Para concluir con esta suerte de miniserie dedicada a la situación de España, analizaré algunos aspectos de su régimen laboral y de la reforma que, ante el fracaso del diálogo social tripartito, está impulsando el gobierno socialista del Presidente Zapatero.
La crisis ha puesto de manifiesto, a veces con tonos dramáticos, la inadecuación del derecho español del trabajo así como de la negociación colectiva que se desarrolla dentro de ese país. Hoy parece claro que el régimen laboral que surgió de la reforma de la Constitución Española de 1978 y del Estatuto de los Trabajadores de 1980, no está ya en condiciones de funcionar creando empleo y buenas condiciones de trabajo dentro de un régimen de estabilidad cambiaria y de una economía en acelerada globalización.
Los casi 4 millones y medio de desempleados y la pérdida de competitividad que se deriva del incremento del llamado costo laboral unitario, muestran aquella caducidad.
En tiempos de bonanza, el régimen laboral incentiva la creación de empleos temporarios o precarios que castigan a jóvenes y a inmigrantes. En épocas de crisis y a falta de mecanismos de flexibilidad socialmente razonables, el mercado de trabajo se ajusta a través de despidos y de elevados índices de desempleo.
Las reglas vigentes son, bueno es recordarlo, resultado de antiguos pactos entre los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y la patronal española que, allá por los años 80 y 90, sellaron acuerdos que beneficiaban a determinados grupos de trabajadores (generalmente de edad media, afiliados a los sindicatos y escasamente preparados para los desafíos del futuro) con el beneplácito de las empresas tranquilas al disponer de la vía de escape que representaba la peseta devaluable.
Esta caducidad de las leyes laborales y de los convenios colectivos se agudiza, su cabe, ante la urgente necesidad que tiene España de abordar una profunda reforma de su modelo económico escasamente competitivo y basado en la construcción y en el turismo. De allí que los socialistas españoles, tras esperar un acuerdo que finalmente resultó imposible entre los sindicatos y la patronal, hayan decidido impulsar una amplia reforma laboral y pagar los inevitables costos políticos de la misma.
Según los primeros borradores que han trascendido, la reforma estará centrada en la promoción del empleo estable (clausurando las facilidades para la contratación temporal), en el abaratamiento y simplificación de determinados despidos, y en la descentralización de la negociación colectiva, de modo de facilitar que las empresas pueda adaptar las condiciones pactadas en los convenios colectivos nacionales. Facultándolas, además, a descolgarse de estos convenios cuando así lo aconseje la situación económica de cada empresa.
¿Qué vínculos existen entre esta reforma y la situación del mercado laboral argentino? En este sentido me atrevo a llamar la atención sobre dos diferencias fundamentales: Mientras el sistema laboral español está impedido de ajustarse vía devaluaciones, el régimen argentino ha recuperado esta facultad. La segunda pone de relieve que nuestro mercado de trabajo, a diferencias del español, se ajusta a través del trabajo en negro y de una bajísima tasa de actividad; factores ambos que se relacionan directamente con la tolerancia de la pobreza como elemento central de flexibilidad.
viernes, 25 de junio de 2010
martes, 22 de junio de 2010
Novedades españolas de interés para Salta
Continuando con esta mini serie dedicada a asuntos españoles, dejaré de lado las cuestiones relacionadas con la política o con la economía, para abordar tres aspectos de la vida cotidiana que considero de interés para nosotros los salteños o que despertaron simplemente mi curiosidad.
Comienzo por los avances que en materia de recogida de basura doméstica se registran en muchas ciudades españolas. Se trata, a mi entender, de mejoras urbanas que vienen a sumarse a la universal y civilizada costumbre española de separar la basura en los hogares.
Hasta aquí, los vecinos debían depositar sus residuos, convenientemente separados, en contenedores callejeros a cielo abierto, que eran desagotados a diario por los servicios municipales. Pues bien, la innovación que llamó mi atención (recuérdese que soy un vecino de Vaqueros, en donde hay enormes carencias en esta materia) fue el soterramiento de los contenedores públicos.
Dicho en otros términos: Varios municipios españoles han comenzado a reemplazar los antiguos contenedores de superficie por depósitos subterráneos, higiénicos, cómodos para los vecinos, adaptados a cada tipo de basura (orgánica, plásticos, papel). Este servicio municipal se complementa con contenedores especiales para pilas, aceites domésticos usados, chatarra informática e incluso ropa en desuso.
Se me ocurre que bien haría nuestro ilustre Gobernador en incluir, cada vez que lleva de gira por Europa a intendentes salteños para conocer procesos vitivinícolas, programas de actualización en materia de recolección y tratamiento de la basura urbana. En Salta abundan los sabios en uvas y vinos, tanto como escasean los expertos en residuos.
El segundo hecho que llamó mi atención de vallisto, fue la implantación de artefactos donde los futuros automóviles eléctricos podrán recargar sus pilas y baterías; muchas de ellas, como se sabe, se construyen aprovechando el litio salteño. Por lo pronto, hay algunos ya instalados en la zona del Parque del Retiro para atender las necesidades de los que se adelantan a una tendencia inexorable.
Los servicios públicos con que cuenta la Comunidad de Madrid, y entro aquí en el tercero de los temas elegidos, para ayudar y apoyar a las familias, son ciertamente muy buenos y bien podrían inspirar a los funcionarios salteños que tienen a su cargo las escuálidas líneas de actuación en apoyo de las familias en dificultades. A los funcionarios, pero también a nuestras esforzadas organizaciones no gubernamentales.
El Gobierno autónomo de la región de Madrid, con la asistencia de expertos al alta cualificación, ha diseñado programas, herramientas, talleres, protocolos de actuación que están al alcance de las familias para ayudarlas a superar problemas tales como el desempleo, la exclusión social, la violencia, los duelos, las separaciones y divorcios, las adicciones al juego, al alcohol o a las drogas.
Mi visita a estos servicios españoles conectaron con mi percepción de que gran parte de los problemas salteños asociados con la pobreza precisan de enfoques centrados en las familias, en la educación, en los valores. O sea, complementar la asistencia material, con ayudas al desarrollo espiritual y humano de nuestros coterráneos excluidos o en riesgo de exclusión.
(Para FM Aries)
Comienzo por los avances que en materia de recogida de basura doméstica se registran en muchas ciudades españolas. Se trata, a mi entender, de mejoras urbanas que vienen a sumarse a la universal y civilizada costumbre española de separar la basura en los hogares.
Hasta aquí, los vecinos debían depositar sus residuos, convenientemente separados, en contenedores callejeros a cielo abierto, que eran desagotados a diario por los servicios municipales. Pues bien, la innovación que llamó mi atención (recuérdese que soy un vecino de Vaqueros, en donde hay enormes carencias en esta materia) fue el soterramiento de los contenedores públicos.
Dicho en otros términos: Varios municipios españoles han comenzado a reemplazar los antiguos contenedores de superficie por depósitos subterráneos, higiénicos, cómodos para los vecinos, adaptados a cada tipo de basura (orgánica, plásticos, papel). Este servicio municipal se complementa con contenedores especiales para pilas, aceites domésticos usados, chatarra informática e incluso ropa en desuso.
Se me ocurre que bien haría nuestro ilustre Gobernador en incluir, cada vez que lleva de gira por Europa a intendentes salteños para conocer procesos vitivinícolas, programas de actualización en materia de recolección y tratamiento de la basura urbana. En Salta abundan los sabios en uvas y vinos, tanto como escasean los expertos en residuos.
El segundo hecho que llamó mi atención de vallisto, fue la implantación de artefactos donde los futuros automóviles eléctricos podrán recargar sus pilas y baterías; muchas de ellas, como se sabe, se construyen aprovechando el litio salteño. Por lo pronto, hay algunos ya instalados en la zona del Parque del Retiro para atender las necesidades de los que se adelantan a una tendencia inexorable.
Los servicios públicos con que cuenta la Comunidad de Madrid, y entro aquí en el tercero de los temas elegidos, para ayudar y apoyar a las familias, son ciertamente muy buenos y bien podrían inspirar a los funcionarios salteños que tienen a su cargo las escuálidas líneas de actuación en apoyo de las familias en dificultades. A los funcionarios, pero también a nuestras esforzadas organizaciones no gubernamentales.
El Gobierno autónomo de la región de Madrid, con la asistencia de expertos al alta cualificación, ha diseñado programas, herramientas, talleres, protocolos de actuación que están al alcance de las familias para ayudarlas a superar problemas tales como el desempleo, la exclusión social, la violencia, los duelos, las separaciones y divorcios, las adicciones al juego, al alcohol o a las drogas.
Mi visita a estos servicios españoles conectaron con mi percepción de que gran parte de los problemas salteños asociados con la pobreza precisan de enfoques centrados en las familias, en la educación, en los valores. O sea, complementar la asistencia material, con ayudas al desarrollo espiritual y humano de nuestros coterráneos excluidos o en riesgo de exclusión.
(Para FM Aries)
viernes, 18 de junio de 2010
Huelga de empleados públicos en España
Dedicaré la columna de hoy a analizar la respuesta de los sindicatos españoles a los recortes dispuestos por el Gobierno del Presidente Zapatero sobre las remuneraciones de los empleados públicos. Recortes que, en realidad, se traducen en un congelamiento temporario y se ejecutan luego de varios años donde el personal estatal vio crecer el poder adquisitivo de sus salarios sin que tal crecimiento estuviera vinculado con mejoras de productividad.
Este freno, inevitable dado el curso de los acontecimientos económicos, obligó al Gobierno a desconocer compromisos que preveían incrementos salariales muy moderados para el bienio 2010/2111, lo que acentuó el malestar de los afectados.
Me parece de interés presentar la reciente huelga de los empleados públicos españoles, a través de un cierto paralelismo con las huelgas que este mismo sector lleva a cabo en la Argentina. Y destacar, en este sentido, el escrupuloso acatamiento de los servicios mínimos dispuestos por el Gobierno que, como es habitual, realizaron los trabajadores españoles y sus sindicatos. Es que quienes protagonizan acciones de protesta saben que son, ante todo, ciudadanos y que en tal calidad deben acatamiento al ordenamiento constitucional y respeto a sus conciudadanos.
La huelga española del 8 de junio fue, ante todo, una huelga cívica y civilizada. Por su duración (una jornada), por sus formas (sin ocupar centros de trabajo), por las marchas sin desmanes y los actos pacíficos que la acompañaron, así como por el reparto de sus costos (los huelguistas perdieron sus salarios, la administración soportó la parálisis de los servicios no esenciales, los ciudadanos las molestias imprescindibles).
En España, como en el resto de Europa, los trabajadores y sus sindicatos saben que el descuento de los días de huelga es una exigencia constitucional vinculada al ejercicio de la libertad sindical y a la autonomía de las organizaciones obreras. Nadie pretende (ni entendería) que -en caso de huelgas- cobraran íntegramente sus salarios tanto aquellos que deciden libremente trabajar como quienes con idéntica libertad deciden parar.
Añado que también el Gobierno mostró un impecable respeto a los derechos fundamentales absteniéndose de presionar a los empleados o de tomar represalias contra los huelguistas.
La medida de fuerza fue seguida por algo más de un 20% de los empleados públicos españoles aunque, como es notorio, el rechazo que provocan los recortes dispuestos por el Gobierno del Presidente Zapatero es prácticamente unánime entre los afectados.
Es bueno recordar que cuando el Gobierno de España anunció la congelación de las remuneraciones públicas, no se conocían aún las medidas que días después tomaron otros gobiernos europeos y que, a la postre, resultaron mucho más duras que las españolas, como es el caso de los despidos de funcionarios que se dispone a ejecutar Alemania.
Concluyo señalando que, desde mi punto de vista, las medidas españolas resultarán insuficientes sino son acompañadas por una profunda restructuración del Estado, que incluya la eliminación de servicios superpuestos, cambios en el servicio exterior, y la efectiva consecución de los objetivos definidos en el Estatuto del Empleado Público en materia de incentivos y productividad.
Este freno, inevitable dado el curso de los acontecimientos económicos, obligó al Gobierno a desconocer compromisos que preveían incrementos salariales muy moderados para el bienio 2010/2111, lo que acentuó el malestar de los afectados.
Me parece de interés presentar la reciente huelga de los empleados públicos españoles, a través de un cierto paralelismo con las huelgas que este mismo sector lleva a cabo en la Argentina. Y destacar, en este sentido, el escrupuloso acatamiento de los servicios mínimos dispuestos por el Gobierno que, como es habitual, realizaron los trabajadores españoles y sus sindicatos. Es que quienes protagonizan acciones de protesta saben que son, ante todo, ciudadanos y que en tal calidad deben acatamiento al ordenamiento constitucional y respeto a sus conciudadanos.
La huelga española del 8 de junio fue, ante todo, una huelga cívica y civilizada. Por su duración (una jornada), por sus formas (sin ocupar centros de trabajo), por las marchas sin desmanes y los actos pacíficos que la acompañaron, así como por el reparto de sus costos (los huelguistas perdieron sus salarios, la administración soportó la parálisis de los servicios no esenciales, los ciudadanos las molestias imprescindibles).
En España, como en el resto de Europa, los trabajadores y sus sindicatos saben que el descuento de los días de huelga es una exigencia constitucional vinculada al ejercicio de la libertad sindical y a la autonomía de las organizaciones obreras. Nadie pretende (ni entendería) que -en caso de huelgas- cobraran íntegramente sus salarios tanto aquellos que deciden libremente trabajar como quienes con idéntica libertad deciden parar.
Añado que también el Gobierno mostró un impecable respeto a los derechos fundamentales absteniéndose de presionar a los empleados o de tomar represalias contra los huelguistas.
La medida de fuerza fue seguida por algo más de un 20% de los empleados públicos españoles aunque, como es notorio, el rechazo que provocan los recortes dispuestos por el Gobierno del Presidente Zapatero es prácticamente unánime entre los afectados.
Es bueno recordar que cuando el Gobierno de España anunció la congelación de las remuneraciones públicas, no se conocían aún las medidas que días después tomaron otros gobiernos europeos y que, a la postre, resultaron mucho más duras que las españolas, como es el caso de los despidos de funcionarios que se dispone a ejecutar Alemania.
Concluyo señalando que, desde mi punto de vista, las medidas españolas resultarán insuficientes sino son acompañadas por una profunda restructuración del Estado, que incluya la eliminación de servicios superpuestos, cambios en el servicio exterior, y la efectiva consecución de los objetivos definidos en el Estatuto del Empleado Público en materia de incentivos y productividad.
martes, 15 de junio de 2010
España en crisis
Acabo de regresar de Madrid y quisiera compartir algunas consideraciones acerca de la situación de España, el país que me albergó durante casi 14 años.
Comenzaré, es casi inevitable, con unos breves comentarios acerca de la crisis que soporta Europa, y que en España adquiere una dimensión preocupante en atención a sus 4 millones y medio de desempleados, al alto endeudamiento de las familias y del sector público, a un modelo bancario con segmentos obsoletos y dependientes de corporaciones que se resisten a modernizarse (me refiero a las llamadas Cajas de Ahorros), a las carencias del ordenamiento jurídico laboral y al agotamiento de un modelo productivo basado en la construcción de viviendas y en el turismo.
La evolución de los acontecimientos económicos parece haber sorprendido al Gobierno del Presidente Zapatero y terminado de desorientar a una oposición recalcitrante. Mientras los gobernantes socialistas se abocan a la tarea de recortar beneficios sociales e intentan poner en marcha una nueva economía, la derecha española sigue, sin decirlo, las recetas que propala nuestra Presidenta, doña Cristina Fernández de Kirchner negando la necesidad de ajustar gastos y prestaciones a los recursos efectivamente disponibles.
Se trata, bueno es advertirlo, de un seguimiento en donde los seguidores no reconocen la fuente de inspiración, dado el notorio desprestigio que las experiencias argentinas tienen en Europa.
Pero más allá de las cifras que brindan los especialistas, son muchos los observadores que comienzan a advertir que el principal problema de España es su alarmante déficit de productividad y el correlativo aumento de sus costos unitarios de producción. Un déficit que es enorme en el sector de las administraciones públicas, y notorio también en muchas actividades industriales y de servicios.
Es que los años de bonanza parecen haber relajado la cultura del trabajo y del esfuerzo en amplios sectores. Una cultura que, no obstante, conservan los inmigrantes que en términos generales soportaron jornadas extenuantes, bajos salarios y trato discriminatorio mientras duró la expansión, y que ahora son los primeros castigados por la desocupación.
Junto con aquel déficit de productividad, la crisis -que se desenvuelve en el marco de una unión monetaria que proscribe las devaluaciones- ha puesto de manifiesto las inequidades de los regímenes de incentivos, premios y penalidades. Incluido el régimen de negociación colectiva de los salarios y de las condiciones de trabajo. Se trata, ciertamente, de inequidades que han forzado consecuencias sociales no queridas, por ejemplo, sobre la natalidad y la estructura de las familias.
Sin embargo, más allá de la intensidad de la crisis y de la inicial desorientación de su clase política, todo indica que España superará el desafío y que en un plazo que se mide -eso si- en años de esfuerzo y sensatez, recuperará la senda de crecimiento económico y de progreso social.
Entre otras razones, por su inserción en Europa, por el talento de sus pensadores, por la madurez de su opinión pública, y por la calidad de sus instituciones fundamentales.
(Para FM Aries)
Comenzaré, es casi inevitable, con unos breves comentarios acerca de la crisis que soporta Europa, y que en España adquiere una dimensión preocupante en atención a sus 4 millones y medio de desempleados, al alto endeudamiento de las familias y del sector público, a un modelo bancario con segmentos obsoletos y dependientes de corporaciones que se resisten a modernizarse (me refiero a las llamadas Cajas de Ahorros), a las carencias del ordenamiento jurídico laboral y al agotamiento de un modelo productivo basado en la construcción de viviendas y en el turismo.
La evolución de los acontecimientos económicos parece haber sorprendido al Gobierno del Presidente Zapatero y terminado de desorientar a una oposición recalcitrante. Mientras los gobernantes socialistas se abocan a la tarea de recortar beneficios sociales e intentan poner en marcha una nueva economía, la derecha española sigue, sin decirlo, las recetas que propala nuestra Presidenta, doña Cristina Fernández de Kirchner negando la necesidad de ajustar gastos y prestaciones a los recursos efectivamente disponibles.
Se trata, bueno es advertirlo, de un seguimiento en donde los seguidores no reconocen la fuente de inspiración, dado el notorio desprestigio que las experiencias argentinas tienen en Europa.
Pero más allá de las cifras que brindan los especialistas, son muchos los observadores que comienzan a advertir que el principal problema de España es su alarmante déficit de productividad y el correlativo aumento de sus costos unitarios de producción. Un déficit que es enorme en el sector de las administraciones públicas, y notorio también en muchas actividades industriales y de servicios.
Es que los años de bonanza parecen haber relajado la cultura del trabajo y del esfuerzo en amplios sectores. Una cultura que, no obstante, conservan los inmigrantes que en términos generales soportaron jornadas extenuantes, bajos salarios y trato discriminatorio mientras duró la expansión, y que ahora son los primeros castigados por la desocupación.
Junto con aquel déficit de productividad, la crisis -que se desenvuelve en el marco de una unión monetaria que proscribe las devaluaciones- ha puesto de manifiesto las inequidades de los regímenes de incentivos, premios y penalidades. Incluido el régimen de negociación colectiva de los salarios y de las condiciones de trabajo. Se trata, ciertamente, de inequidades que han forzado consecuencias sociales no queridas, por ejemplo, sobre la natalidad y la estructura de las familias.
Sin embargo, más allá de la intensidad de la crisis y de la inicial desorientación de su clase política, todo indica que España superará el desafío y que en un plazo que se mide -eso si- en años de esfuerzo y sensatez, recuperará la senda de crecimiento económico y de progreso social.
Entre otras razones, por su inserción en Europa, por el talento de sus pensadores, por la madurez de su opinión pública, y por la calidad de sus instituciones fundamentales.
(Para FM Aries)
viernes, 11 de junio de 2010
Borges y la esperanza
En los años 60, como buen peronista formado en la escuela de la llamada “izquierda nacional”, sentía yo una especial antipatía por Jorge Luis Borges. Aceptaba, e incluso promovía, una suerte de veto intelectual a su obra, en actitud que era compatible con un simétrico entusiasmo por autores como Leopoldo Marechal o Macedonio Fernández.
Mantuve esta antipatía hasta que en los primeros años setenta mi padre me regaló un ejemplar de las obras completas del autor a quién desdeñaba, sin haberlo leído, por su adscripción política y por sus opciones literarias y sociales.
El libro permaneció cerrado en mi biblioteca hasta que en la trágica noche del 24 de marzo de 1976 decidí -casi impensadamente- elegirlo como compañero del exilio interior que habría de durar tres larguísimos meses. Por supuesto, devoré sus páginas alumbrado por la débil luz que imponía la ingenua prudencia con la que pretendía despistar a los servicios de inteligencia de la dictadura.
Viene todo esto a cuento para referirme a mi reciente descubrimiento de “El tamaño de mi esperanza”, la selección de ensayos y relatos que Jorge Luis Borges escribió en 1926 y que más tarde rehusó reeditar e incluir en sus obras completas. El primero de esos ensayos, el que precisamente da nombre a la colección, es sencillamente magnífico más allá de (o quizá merced a) su declarado criollismo y su desdén por quienes, en palabras de este Borges, creen que el sol y la luna están en Europa.
Bien es verdad que más adelante nuestro genial autor precisa sus ideas diciendo “No quiero ni progresismo ni criollismo en la acepción corrientes de esas palabras. El primero es un someternos a ser casi norteamericanos o casi europeos. El segundo, que antes fue palabra de acción, hoy es palabra de nostalgia”.
Resulta, naturalmente, un ejercicio de imprudencia leer al Borges de “El tamaño de mi esperanza” en clave local y contemporánea o ignorando las evidentes diferencias contextuales.
Pero no deja de ser curioso que el progresismo de entonces tuviera como modelo a las sociedades más desarrolladas del norte, mientras que el autodenominado progresismo contemporáneo se identifica con una suerte de criollismo autárquico, soberbio y quejumbroso. Una curiosidad que se suma al desprecio que ese nuestro seudo progresismo siente por la seguridad jurídica que fue, como lo recuerda Gabriel TORTELLA, uno de los motores de las revoluciones democratizadoras inglesa y francesa.
Vuelvo a Borges para decir que aquel pedido de ayuda para encontrar un criollismo “que sea conversador del mundo” no ha encontrado aún una respuesta operativa. Aunque es de una fuerte resonancia actual la apelación de Borges a la esperanza que, en su concepción, es la condición para que lo venidero se anime a ser presente.
(Para FM Aries)
Mantuve esta antipatía hasta que en los primeros años setenta mi padre me regaló un ejemplar de las obras completas del autor a quién desdeñaba, sin haberlo leído, por su adscripción política y por sus opciones literarias y sociales.
El libro permaneció cerrado en mi biblioteca hasta que en la trágica noche del 24 de marzo de 1976 decidí -casi impensadamente- elegirlo como compañero del exilio interior que habría de durar tres larguísimos meses. Por supuesto, devoré sus páginas alumbrado por la débil luz que imponía la ingenua prudencia con la que pretendía despistar a los servicios de inteligencia de la dictadura.
Viene todo esto a cuento para referirme a mi reciente descubrimiento de “El tamaño de mi esperanza”, la selección de ensayos y relatos que Jorge Luis Borges escribió en 1926 y que más tarde rehusó reeditar e incluir en sus obras completas. El primero de esos ensayos, el que precisamente da nombre a la colección, es sencillamente magnífico más allá de (o quizá merced a) su declarado criollismo y su desdén por quienes, en palabras de este Borges, creen que el sol y la luna están en Europa.
Bien es verdad que más adelante nuestro genial autor precisa sus ideas diciendo “No quiero ni progresismo ni criollismo en la acepción corrientes de esas palabras. El primero es un someternos a ser casi norteamericanos o casi europeos. El segundo, que antes fue palabra de acción, hoy es palabra de nostalgia”.
Resulta, naturalmente, un ejercicio de imprudencia leer al Borges de “El tamaño de mi esperanza” en clave local y contemporánea o ignorando las evidentes diferencias contextuales.
Pero no deja de ser curioso que el progresismo de entonces tuviera como modelo a las sociedades más desarrolladas del norte, mientras que el autodenominado progresismo contemporáneo se identifica con una suerte de criollismo autárquico, soberbio y quejumbroso. Una curiosidad que se suma al desprecio que ese nuestro seudo progresismo siente por la seguridad jurídica que fue, como lo recuerda Gabriel TORTELLA, uno de los motores de las revoluciones democratizadoras inglesa y francesa.
Vuelvo a Borges para decir que aquel pedido de ayuda para encontrar un criollismo “que sea conversador del mundo” no ha encontrado aún una respuesta operativa. Aunque es de una fuerte resonancia actual la apelación de Borges a la esperanza que, en su concepción, es la condición para que lo venidero se anime a ser presente.
(Para FM Aries)
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