza de los trabajadores y de los jubilados. Para ello se utilizó y utiliza la ideología estatista (“los fondos son propiedad del Estado” o, lo que en la Argentina es lo mismo, del Gobierno). Vale decir, se utilizó y utiliza el mismo artilugio que permitió y convalidó los saqueos a las Cajas de Jubilaciones que el ex Presidente Juan Domingo Perón denunció en su conocido discurso de 30 de noviembre de 1973.
Por lo tanto, la pertinaz utilización para fines distintos al pago de los haberes previsionales que el actual Gobierno viene haciendo de los recursos de los trabajadores y jubilados, reconoce muchos precedentes nefastos que, años después, hicieron saltar por los aires al sistema previsional argentino.
Cabe añadir que los sucesivos zarpazos a los fondos de un ANSES, artificialmente superavitario, se inscriben en un contexto de pérdida creciente del poder adquisitivo de la clase pasiva.      
En las actuales circunstancias, trabajadores y jubilados deberían reivindicar sus derechos históricos y futuros y exigir que la ANSES se convierta en un órgano de gestión tripartita[1].

(Para "El Tribuno" de Salta) 

---

[1] El Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social de 25 de julio de 1994 marcó una pauta de avance en esta dirección.

Morosidad Judicial en Salta

La administración de justicia atraviesa un período crítico. Al menos si se la observa desde el punto de vista de su eficacia y eficiencia. No me referiré ahora a parámetros relacionados con la calidad de las sentencias, con la precisión y elegancia del lenguaje burocrático, ni –menos- con el acierto en los fallos en relación con las normas jurídicas aplicables a cada caso.
Si bien la situación no es homogénea (en tanto hay fueros que funcionan mejor que otros y juzgados donde la morosidad no es –todavía- alarmante), una evaluación global de los tribunales salteños revela una generalizada lentitud en los trámites, un bajo aprovechamiento de los recursos informáticos, la inadecuación de códigos de procedimientos y de rutinas administrativas, la levedad de las instancias de superintendencia, y una insuficiente dotación de recursos humanos. Dicho esto sin la pretensión de agotar un inventario de las carencias mas notorias.
Los organismos encargados de poner remedio a esta situación, que perjudica sobremanera a los litigantes, no parecen siquiera advertir los problemas. Por lo que se refiere al poder político, la renuencia a abordar la reforma y modernización del Poder Judicial de Salta tiene que ver con su desinterés por la independencia de los jueces, por la celeridad de los procedimientos y por el derecho de todos al efectivo acceso a la justicia.
Las estructuras corporativas (Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados) parecen sentirse a gusto con el actual estado de cosas en tanto no se manifiestan reclamando las necesarias reformas ni poniendo de relieve las carencias y lacras que forman parte del panorama cotidiano.
Hay un asunto que ejemplifica la negligencia y desidia de los agentes teóricamente encargados de poner remedio a la situación. Me refiero a las estadísticas judiciales que lleva la Corte de Justicia y que resultan extremadamente rudimentarias. Los datos recopilados y publicados no sirven para evaluar el funcionamiento de los tribunales salteños. Me atrevería a señalar que en los años 60, cuando fui Secretario de la Corte de Justicia, los datos se recogían (manualmente) con mejor criterio que el utilizado hoy en la era de la información.
Más allá de esta precariedad contemporánea, sorprenden las estadísticas sobre el funcionamiento del fuero del trabajo. En efecto, pese a que sin que medie ninguna explicación la Corte lleva un par de años sin publicar datos acerca de los casos resueltos, la información disponible muestra que los tribunales resuelven un poco más del 40% de los casos que reciben anualmente.
La gravedad de esta mora se pone de manifiesto con solo recordar que en los tribunales del trabajo se ventilan asuntos vinculados con derechos fundamentales y alimentarios. En este caso, sorprende el silencio de los sindicatos locales, ante una morosidad que favorece a los patrones desaprensivos.

La democracia en crisis

No voy a reincidir en el error sesentista de descalificar globalmente a la democracia por su condición de burguesa. Por aquellos años, la crítica a la democracia burguesa era una crítica lisa y llana a la democracia política, a la que pretendía remplazarse por una ambigua y peligrosa nueva forma de gobierno que, para enmascarar intenciones, se denominaba democracia popular.
En los años 60, al menos para las autodenominadas vanguardias, la denostada democracia burguesa era sinónimo de partidos políticos, de división de poderes, de minorías con derechos, de elecciones que condujeran a la alternancia.
Por el contrario, en la soñada democracia popular imperarían el movimiento (no los partidos), el control de todos los poderes por el Líder, la exclusión de las minorías, y la perpetuación en el vértice del poder. El ejemplo más a mano de tal democracia popular era el régimen imperante en la Europa del Este dominada por el comunismo.

El error de entonces fue creer que las deficiencias de la democracia representativa podían superarse por medio del caudillismo, de la plaza llena y del fin de las disidencias.

Ahora, en los inicios del siglo XXI, la vieja democracia representativa vuelve a presentar averías y falencias, como puede verse con alguna claridad en los países mediterráneos de la Unión Europea, desde Grecia a España, pasando por Italia.

Los partidos políticos tradicionales y mayoritarios se muestran allí incapaces de representar  las nuevas sensibilidades y de resolver los nuevos desafíos. Las elecciones generales no siempre producen ya gobiernos estables y alternativas consistentes capaces de cerrar o encauzar los conflictos. La creciente indignación de los españoles contra el Gobierno recién elegido, es una muestra del nuevo estado de cosas.
En la Argentina las manifestaciones de esta crisis de la democracia son, a mi modo de ver, tres;
El desprecio a las minorías, que expresa el rodillo que comanda quien obtuviera el 54% de los votos;
La crisis de los partidos políticos, absorbidos, domesticados, divididos, desorientados; y, por último,
La ausencia de controles genuinos sobre los poderes públicos.
La más moderna doctrina europea que pregona el nacimiento de una virtuosa democracia constitucional, donde los poderes públicos y privados actúan sometidos a las normas de la Constitución que son directamente operativas, constituye un gran avance en la buena dirección.
Lamentablemente, aunque en el elenco gobernante hay gente que ha leído sobre esto, en Salta no hay ni rastros de una democracia constitucional. Asistimos a la decadencia de las formas tradicionales de representación, aunque edulcorada por rostros juveniles y sonrientes que ocultan una voluntad cesarista.
Salta, como la Argentina, precisa un salto de calidad hacia más democracia directa, más control ciudadano, mayor educación cívica, más administración apegada a la ley, y una justicia independiente.
Precisamos romper el ente “Política & Negocios SA”.

El poder al servicio del disciplinamiento de la sociedad civil

Pienso que dilucidar cuál de los Juanes salteños fue o es más autoritario, es un asunto que en su día deberán encarar los historiadores. Por tanto, que los actores políticos contemporáneos se dividan a causa de este debate, me parece inconducente. En realidad, tal división termina haciendo el juego al Club de los Autócratas. 
Pero por encima de esto, lo cierto es que don Juan Manuel Urtubey se muestra muy activo a la hora de acumular poder (institucional, social, económico y cultural) para imponer sus ambiguas ideas, favorecer a sus fieles y, si acaso, perpetuar una dinastía en el ejercicio del mando.
Una de las fórmulas más eficaces a este fin consiste en la alianza entre Negocios y Política que en Salta viene ensayándose con singular éxito, por lo menos desde 1999. Una fórmula que ha conseguido hacer de la competencia política democrática, un ejercicio reservado a un selecto Club en condiciones de financiar costosas campañas electorales.
Los vértices de las organizaciones empresarias y de los sindicatos guardan respetuoso silencio, les vaya bien o les vaya mal. Saben que si protestan, se exponen al ninguneo, a la represalia. ¿Cómo sino se explica, por ejemplo, el silencio de la CGT local frente a la abrumadora morosidad que afecta a la justicia del trabajo?
A su vez, los partidos políticos han sido, desde 2007, objeto de una prolija estrategia encaminada a desarticularlos, so pretexto de consensos que no expresan sino el reparto de cargos públicos a condición de abandonar los propios idearios. El resultado de esta horrible maniobra es el empobrecimiento de nuestra democracia y la destrucción de alternativas en condiciones de construir y proponer un recambio de gobierno.
La mayoría de las organizaciones y de colegios profesionales parece centrada en la defensa de sus posiciones corporativas y ha renunciado a plantear siquiera asuntos de interés general, como sucede en materia de urbanismo, bosques y recursos naturales.
Las organizaciones no gubernamentales, débiles por definición en nuestro actual entramado social e institucional, se muestran desarticuladas y muchas veces a merced de autorizaciones, controles o subsidios que reparte el Gobierno sin sujeción a pautas objetivas.
Quedan sin embargo muchos valientes, innumerables rebeldes y algunas expresiones de prensa que no parecen dispuestos a dejarse someter por el poder de turno.
Un prolijo y subterráneo entramado de premios, castigos, presiones, amenazas, rendiciones, desprestigios, expresa una vocación contraria a las formas republicanas, como quedó de manifiesto con los ataques que un alto funcionario realizó contra la Senadora por Cafayate, y que fuera felizmente sancionado por el Senado.

HUGO y CRISTINA

Como expliqué en columnas anteriores, me encuentro abocado a la elaboración de un Tratado sobre la Huelga y el Derecho de Huelga, que espero vea la luz antes de finales de este año. Este empeño intelectual me ha permitido recorrer la historia de la huelga en la Argentina, desde 1880 a la fecha, y estudiar el tema tal y como se presenta en varios países americanos y europeos, tanto en la realidad cotidiana como en los respectivos ordenamientos jurídicos.

Dicho lo cual entro de lleno en el objeto de esta columna. Manifestar mi estupor por las recientes declaraciones de la Presidenta de la República en el sentido de que el bienestar de los trabajadores argentinos no depende de la acción sindical ni de las huelgas, sino de la Macroeconomía.

Si bien resultan habituales las descalificaciones dirigidas globalmente a la dirigencia sindical, basadas en el enriquecimiento de algunos, en el manejo poco transparente de los fondos y en la connivencia de esos mismos con gobiernos y patronales, nunca había escuchado un ataque tan frontal, diría que feroz, al derecho fundamental de huelga.

Al poner a la macroeconomía por encima de la huelga, doña Cristina Fernández de Kirchner ha superado en imaginación y audacia antisindical a la mismísima Margaret Thatcher que en los años 80 llevó una implacable ofensiva contra los sindicatos ingleses.

Pero hay que reconocer que, en este como en muchos otros temas, la Presidenta puede exhibir antecedentes de raigambre insospechadamente peronista: En 1949, con ocasión de la reforma constitucional impulsada por el Presidente Juan Domingo Perón, los convencionales fieles a su doctrina sostuvieron que no hacía falta instalar en nuestra Carta Magna el derecho de huelga, pues los derechos obreros estaban bien y suficientemente defendidos desde la Casa Rosada.   

Adviértase que, al emparentarse con esta tradición, doña Cristina ha tenido la modestia de elegir a la Macroeconomía, y no a Ella ni a El, como la dispensadora de buenas condiciones de trabajo.

Permítanme expresar aquí mi discrepancia intelectual con la doctrina oficial. La libertad sindical y el derecho de huelga son instrumentos fundamentales al servicio de la democracia, de las libertades y del bienestar. Por mucho que, en determinados momentos, algunos puedan abusar de su ejercicio.

Este Gobierno, que comenzó anunciando que reconocería a la Central de Trabajadores de la Argentina, que desarmó al Estado frente a las huelgas abusivas en los servicios esenciales, y que se declaró contrario a criminalizar la protesta, termina dividiendo a la CTA, negándole personería gremial, aprobando una ley antiterrorista que amenaza las huelgas, y endiosando a la Macroeconomía en demérito de la autonomía obrera.

Falta que, como ocurriera en los años 50, doña Cristina coloque a un portero de edificio de Puerto Madero como Secretario General de la CGT.