Los Intendentes son funcionarios muy importantes para la convivencia urbana. Aunque no siempre lo parezca así, en tanto suelen ser opacados por el poder que acumulan los gobernadores provinciales.
En el caso de Salta, el Intendente de la ciudad capital funciona, en los hechos, como una suerte de número dos en el escalafón político local. Y si bien, la historia reciente muestra que ambos conviven sin rivalidades, hay quienes auguran futuras tensiones sucesorias entre Las Costas y la Casa de Moldes.
En cualquier caso, el señor Intendente de la ciudad de Salta ha cosechado un éxito notable con la puesta en marcha del nuevo régimen de recolección de la basura urbana.
Los escépticos de siempre dirán que el experimento terminará fracasando; los opositores de café sostendrán que la solución es parcial y llega tarde; ciertos usuarios, como yo mismo, le reprocharán la vergüenza de las oficinas de España y Balcarce, o la morosidad de su servicio de tala de árboles peligrosos.
Pero lo cierto es que nuestro Alcalde ha sentado las bases para resolver un asunto que amenazaba la convivencia, el medioambiente, la salud y la seguridad de los salteños.
Aunque desconozco si las medidas puestas en marcha alcanzan, como sería imprescindible, a los vertederos, he visto los nuevos camiones naranja recorriendo las calles de la zona norte de la ciudad.
Y he visto también la respuesta de los vecinos que mayoritariamente, siguiendo la sugerencia municipal, separan en casa los residuos y colocan la basura inorgánica en las respectivas bolsas de color naranja.
O sea, la actuación convergente de las autoridades municipales y de los vecinos ha
comenzado a resolver un añejo problema, agravado por el fenomenal crecimiento de la ciudad y de la cantidad de residuos que producen sus habitantes.
No queda sino felicitar al señor Miguel Isa por la capacidad de gestión demostrada y por su decisión de encarar el asunto poniendo en marcha un programa que colocará a Salta a la altura de los tiempos, al menos en esta materia.
Su éxito es más importante si se tiene en cuenta que la incapacidad de gestión es, precisamente, una de las características de quienes ocupan cargos políticos en nuestra Provincia. Incluso de aquellos a quién la peor sabiduría ciudadana exculpa de latrocinios diciendo “roba, pero hace”.
Hay indicios abundantes que muestran que el señor Intendente aprendió a gestionar, conformó un equipo competente, y que se mueve dentro de un estilo que contrasta con el sultanístico que reina en Las Costas desde hace casi 20 años.
Lástima que persista en su decisión de fundir el cargo que ocupa con su apellido, mediante ese eslogan subdesarrollado y antirrepublicano que habla de la “Intendencia Isa”.
viernes, 29 de julio de 2011
martes, 26 de julio de 2011
Terrorismo en Noruega, Terrorismo en la Argentina
La humanidad se ha visto nuevamente sacudida por el terrorismo. Esta vez la práctica atroz ha dejado casi un centenar de víctimas en Noruega. En la Argentina, la noticia fue rápidamente sepultada por otros acontecimientos y fue recibida por autoridades y políticos con un extraño silencio.
Es probable que estos actores de la vida política nacional y local, hayan pensado que la distancia geográfica y cultural que nos separa de Noruega, un país ejemplar desde varios puntos de vista, les relevaba de la obligación moral y cívica de pronunciarse sobre el hecho aberrante.
Sin embargo, expresar la más categórica de las condenas contra este y todos los terrorismos es una exigencia de la conciencia humanista que no sabe de fronteras. Las cien muertes en Noruega hieren intensa y gravemente a los derechos humanos a la vida, a la paz y a la convivencia y, por consiguiente, deben ser repudiados sin matices ni reservas mentales.
Los argentinos, que arrastramos la vergüenza histórica del “por algo será” (aquella frase con la que miles y miles consintieron los crímenes cometidos en los años setenta por mentes y manos asesinas que pretendieron legitimarse apelando a la razón de estado o a la revolución que habría de alumbrar nada menos que “un hombre nuevo”), deberíamos ser más cuidadosos en materia de terrorismo.
Sobre todo teniendo en cuenta la tragedia que para nosotros representó la violencia asesina que emponzoñó la vida política de aquellos años, y cuyas consecuencias aún no hemos sido capaces de cerrar honrada, inteligente y definitivamente en coherencia con los cánones éticos que son propios de la sociedad cosmopolita fundada en los derechos humanos.
Todavía son muchos los argentinos que creen que una violencia justificó la otra violencia; que los fusilamientos de junio de 1956 justifican el fusilamiento de Aramburu en 1970; que el asesinato de presos indefensos hizo buena la réplica asesina sobre militares; que el asesinato de hijos de militares legitimó el robo de hijos de los terroristas del bando enemigo; que la voladura de unidades policiales autorizó la voladura de cadáveres odiados.
Pero es precisamente esta infame pretensión de revestir al asesinato, y a otros crímenes, de una justificación idealista, llámese ésta razón de estado o revolución, apélese a dogmas de derecha o de izquierda, lo que hace más vil si cabe a los crímenes políticos.
Quizá sea este empecinamiento en dividir a los asesinos y a los asesinados en buenos y malos, en elevar a los altares a unos y sepultar en las cárceles a otros, lo que explique ciertos silencios.
Puede que la decisión de perseguir los crímenes terroristas cometidos por uno de los bandos setentistas y, simultáneamente, amnistiar los del otro bando, impida a algunos de los que hoy gobiernan emitir una condena categórica como la que merece el hecho terrorista de Noruega. Idéntico reproche merece, desde luego, el silencio de cierta derecha argentina cegada quizá por la filiación del bárbaro noruego.
Es probable que estos actores de la vida política nacional y local, hayan pensado que la distancia geográfica y cultural que nos separa de Noruega, un país ejemplar desde varios puntos de vista, les relevaba de la obligación moral y cívica de pronunciarse sobre el hecho aberrante.
Sin embargo, expresar la más categórica de las condenas contra este y todos los terrorismos es una exigencia de la conciencia humanista que no sabe de fronteras. Las cien muertes en Noruega hieren intensa y gravemente a los derechos humanos a la vida, a la paz y a la convivencia y, por consiguiente, deben ser repudiados sin matices ni reservas mentales.
Los argentinos, que arrastramos la vergüenza histórica del “por algo será” (aquella frase con la que miles y miles consintieron los crímenes cometidos en los años setenta por mentes y manos asesinas que pretendieron legitimarse apelando a la razón de estado o a la revolución que habría de alumbrar nada menos que “un hombre nuevo”), deberíamos ser más cuidadosos en materia de terrorismo.
Sobre todo teniendo en cuenta la tragedia que para nosotros representó la violencia asesina que emponzoñó la vida política de aquellos años, y cuyas consecuencias aún no hemos sido capaces de cerrar honrada, inteligente y definitivamente en coherencia con los cánones éticos que son propios de la sociedad cosmopolita fundada en los derechos humanos.
Todavía son muchos los argentinos que creen que una violencia justificó la otra violencia; que los fusilamientos de junio de 1956 justifican el fusilamiento de Aramburu en 1970; que el asesinato de presos indefensos hizo buena la réplica asesina sobre militares; que el asesinato de hijos de militares legitimó el robo de hijos de los terroristas del bando enemigo; que la voladura de unidades policiales autorizó la voladura de cadáveres odiados.
Pero es precisamente esta infame pretensión de revestir al asesinato, y a otros crímenes, de una justificación idealista, llámese ésta razón de estado o revolución, apélese a dogmas de derecha o de izquierda, lo que hace más vil si cabe a los crímenes políticos.
Quizá sea este empecinamiento en dividir a los asesinos y a los asesinados en buenos y malos, en elevar a los altares a unos y sepultar en las cárceles a otros, lo que explique ciertos silencios.
Puede que la decisión de perseguir los crímenes terroristas cometidos por uno de los bandos setentistas y, simultáneamente, amnistiar los del otro bando, impida a algunos de los que hoy gobiernan emitir una condena categórica como la que merece el hecho terrorista de Noruega. Idéntico reproche merece, desde luego, el silencio de cierta derecha argentina cegada quizá por la filiación del bárbaro noruego.
viernes, 22 de julio de 2011
Animales sueltos, ministro ineficaz
Los animales sueltos son una peligrosa plaga en nuestros caminos y rutas. La situación bien puede reflejar aspectos de nuestras costumbres cívicas, de nuestras prácticas administrativas y de nuestro ordenamiento jurídico.
Si bien en alguno que otro caso la presencia del animal suelto en los caminos es consecuencia de la rebeldía, audacia o inconsciencia del animal (o sea, de su propia condición animal), en la mayoría de las ocasiones la responsabilidad es de un propietario que omite las elementales precauciones o que, incluso, suelta al ganado para que paste, gratis, a la vera de los caminos. Este desaprensivo señor, que unas veces presume de gaucho y otras de ganadero, muestra la peor faceta de nuestras costumbres inciviles.
Por el lado de la administración, en este caso de la policía, la situación es francamente grave. Las fuerzas de seguridad carecen de medios, de habilidades y de instrucciones suficientes para hacer frente a tan peligrosa presencia caminera.
Tanto el 911 como las comisarias o la incipiente policía vial carecen de vehículos y de personal en condiciones de secuestrar a los animales sueltos. Por lo tanto, recibida la denuncia, la precaria patrulla se limita a constatar el hecho o a espantar a caballos y vacas hacia caminos de tierra, transitados por gente no acostumbrada a denunciar, trasladando el riesgo sin suprimirlo.
Cuando por una de esas casualidades los esforzados policías, ayudados por vecinos solidarios, logran someter a tan incómodos y peligrosos transeúntes, en las comisarías y destacamentos no hay sitio para albergarlos, ni vehículos para trasladarlos, por ejemplo, a La Isla en donde funciona nuestra caballería policial.
Resulta entonces inevitable que esos animales sean pronto, casi inmediatamente, restituidos a sus vandálicos dueños, en algunos casos previo pago de una multa irrisoria. Nuestro salvaje vecino, prudente, deja pasar unos días al cabo de los cuales sus animales regresan a los caminos, a comer gratis, a amenazar a los vianantes.
A su vez, el ordenamiento jurídico pena y correccional poco menos que obliga a que se produzca una muerte o accidente con lesionados para habilitar la actuación de la justicia. O sea, a trasmano de los modernos ordenamientos jurídicos, aquel que genera un riesgo cierto y grave, está exento de responsabilidades hasta que ese riesgo se traduce en muertes y daños.
Este delicado asunto está en manos de nuestro Hombre de Ley, o sea de nuestro Ministro de Seguridad, hoy candidato a Diputado Nacional.
Sería bueno que dejando atrás tanta retórica de la esperanza y otras zarandajas, el alto funcionario se abocara a la solución de este problema, dotando a la Policía de los elementos necesarios e impulsando las reformas legislativas que sean necesarias para reducir la presencia de animales sueltos y castigar a sus salvajes propietarios.
Si bien en alguno que otro caso la presencia del animal suelto en los caminos es consecuencia de la rebeldía, audacia o inconsciencia del animal (o sea, de su propia condición animal), en la mayoría de las ocasiones la responsabilidad es de un propietario que omite las elementales precauciones o que, incluso, suelta al ganado para que paste, gratis, a la vera de los caminos. Este desaprensivo señor, que unas veces presume de gaucho y otras de ganadero, muestra la peor faceta de nuestras costumbres inciviles.
Por el lado de la administración, en este caso de la policía, la situación es francamente grave. Las fuerzas de seguridad carecen de medios, de habilidades y de instrucciones suficientes para hacer frente a tan peligrosa presencia caminera.
Tanto el 911 como las comisarias o la incipiente policía vial carecen de vehículos y de personal en condiciones de secuestrar a los animales sueltos. Por lo tanto, recibida la denuncia, la precaria patrulla se limita a constatar el hecho o a espantar a caballos y vacas hacia caminos de tierra, transitados por gente no acostumbrada a denunciar, trasladando el riesgo sin suprimirlo.
Cuando por una de esas casualidades los esforzados policías, ayudados por vecinos solidarios, logran someter a tan incómodos y peligrosos transeúntes, en las comisarías y destacamentos no hay sitio para albergarlos, ni vehículos para trasladarlos, por ejemplo, a La Isla en donde funciona nuestra caballería policial.
Resulta entonces inevitable que esos animales sean pronto, casi inmediatamente, restituidos a sus vandálicos dueños, en algunos casos previo pago de una multa irrisoria. Nuestro salvaje vecino, prudente, deja pasar unos días al cabo de los cuales sus animales regresan a los caminos, a comer gratis, a amenazar a los vianantes.
A su vez, el ordenamiento jurídico pena y correccional poco menos que obliga a que se produzca una muerte o accidente con lesionados para habilitar la actuación de la justicia. O sea, a trasmano de los modernos ordenamientos jurídicos, aquel que genera un riesgo cierto y grave, está exento de responsabilidades hasta que ese riesgo se traduce en muertes y daños.
Este delicado asunto está en manos de nuestro Hombre de Ley, o sea de nuestro Ministro de Seguridad, hoy candidato a Diputado Nacional.
Sería bueno que dejando atrás tanta retórica de la esperanza y otras zarandajas, el alto funcionario se abocara a la solución de este problema, dotando a la Policía de los elementos necesarios e impulsando las reformas legislativas que sean necesarias para reducir la presencia de animales sueltos y castigar a sus salvajes propietarios.
martes, 19 de julio de 2011
Nuestra calle Deán Funes
La calle Deán Funes de nuestra ciudad de Salta tiene, a mi entender y seguramente porqué nací y viví allí mis primeros 20 años, un sabor especial, profundamente salteño, vale decir, plural, abierto tanto a lo tradicional como a las novedades y herejías.
Pese al implacable crecimiento de los edificios altos y palacetes de mal gusto que reemplazan a las casas bajas y cargadas de historias de provincia, la calle mantiene su encanto, su elegancia y un cierto aire inocente que puede engañar a quién desconoce claves ancestrales.
En sus primeras seis cuadras, vivieron mujeres de talento, damas hermosas, señoras hacendosas unas y comodonas otras, hombres ilustres, pícaros irredentos, emprendedores exitosos, soñadores de todos los sueños, como aquel empeñoso minero siempre usurpado, trotador de tribunales.
Allí se sucedieron altercados pasionales, ensayos artísticos, duelos deportivos, asambleas sindicales, atentados terroristas, subrepticias reuniones políticas; allí nacieron conjuntos folklóricos, clubes de barrio, amistades y rivalidades eternas.
Vendedores ambulantes hindúes, sirios, vallistos, iraquíes e italianos traficaron frutas y verduras, helados y panes, relojes y peines, tamales y leche sin pasteurizar, higos y tunas.
Ciegos majestuosos tocaron timbres anunciando el inminente fin del mundo; gitanas de extraña belleza dijeron la buenaventura desafiando la maledicencia y lanzaron maldiciones horrendas a los donjuanes de barrio; nietos desagradecidos ofendieron a nobles abuelas; solterones elegantes cotejaron por años a repintadas señoras maduras.
En sus casas modestas o lujosas ejercieron sus oficios médicos, procuradores, "avenegras", circunspectos abogados, filatelistas esquilmados, escribanos, dentistas (algunos, con torno a pedal), fieles mucamas, cocineras, mecánicos, carniceros (como aquel que cortó de un solo tajo el dedo a una clienta impertinente), botelleros, mimbreros-guitarristas, fabricantes de pastas, traficantes de libros usados (que rebajaban los precios según el estado del lomo de los libros).
Funcionaron allí incluso un gran taller metalúrgico y la injustamente olvidada Oficina Simpson, que emitía moneda barrial y realizaba trámites kafkianos carentes de sentido y finalidad.
Las esquinas nocturnas y arboladas de nuestra calle Deán Funes, también sus largos zaguanes, eran escenarios de furtivos encuentros entre empleadas del hogar y militares sin graduación, pero también de jovenzuelos que se animaban a buscar amores inocentes y pasajeros en la cómoda cercanía de sus casas.
Las mañanas soleadas servían de marco a los paseos de gente ilustre, de sombrero y bastón, que circulaba sin rumbo fijo, silbando y deteniéndose a cada rato para saludar y conversar con el vecindario.
De entre estos ilustres vecinos o paseantes quiero hoy destacar a dos de ellos: a Don Guillermo Usandivaras, pintor de jerarquía cuyas obras han comenzado a exhibirse en nuestro Museo ubicado en la esquina de Belgrano y Sarmiento; y a Don José Hernán Figueroa Araoz, poeta y escritor de relieve.
Mientras el primero de ellos está recibiendo un justo reconocimiento con la exposición que comparte con el pintor Ignacio Colombres, los admiradores de la obra del segundo esperamos la reedición de su obra, que bien pudiera encarar la Fundación Atilio Cornejo, que está agitando sanamente el mundo editorial salteño.
Pese al implacable crecimiento de los edificios altos y palacetes de mal gusto que reemplazan a las casas bajas y cargadas de historias de provincia, la calle mantiene su encanto, su elegancia y un cierto aire inocente que puede engañar a quién desconoce claves ancestrales.
En sus primeras seis cuadras, vivieron mujeres de talento, damas hermosas, señoras hacendosas unas y comodonas otras, hombres ilustres, pícaros irredentos, emprendedores exitosos, soñadores de todos los sueños, como aquel empeñoso minero siempre usurpado, trotador de tribunales.
Allí se sucedieron altercados pasionales, ensayos artísticos, duelos deportivos, asambleas sindicales, atentados terroristas, subrepticias reuniones políticas; allí nacieron conjuntos folklóricos, clubes de barrio, amistades y rivalidades eternas.
Vendedores ambulantes hindúes, sirios, vallistos, iraquíes e italianos traficaron frutas y verduras, helados y panes, relojes y peines, tamales y leche sin pasteurizar, higos y tunas.
Ciegos majestuosos tocaron timbres anunciando el inminente fin del mundo; gitanas de extraña belleza dijeron la buenaventura desafiando la maledicencia y lanzaron maldiciones horrendas a los donjuanes de barrio; nietos desagradecidos ofendieron a nobles abuelas; solterones elegantes cotejaron por años a repintadas señoras maduras.
En sus casas modestas o lujosas ejercieron sus oficios médicos, procuradores, "avenegras", circunspectos abogados, filatelistas esquilmados, escribanos, dentistas (algunos, con torno a pedal), fieles mucamas, cocineras, mecánicos, carniceros (como aquel que cortó de un solo tajo el dedo a una clienta impertinente), botelleros, mimbreros-guitarristas, fabricantes de pastas, traficantes de libros usados (que rebajaban los precios según el estado del lomo de los libros).
Funcionaron allí incluso un gran taller metalúrgico y la injustamente olvidada Oficina Simpson, que emitía moneda barrial y realizaba trámites kafkianos carentes de sentido y finalidad.
Las esquinas nocturnas y arboladas de nuestra calle Deán Funes, también sus largos zaguanes, eran escenarios de furtivos encuentros entre empleadas del hogar y militares sin graduación, pero también de jovenzuelos que se animaban a buscar amores inocentes y pasajeros en la cómoda cercanía de sus casas.
Las mañanas soleadas servían de marco a los paseos de gente ilustre, de sombrero y bastón, que circulaba sin rumbo fijo, silbando y deteniéndose a cada rato para saludar y conversar con el vecindario.
De entre estos ilustres vecinos o paseantes quiero hoy destacar a dos de ellos: a Don Guillermo Usandivaras, pintor de jerarquía cuyas obras han comenzado a exhibirse en nuestro Museo ubicado en la esquina de Belgrano y Sarmiento; y a Don José Hernán Figueroa Araoz, poeta y escritor de relieve.
Mientras el primero de ellos está recibiendo un justo reconocimiento con la exposición que comparte con el pintor Ignacio Colombres, los admiradores de la obra del segundo esperamos la reedición de su obra, que bien pudiera encarar la Fundación Atilio Cornejo, que está agitando sanamente el mundo editorial salteño.
viernes, 15 de julio de 2011
Huelga docente abusiva
Los alumnos de las escuelas públicas de Santa Cruz han perdido casi 60 días de clases a raíz de una enconada huelga docente, que acaba de ser suspendida por los sindicatos convocantes.
Estamos, como resulta de toda evidencia, ante una huelga que ocasionó irrecuperables perjuicios a los niños. La medida sindical constituyó, en mi opinión, un atentado al derecho fundamental a la educación que se prologó día tras días ante la pasividad o incompetencia de los poderes públicos.
Si bien los huelguistas santacruceños se mostraron recalcitrantes, llegando incluso a bloquear los pozos petrolíferos dañando la producción y el abastecimiento, parece evidente la responsabilidad de los Gobiernos nacional y provincial que han fracasado doblemente.
En primer lugar, en su deber de negociar de buena fe y lograr un acuerdo que superara el conflicto colectivo en un tiempo razonable. Y, en segundo lugar, en su obligación de preservar el derecho fundamental a la educación.
En su deriva favorable al monopolio sindical y forzado por sus compromisos políticos con el sector liderado por el señor Hugo Moyano, el Gobierno de la Nación mantiene a rajatabla la peregrina teoría de que la educación pública no es un servicio esencial.
Por tanto y según la doctrina oficial de la década, el Gobierno no puede intervenir en un conflicto de estas características para obligar la prestación de servicios mínimos, ni, menos, para poner fin a la huelga imponiendo un arbitraje obligatorio.
Si el Gobierno pensaba que la demanda salarial de los docentes santacruceños era razonable, debió forzar un acuerdo. Si por el contrario estimaba que la reivindicación era abusiva, estaba obligado a intervenir para regularizar el servicio educativo público, en resguardo del interés de los alumnos constitucionalmente tutelado.
En este sentido, pese a que, como dije, la ley vigente no incluye a la educación dentro de los servicios esenciales, el Gobierno, atendiendo a la duración del conflicto y a los severos daños ocasionados al derecho fundamental a la educación, debió dar intervención a la Comisión de Garantías a fin de que esta calificara excepcionalmente al servicio educativo de Santa Cruz como esencial, habilitando las vías de intervención estatal.
En cualquier caso, tamaña huelga deja al menos una conclusión: El régimen de intervención pública para garantizar los servicios esenciales creado por la Ley 25.877 de 2004, es inadecuado.
Por tanto, el Congreso de la Nación deberá, ahora o más tarde, introducir las reformas que, sin violar el derecho constitucional de huelga ni los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, tutelen otros derechos fundamentales y garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga.
Estamos, como resulta de toda evidencia, ante una huelga que ocasionó irrecuperables perjuicios a los niños. La medida sindical constituyó, en mi opinión, un atentado al derecho fundamental a la educación que se prologó día tras días ante la pasividad o incompetencia de los poderes públicos.
Si bien los huelguistas santacruceños se mostraron recalcitrantes, llegando incluso a bloquear los pozos petrolíferos dañando la producción y el abastecimiento, parece evidente la responsabilidad de los Gobiernos nacional y provincial que han fracasado doblemente.
En primer lugar, en su deber de negociar de buena fe y lograr un acuerdo que superara el conflicto colectivo en un tiempo razonable. Y, en segundo lugar, en su obligación de preservar el derecho fundamental a la educación.
En su deriva favorable al monopolio sindical y forzado por sus compromisos políticos con el sector liderado por el señor Hugo Moyano, el Gobierno de la Nación mantiene a rajatabla la peregrina teoría de que la educación pública no es un servicio esencial.
Por tanto y según la doctrina oficial de la década, el Gobierno no puede intervenir en un conflicto de estas características para obligar la prestación de servicios mínimos, ni, menos, para poner fin a la huelga imponiendo un arbitraje obligatorio.
Si el Gobierno pensaba que la demanda salarial de los docentes santacruceños era razonable, debió forzar un acuerdo. Si por el contrario estimaba que la reivindicación era abusiva, estaba obligado a intervenir para regularizar el servicio educativo público, en resguardo del interés de los alumnos constitucionalmente tutelado.
En este sentido, pese a que, como dije, la ley vigente no incluye a la educación dentro de los servicios esenciales, el Gobierno, atendiendo a la duración del conflicto y a los severos daños ocasionados al derecho fundamental a la educación, debió dar intervención a la Comisión de Garantías a fin de que esta calificara excepcionalmente al servicio educativo de Santa Cruz como esencial, habilitando las vías de intervención estatal.
En cualquier caso, tamaña huelga deja al menos una conclusión: El régimen de intervención pública para garantizar los servicios esenciales creado por la Ley 25.877 de 2004, es inadecuado.
Por tanto, el Congreso de la Nación deberá, ahora o más tarde, introducir las reformas que, sin violar el derecho constitucional de huelga ni los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, tutelen otros derechos fundamentales y garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga.
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