¿Puede la corrupción provocar la quiebra de las democracias?

De los varios pilares que sostienen nuestro edificio democrático, pienso que tres merecen especial atención: La paz interior (objetivo del Preámbulo de la Constitución que demanda reconciliación y abandono del odio como motor de la lucha ideológica), la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en un futuro mejor, y la lealtad de todos a las instituciones de la República.

 

Como nos ha enseñado Juan José LINZ en su libro "La quiebra de las democracias", la estabilidad y la buena marcha de las democracias dependen, entre otros factores, de la lealtad de los ciudadanos y de los actores sociales a los principios, valores y reglas de cada Constitución. Un compromiso que Ernesto LACLAU, el máximo teórico del kirchnerismo, insiste en repudiar.  

Habiéndome referido en otras oportunidades a nuestra paz interior, me centraré en los efectos dañinos que la corrupción, un acto de grave deslealtad institucional, provoca sobre la confianza cívica y, por extensión, sobre la calidad de la vida política y el bienestar general.

Si bien ningún régimen está libre de que algunos gobernantes utilicen el poder del Estado en provecho propio (vale decir, para enriquecerse, canalizar odios, perpetuarse en los cargos, favorecer a parientes y amigos, o para dar rienda suelta a la lujuria y a la concupiscencia), las democracias auténticas son aquellas que logran reducir su frecuencia y castigar a los culpables.

Muchos Estados modernos han desarrollado eficaces mecanismos de prevención y castigo basados en: a) La actuación de jueces independientes y de órganos de control especializados; b) La vigencia del derecho a acceder a la información pública y, c) La libertad de expresión. Nuestro principal problema radica, precisamente, en la inexistencia de estos elementos correctores y sancionadores.

Al menos desde un punto de vista institucional, las amenazas a la estabilidad democrática vienen más de la impunidad que de la corrupción en sí misma. De allí que cada vez que un régimen logra someter a los jueces y arrinconar a los órganos de control, está atentando gravemente contra la buena marcha de la democracia.

A mi modo de ver, el daño más intenso se produce cuando los jueces actúan al dictado de los gobiernos y manipulan las causas por delitos contra la administración pública. Lo hacen unas veces burdamente y otras de forma sutiles: Sobreseyendo a culpables, castigando a inocentes -cuyas cabezas brindan a una opinión pública ansiosa-, o dilatando hasta la exasperación los trámites.

Cuando los ciudadanos se percatan de esta penosa situación, la justicia pierde todo crédito y sus sentencias -lejos de reparar los daños, de garantizar los derechos fundamentales, o de restablecer la supremacía de la Ley y la moral- se convierten en parte de un espectáculo resabido que, en el fondo, se integra dentro del panorama de una sociedad decadente. Un espectáculo producido y dirigido por gobiernos poderosos que intentan adormecer a la opinión pública, garantizando impunidades y facilitando ceremonias de expiación en donde un chivo elegido al azar es entregado al demonio para lavar culpas propias.

La antesala de la quiebra

La reiteración de esta puesta en escena provoca efectos letales sobre la vida democrática y puede colocar en riesgo de quiebra a las instituciones de la república.  

El primer efecto es el desencanto de los ciudadanos que, hastiados de la corrupción y de su impunidad, comienzan a descreer de la capacidad de la democracia para extirpar el flagelo y moralizar la política.

El segundo consiste en la drástica alteración de la agenda pública que tiende a parecerse a lo que sucede en el mundo de la farándula en donde el escándalo cumple funciones de marketing.

La política cotidiana reducida a una sucesión de escándalos y denuncias cruzadas de actos de corrupción -reales o imaginarios- que nunca llegan a esclarecerse, termina atrapando a la ciudadanía en un debate que, antes que buscar soluciones y castigo a la corrupción, sirve para oscurecer el curso de los acontecimientos.

La apuesta por la denuncia permanente encubre otros actos innobles. Los políticos que viven de la denuncia, incluso falsa, están genéticamente incapacitados para gobernar, proponer soluciones o construir alternativas. En un contexto donde la política es un espectáculo que responde a guiones redactados por equipos dotados de sofisticadas técnicas de manipulación capaces de garantizar el éxito de los peores designios, el ciudadano va perdiendo su capacidad de influir en el curso de los acontecimientos políticos, económicos y sociales. Y, lo que es aún peor, pierde sus esperanzas, su ilusión de participar en la construcción de programas, y su capacidad de seleccionar liderazgos.

Cuando este proceso avanza, las naciones se enfrentan al peligro de quiebra institucional o al riesgo de una larga decadencia. La inminencia de una nueva y crucial cita electoral, activa a los factores de poder interesados en sumirnos en una nueva espiral de decadencia.

---

 

La izquierda clasista desafía al modelo sindical peronista

En 1945, el Coronel Juan Domingo PERÓN tejió una alianza con los trabajadores postergados y con varios de los sindicatos prexistentes -ideológicamente de izquierdas-. A cambio de apoyo político y electoral, el Gobierno de entonces, a través del instituto de la personería gremial, concedió a los sindicatos afines poderes exclusivos en materia de representación y de huelga, promulgó una legislación pro-obrera, y mejoró las condiciones de vida y de trabajo.

Los sindicatos así renovados nacieron con dos almas que coexistieron o se alternaron a lo largo de estos casi 70 años: Una (tendencialmente corporativa) los incita a la negociación con el Estado y los patronos; la otra (con ecos anarquistas) alienta rebeldías, confrontaciones y huelgas. Como se sabe, fue Augusto T. VANDOR quien encontró la más eficaz combinación de estas dos almas, antagónicas solo en apariencia.

Más adelante, en 1970, el dictador Juan Carlos ONGANIA reforzó el modelo peronista concediendo a los sindicatos oficiales el control de las Obras Sociales o sea, de no menos del 6% de la masa salarial “en blanco”. Desde entonces los sindicatos con personería gremial son, además de agentes de la negociación colectiva y actores políticos de primera magnitud, cuasi-empresas de salud y ocio. Un perfil que en los años de 1990 se vio reforzado cuando esos mismos sindicatos organizaron sociedades para prestar servicios a compañías que decidían tercerizar actividades.

Ya en la presente década, los sindicatos oficiales se movieron según los cánones fijados en el no escrito Pacto KIRCHNER-MOYANO que dinamizó la acción sindical al compás de la inflación y consolidó el monopolio en perjuicio de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y de las agrupaciones que desafían a liderazgos vetustos.

En lo sustancial, este Pacto permitió a los sindicatos presionar por aumentos salariales significativos; fue así como los convenios colectivos de trabajo recuperaron, primero, parte de lo perdido con la devaluación de 2002 y, luego, situaron algunas remuneraciones unos puntos por encima de la inflación. Eso sí, dejando fuera del radio de protección a los salarios de los trabajadores no registrados y a las jubilaciones y pensiones. El mismo Pacto KIRCHNER-MOYANO brindó especiales ventajas al sindicato de camioneros autorizándolo a expandir sus fronteras y devorar afiliados y cuotas de otras organizaciones confederadas.

Todo esto sucedió hasta que, meses atrás, la Presidenta Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER, decidió repudiar aquel pacto preexistente. La ruptura quedó escenificada con la restauración de la Ley de Riesgos del Trabajo de 1995, con su rechazo a las demandas de la CGT (impuestos, asignaciones familiares y dinero sustraído a las arcas de las Obras Sociales), y con su afirmación de que los trabajadores deben más a la macroeconomía (es decir al Gobierno) que a la huelga.

En este contexto y hasta las huelgas generales de 2012 que anuncian fuertes tensiones dentro del actual modelo de relaciones laborales, los sindicatos oficiales se movieron en sintonía con las necesidades estratégicas del Gobierno, descalificaron a las nuevas formas organizativas demandantes de pluralismo y transparencia, y se centraron en la clásica puja distributiva (salarios/precios). Lo hicieron, naturalmente, sin desafiar al poder de dirección ni cuestionar las nuevas formas de organización del trabajo (NFOT) surgidas en los años de 1990.

En los albores de un cambio de régimen

Sin embargo, la elevada inflación, la fiscalidad que esteriliza los aumentos nominales negociados colectivamente, la irrupción de la izquierda clasista (Daniel COHEN “Marea Roja”) y la intemperancia presidencial, están cambiando un panorama que parecía inamovible. Y esto está ocurriendo también a raíz de las sentencias de la Corte Suprema (CSJN) favorables a la Libertad Sindical, y del recambio generacional que se produce en la clase trabajadora y en sus dirigentes.

La presencia de la izquierda clasista en las fábricas tiene antiguas e intermitentes referencias: Por ejemplo, aquella de los primeros años de la Argentina industrial, cuando el movimiento obrero era liderado por anarquistas, comunistas y socialistas, o aquella otra de los años de 1960 (cuya expresión emblemática fue el cordobazo) que funcionó hasta la trágica irrupción de los mesianismos armados que liquidaron las libertades y al emergente movimiento sindical contestatario. 

A 20 años de restaurada la democracia, la presencia de la izquierda clasista es relevante en muchas centros de trabajo donde controlan comisiones internas, cuerpos de delegados y asambleas, como quedó de manifiesto en conflictos emblemáticos de la década kirchnerista como los de METROVÍAS (subterráneos), KRAFT (alimentación) o los de la Patagonia petrolera.

Las nuevas direcciones obreras de base, corporizadas en líderes nacidos en los años de 1970 y 1980, rechazan el monopolio representativo y el centralismo vertical, no están dispuestas a moverse dentro de las bandas salariales pactadas por las cúpulas, cuestionan radicalmente el poder de dirección del empleador, impugnan la lógica de mercado y luchan por reunificar los planteles de las empresas en un solo estatuto, eliminando contratos temporales, tercerizaciones, segmentación, polivalencia, y otras flexibilidades pactadas o toleradas por los sindicatos oficiales. Y, lo que no es un dato menor, han descubierto las inconsecuencias y límites del autodenominado modelo de crecimiento con inclusión social.

Esta incipiente renovación sindical plantea un enorme desafío tanto a los sindicatos tradicionales (que no cuentan ya con las herramientas antaño usadas para restablecer su supremacía, chocantes a las nuevas garantías en favor de la Libertad Sindical que resultan de la reforma constitucional de 1994 y del emergente bloque constitucional, federal y cosmopolita), como al  empresariado que se muestra perplejo ante la contundencia de las nuevas medidas de fuerza, la impotencia de sus viejos aliados y la inocuidad de los métodos tradicionales de gestión de conflictos y de intervención estatal. A su vez, el Estado comienza a advertir que la regulación de la huelga en los servicios esenciales, adoptada en 2004, cedió imprudentemente a ciertos prejuicios y apela, subsidiaria y abusivamente, a las multas millonarias que, por lo demás, solo pueden ejecutarse sobre los sindicatos oficiales y no sobre las comisiones internas ni asambleas.

La irrupción de este nuevo actor provoca, además, un doble impacto sobre el sistema político. Por una parte, presiona en favor de la libertad y la democracia sindicales, y aporta aire fresco a un ambiente enrarecido: Honestidad personal de los dirigentes, gestión asamblearia de los conflictos, alianzas con otros sectores (estudiantes, piqueteros que reivindican la inclusión social). Pero, por otra, representa, también, un desafío para la democracia constitucional en tanto y en cuanto en muchas ocasiones, las huelgas conducidas por la izquierda clasista incorporan notas de violencia y radicalidad que desbordan el cauce constitucional y afectan a otros derechos fundamentales.

 

 

 

La criminalidad de los gobernantes

Como lo acredita la historia política de la humanidad, ningún Estado (democrático o autoritario), ha estado ni está exento de que sus gobernantes cometan delitos aprovechándose del poder que detentan; ocurrió antes, sucede ahora y es probable que siga ocurriendo por los siglos de los siglos. Por tanto, el gran desafío de las sociedades democráticas es crear reglas e instituciones aptas para evitar la criminalidad de sus gobernantes y, en su caso, para castigar de forma rápida, justa y contundente a quienes hayan incurrido en tan deleznables conductas. De la forma cómo se resuelva este desafío depende la salud moral de las naciones, pero también que las personas honestas y capaces se atrevan a competir electoralmente o a aceptar cargos ejecutivos.

En general, como recuerda Luis María DIEZ PICAZO ("La criminalidad de los gobernantes", Editorial CRITICA, España - 1996) los Estados democráticos se han dotado de varios ámbitos dentro de los cuales se dilucidan las responsabilidades por el desempeño de cargos políticos.

Las responsabilidades políticas

El primero de esos ámbitos se rige por principios políticos que, por ejemplo, obligan al sospechado ponerse a disposición de los jueces, facilitar la investigación y, llegado el caso dimitir sin perjuicio de ejercer su defensa y ampararse en la presunción de inocencia. Por supuesto las citas electorales son el gran tribunal donde se depuran las responsabilidades políticas por delitos, por impericia o fracasos; en las urnas, los ciudadanos tienen la oportunidad de castigar a ineptos y corruptos.

Sin embargo, hay que alertar contra las manipulaciones del poder para descalificar a opositores y encubrir a los amigos. Una tarea sencilla en aquellas naciones donde el poder del Estado controla los medios de prensa y sus líderes -relegibles y carentes de escrúpulos- mienten para destrozar la honra y las carreras políticas de sus adversarios.

La presencia de partidos políticos contribuye a mejorar la selección de gobernantes y, también, a excluir de la vida cívica a quienes se corrompen. Para lograrlo disponen de tribunales de conducta que prestan señalados servicios a la moralidad pública. A su vez, los cuerpos de control republicano (sindicaturas, auditorias, comisiones parlamentarias, consejos con representación de las minorías) son otra barrera contra la criminalidad de los gobernantes.

Adviértase entonces que quienes gobiernan despreciando la ley y están dispuestos a enriquecerse, procurarán destruir a los partidos políticos, bregarán por relecciones indefinidas, desatarán campañas difamatorias, controlarán la información que pudiera afectarles y se esforzarán por dominar o esterilizar a los órganos de control.

La responsabilidad penal de los gobernantes

Dando por descontada la existencia de Códigos Penales sin fisuras por donde puedan filtrarse impunidades, el castigo de los delitos cometidos desde el gobierno depende de la existencia de jueces independientes y dotados de los medios necesarios para investigar delitos complejos.

La independencia judicial es vital entonces no solo para castigar a los culpables, sino también para absolver a los inocentes y romper las mallas de protección que desde el poder suelen tejerse para ocultar los delitos propios. Existe, no obstante un problema que es necesario abordar para lograr sentencias justas y rápidas: la injerencia de los gobiernos sobre los jueces. Una intervención, ciertamente perversa, que se ejerce unas veces controlando los órganos de nombramiento, superintendencia y disciplina del Poder Judicial, y otras, lanzando campañas para influir en la opinión pública, bien desacreditando a los jueces, bien poniéndolos en la encrucijada de tener que absolver o condenar a quienes ese mismo poder, antes y en sus discursos públicos, condenó o absolvió.

La responsabilidad ética

Las democracias adelantadas abrieron el camino de este orden de responsabilidades creando Tribunales de Ética. Un camino que siguió la Argentina (y que debieran seguir la Provincia de Salta y el Municipio de la Capital) al promulgar, al final de los años 90, la Ley 25.188, que sin embargo nadie se atrevió a profundizar poniendo en marcha la Comisión Nacional de Ética Pública, un ente que debería funcionar en el ámbito del Congreso de la Nación, con participación de las minorías, y cuya ausencia priva a nuestro país de una poderosa herramienta de control con capacidad para emitir sanciones ético-políticas.

Estos graves problemas se vincula estrechamente con otro de gran envergadura: El financiamiento de la política y de las elecciones que, también en la Argentina y en Salta, demandan cifras multimillonarias que, en muchas ocasiones, sobre todo en casos de debilidad de los partidos políticos, se obtienen de fondos oscuros que proveen la delincuencia política o común, o personas interesadas en lograr retornos y tratos de favor.

La criminalidad de los gobernantes es un problema en donde se juega la viabilidad de la democracia. Pero es buen advertir que la vieja costumbre de “meter la mano en la lata” viene hoy amparada y potenciada por nuevas redes y cerebros que saben que la mejor manera de lograr impunidad es sembrar la sospecha de que todos quienes frecuentan la política son malvados y delincuentes.

Nuevas y viejas formas viciadas de ejercer el poder

Si los ciudadanos que no actúan en política conociesen los entresijos del poder, seguramente se echarían a temblar. Sobre todo, si lograran desentrañar las nuevas formas de mando y obediencia que vertebran hoy el ejercicio de los poderes del Estado. En realidad, aquello que nos enseñaban en escuelas y Facultades acerca de que cada Poder actúa o habla a través de productos institucionales específicos (decretos, leyes, sentencias, resoluciones), ha dejado de reflejar la realidad.

Aquel pasado reciente, en donde bastaba consultar los Boletines Oficiales, los Diarios de Sesiones o los repertorios de jurisprudencia para conocer el contenido de las decisiones oficiales, está siendo remplazado por una intrincada red de órdenes, instrucciones y decisiones que, dada su opacidad, escapa al control democrático de los ciudadanos. Hoy, una gran parte del poder fluye por fuera de los carriles institucionales y se centra en reuniones informales, en “mesas chicas”. Una veces el poder se ejerce en diálogos de alcoba, en simples llamadas telefónicas o en amables reuniones sociales y diplomáticas; otras, a través de órdenes secretas (como la que amenaza con liquidar la carrera política de los intendentes de Bariloche y de Cerrillos).

Pero, más grave aún, el poder se expresa también en gestos y silencios, en alocuciones radiotelevisivas o en mítines en donde el orador sigue el guion aprobado por sus asesores de imagen o sucumbe ocasionalmente al dictado de sus vísceras.

Los obedientes que integran las redes a través de las cuales se ordena y manda, se ven en figurillas para interpretar gestos, guiños, rabietas o silencios. De allí la necesidad de contar con “operadores”, esa nueva raza que moviéndose en las sombras, traslada, controla, premia y castiga en nombre del poder.

La supresión de las reuniones de Gabinete, la destrucción de los Partidos Políticos y la ruptura de los vínculos entre electores y elegidos, apuntan a facilitar esta nueva forma de ejercer el poder; un poder que genera espacios secretos, que exige lealtades incondicionales, que precisa demostrar diariamente su eficacia, y que procura eternidad e impunidad.

¿A quién o ante quién responden concejales y diputados elegidos en listas sábanas y bajo el patrocinio de partidos fantasmas? Muchos de ellos se consideran delegados, no del pueblo, sino del líder supremo que facilitó y financió su elección y del cual seguramente depende su relección.

Cuando habla, el Vértice del poder, sienta doctrina, instruye y manda, sin que sus órdenes pasen por engorrosos dictámenes ni terminen en las gacetas oficiales. Los ubicados escalones más abajo, saben a qué atenerse: Si ese vértice demoniza ideas o personas, los funcionarios saben que deben cancelar audiencias, eliminar libros de las bibliotecas o acelerar las acciones judiciales.

Es lo que los españoles llaman “situarse”, para expresar la especial aptitud que se requiere de ministros, subsecretarios, directores y jefes de despacho: La de sintonizar con el líder, de anticiparse a sus deseos. Si el Presidente habla contra los gordos o los calvos, los verticalizados (sean estos jueces, diputados o altos ejecutivos) saben a qué atenerse; no precisan, como antes, de una llamada telefónica que alguien pudiera estar grabando. 

No se piense que los poderes de esta índole son eficaces sólo dentro de las instituciones del Estado o frente a representantes y magistrados. Como lo demuestra el caso de la Argentina contemporánea, este poder está preparado para determinar quién gana y quién pierde en amplios espacios de la actividad privada. Es así que para evitar encontronazos, muchas compañías -también muchos sindicatos- se ven obligados a silenciar opiniones, a remplazar directivos antipáticos, a asistir y aplaudir. El poder todopoderoso puede también influir en lo que se traslada a nuestros televisores, cambiar la grilla de comentaristas y analistas y amoldar la presentación (o el ocultamiento) de las noticias.

Por supuesto, no todos pueden ejercer el poder este modo. Al menos no siempre, y menos cuando funcionan las instituciones de la república y sus órganos de control, comenzando por la presencia de un electorado culto y activo.

Es por eso que aquel que ocupa el Vértice, se siente obligado a demostrar a diario que cuenta con los medios para torcer resistencias y acallar críticas. Imaginemos, sino, por algún momento, como deben sentirse los miles de Intendentes elegidos en la Argentina por el voto popular ante las recientes muestras de contundencia de las órdenes impartidas desde Olivos o desde Las Costas.

Asistimos, no solo en Salta y en la Argentina, a una concentración excesiva del poder, en manos que buscan acumular recursos para mandar, para controlar opiniones, para defenestrar a eventuales adversarios. Ahora, más que nunca, comprendo a mi profesor de Introducción al Derecho de la Universidad de Tucumán cuando, con su particular y temible sonrisa, nos enseñaba que el poder no es nada más pero nada menos que la facultad de hacerse obedecer.

El derecho penal del enemigo

Seguramente cuando en los años 70 Juan Domingo Perón pronunció la desafortunada frase “Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia”, no imaginó sus repercusiones futuras en la escena política argentina; menos aún que su apotegma terminaría contaminando al Derecho Penal.

Cuando oímos hablar de asuntos penales, muchos dan por supuesto que se trata de algo que solo incumbe a delincuentes, policías y tribunales. La mayoría suele ignorar la estrecha relación que el Derecho Penal guarda con las libertades, con el honor, con la seguridad de cada uno. De allí la conveniencia de llamar la atención acerca de la peligrosa deriva que, en varios países, conduce a singularizar el derecho penal para hacer más eficaz la persecución del “enemigo”.

En mis lejanos tiempos de estudiante en la Universidad de Tucumán, aprendí que existía un único Derecho Penal igual para todos y sometido, como no, a los superiores principios constitucionales.  

Pues bien, mis recientes lecturas me han llevado a Günther JAKOBS y a leyes que preconizan la necesidad y conveniencia de un derecho penal especial, orientado a castigar más rápida y eficazmente a quienes el poder de turno considere elementos peligrosos para la convivencia, las ideas o los intereses dominantes. Estas formulaciones alcanzaron su punto más alto a finales del siglo pasado y se resumieron bajo el nombre de Derecho Penal del Enemigo. Un “nuevo derecho” que, teniendo la misma finalidad que el Derecho Penal ordinario, funciona como un orden de emergencia en donde la persecución del crimen se realiza privando a imputados y sospechosos de algunos o de todos sus derechos fundamentales, hasta convertirlos en “no-personas”.

Mientras que en el derecho penal democrático la acción policial, el proceso judicial, las penas y su cumplimiento están sujetos a garantías inviolables, en el derecho penal del enemigo tales garantías han sido minimizadas o directamente suprimidas, invocando la necesidad de proteger reales o presuntos intereses superiores. El terrorismo y el crimen organizado son los primeros ámbitos donde algunas naciones, invocando la “razón de Estado”, han resuelto abrir este modo especial de perseguir y castigar antiguos y nuevos delitos.

El derecho penal de los enemigos en la Argentina contemporánea

En nuestro país existieron y existen actuaciones que bien pueden identificarse con el derecho penal del enemigo. Sin ir más lejos, el vil asesinato de Pedro Eugenio Aramburu a manos de la paramilitar organización montoneros, y los masivos crímenes cometidos por la última dictadura militar (que se propuso aniquilar a “corruptos y subversivos”), son ejemplos de esta vocación por saltarse el orden penal que es propio de cualquier Estado de Derecho.

Recientemente, la ley antiterrorista 26.734/11 camina en esta dirección. Pero, dentro de este peligroso sendero, existen también actuaciones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que apuntan a la construcción de un derecho penal del enemigo, contrario a la Constitución Nacional y al margen de la intervención del Congreso. Estas actuaciones se concretan en declaraciones públicas de altos dignatarios, en sigilosas presiones que desde el Gobierno se dirigen a los jueces penales, en la exaltación oficial de la sed de venganza que anida en muchas víctimas, en la pretensión de deslegalizar las penas sometiendo los hechos al juicio directo de la opinión pública. Este repertorio siniestro integra lo que algunos, abusando del lenguaje, llaman “democratización de la justicia”.

Está meridianamente claro que el Gobierno Kirchner considera esencial identificar enemigos y actuar contra ellos. Si bien hasta ahora se llevan adelante acciones penales selectivas, la amenaza pende sobre todos y cada uno.

Las vías para castigar penalmente a los enemigos del régimen están a la vista: Menoscabo del principio de presunción de inocencia, esfuerzos por controlar y disciplinar al fuero penal federal, exhortaciones a adecuar los pronunciamientos judiciales al “juicio del pueblo soberano” (el mismo que, manipulado, convalidó crímenes con la frase “por algo será”).

En el ámbito de la justicia penal tienden a imponerse criterios que desconocen los principios in dubio pro reo y de irretroactividad de la ley penal, manipulan los tipos penales para burlar la prescripción, privan del derecho a la prisión domiciliaria, interpretan extensivamente conductas pretendidamente delictivas, mantienen abiertas durante décadas causas penales para destruir la moral y el honor de aquellos enemigos.

Por ahora las persecuciones están centradas en funcionarios políticos (de la dictadura o de gobiernos democráticos). Pero, abierta ésta vía de facto hacia el derecho penal del enemigo, nada obsta para que este alcance a quienes osan enfrentarse al Gobierno, son tachados de liberales, desacatan la política económica, no invierten, declaran huelgas, aumentan los precios, compran moneda extranjera, evaden impuestos o se manifiestan en las calles contra los poderosos.

Vale decir: A medida que el Gobierno amplia la lista de sus enemigos, aumenta el peligro potencial que representa, para la democracia y para los ciudadanos libres, la configuración de un derecho penal del enemigo.