EL PODER, COMO LA FIEBRE, PROVOCA DELIRIOS

La historia enseña que a todo esplendor sucede un ocaso, y que esta transición provoca tensiones críticas. En el ámbito de la política, la inexorable decadencia de quienes han perdurado en el vértice del poder, suele generar raptos de “confusión mental caracterizada por alucinaciones y por la reiteración de pensamientos absurdos, e incoherencias” (RAE).

Los delirios conducen a la megalomanía (P. AGUIRRE[1]) y pueden, incluso, alumbrar una “Comisión para la Inmortalización” (J. GRAY[2]), como aquella que proponía congelar el cadáver de Lenin para devolverlo a la vida ni bien las condiciones científicas lo hicieran posible.  

Precisamente para evitar estos peligros, las repúblicas democráticas se asientan sobre la división de los poderes, la periodicidad de los cargos públicos, y el respeto a todas las minorías; o, lo que es lo mismo, sobre la supremacía de la Constitución. Se trata de principios consagrados para impedir los abusos de los poderosos.

En tiempos de ocaso, el furor se apodera del Jerarca y de quienes le aplauden; el delirio aconseja perpetuarse en el poder apelando, por ejemplo, a argumentos que enfatizan el carácter irremplazable del Jefe, o que advierten sobre metas colectivas pendientes que sólo Él puede alcanzar.

En sus momentos de lucidez, el “Conducator” (el duque que conduce) comienza a pensar en las consecuencias judiciales y políticas derivadas del ejercicio del poder absoluto. Y la conclusión estratégica es casi siempre la misma: Forzar reelecciones a cualquier costo, redoblar la apuesta por el control de la opinión pública, de las instituciones estatales y civiles, blindar su patrimonio y, sobre todo, cubrir la eventual retirada sancionado normas de impunidad y sembrando amigos en el Poder Judicial.

En estas circunstancias -terribles para las sociedades que las padecen- el Autócrata abandona proyectos sensatos y promesas benéficas, deja de gestionar los asuntos públicos y se concentra en su ambición suprema: Continuar en el cargo, reforzar los cepos que le garantizan controlarlo todo sin ser controlado por nadie, y consolidar a la nueva casta que se beneficia de favores con dineros públicos. Llegado el caso y para eludir barreras legales, el Jerarca en apuros no descarta consagrar como sucesor a alguien de la misma sangre.

Sin embargo, en la enorme mayoría de los casos que registra la historia contemporánea, tales estrategias absolutistas terminan en estruendosos fracasos y, tarde o temprano, las sociedades modernas encuentran los modos de sacudirse tan incómodo yugo y de retomar los caminos que conducen a la libertad, la igualdad y el bienestar.

Salta y el ocaso del Gobierno del señor Urtubey

Sin llegar a los extremos antes reseñados, nuestra Provincia vive algunas de las tensiones propias de un fin de ciclo.

El Gobernador de Salta, por encima de amagues pensados para distraer a una platea que crece en rebeldías, despliega una intensa actividad tras su principal objetivo: Ser reelecto, reforzar hegemonías y, por las dudas, sembrar las instituciones de personas afines de las que espera lealtad más allá de formalidades electorales y constitucionales.

El activismo oficialista es inasequible al desaliento. La enorme derrota sufrida en las últimas elecciones provinciales (2013), la creciente contestación social (docentes y empleados públicos), el fracaso en la colonización de colegios profesionales y de otras organizaciones sociales libres, la aparición de evidencias de malas prácticas y fraudes en áreas sensibles (adjudicación de viviendas), la firmeza de magistrados que se niegan a proceder según los dictados del Ejecutivo, son acontecimientos que, de un lado, muestran la inminencia del ocaso y, de otro, alimentan ansiedades, temores y malestar en los círculos áulicos.

Mientras, en el amplio espacio opositor comienzan a emerger ideas y proyectos alternativos. Algunos, proponen un cambio de régimen; vale decir, la creación de un nuevo orden institucional y productivo que, anclado en la Constitución, sea capaz de derrotar la pobreza y las exclusiones, de reformar de raíz nuestra Educación para, en simultáneo, formar salteños universales, y abordar los problemas ancestrales que marcan nuestra cultura, y de abandonar el seguidismo a la Nación unitaria.

Salta, para tener éxito en un mundo en cambio, necesita nuevas reglas que hagan realidad la democracia republicana. No se trata sólo de buscar un resultado electoral que releve al Gobernador, sino de diseñar un programa que responda detalladamente a estas preguntas: ¿Cómo rescataremos de la ignorancia y el desánimo a nuestros estudiantes?, ¿Cómo preservaremos el ambiente? ¿Cómo haremos efectiva la independencia de jueces y organismos de control? ¿Cómo garantizaremos la representación legislativa de las minorías, el federalismo, y la integración territorial y social de Salta?, ¿Cómo activaremos nuestro potencial productivo (alimentos, combustibles, minería, servicios), no al servicio del lucro individualista y depredador, sino de un nuevo modelo de producción que genere pleno empleo y distribuya equitativamente las riquezas?

Ideas y preguntas que, lamentablemente, desagradan a quienes gobiernan y les tientan a hacer tronar el escarmiento.          

 

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[1] AGUIRRE, Pedro Arturo “Historia Mundial de la Megalomanía”, Editorial INNISFREE, México – 2013.

[2] GRAY, John “La Comisión para la Inmortalización”, Editorial Sexto Piso, España – 2014.

NEPOTISMO, NO-DISCRIMINACION Y REPÚBLICA EN EL PODER JUDICIAL DE SALTA

Arrecian las voces que critican determinados aspectos del funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta. Tales cuestionamientos están centrados en las amenazas a la independencia de los jueces, en las barreras que, como la morosidad y la precariedad del servicio de atención a pobres, limitan el acceso a la justicia[1]. También en las prácticas endogámicas y soberanistas que caracterizan el accionar de este poder del Estado.

Sabemos, desde antiguo, que el Poder Judicial de Salta y, más concretamente, la designación de magistrados, es preocupación permanente de los poderosos locales. Si durante buena parte del siglo pasado el control de la judicatura desveló a las familias tradicionalmente encumbradas, transitamos hoy una etapa en donde esta sed de control es compartida entre antiguas y nuevas familias afortunadas y otros poderes fácticos. Todo, en un marco en donde el Gobernador aspira a completar su dominio sobre los tres poderes del Estado y los órganos de control.

Es muy probable que los ciudadanos que no frecuentan los pasillos tribunalicios ignoren cómo se concretan estas luchas y aquel dominio. Y es lógico que así suceda, pues ello transcurre en discretas reuniones sociales.

Desde mi punto de vista, la erosión o ruptura del principio republicano de división de poderes están en íntima conexión con un régimen electoral ciertamente perverso que, sin reflejar la auténtica voluntad de los salteños, fabrica híper mayorías alrededor del Gobernador de turno. Esta situación facilita al vértice del Poder Ejecutivo controlar al Consejo de la Magistratura y también al Jurado de Enjuiciamiento que ostenta el poder disciplinario[2]. Como si esto fuera poco, el señor Urtubey inventó un artilugio que le permite designar los representantes legislativos de la mayoría y de la minoría.

Por otra parte, las reglas de funcionamiento[3] del Consejo de la Magistratura y las rutinas establecidas garantizan, a aquella mayoría dócil a los dictados del Gobernador, amplios espacios de discrecionalidad a la hora de evaluar los antecedentes, aptitudes y cualidades de quienes aspiran a ocupar juzgados y fiscalías. Una discrecionalidad que, además, resulta funcional a las tendencias endogámicas que obstruyen el ingreso a la judicatura de abogados de “la calle”.

Hay, entonces, mucho que cambiar. Comenzando por el comportamiento del Poder Ejecutivo, y siguiendo por las normas que configuran el Consejo de la Magistratura[4] y regulan su funcionamiento[5]. Sin olvidar la urgente mejora de las estadísticas judiciales, imprescindibles para evaluar el acceso a la justicia y la eficacia y eficiencia del servicio que la Provincia encomienda a los magistrados. 

La irreprimible tentación de enchufar parientes

Quienes defienden estas prácticas viciadas, aducen que privar del acceso a las magistraturas a los parientes, socios, incondicionales o amigos del Gobernador y de su entorno, implica discriminarlos. El argumento, tan audaz como falso, reitera la costumbre de esgrimir versiones de los derechos fundamentales para encubrir comportamientos que dañan a la República.  

Lo que se rechaza es el hecho de que la selección de jueces y fiscales esté a cargo de personas que, lejos de mirar la idoneidad de los candidatos y atender a los méritos de los concursantes, prefieren a quienes son gratos a los ojos del Poder Ejecutivo y a su voluntad de controlar la Justicia. Si Salta dispusiera de un Consejo de la Magistratura autónomo, transparente, reglado e intelectualmente solvente, solo una extrema suspicacia podría cuestionar sus dictámenes[6]. 

¿Dónde reside la soberanía?

El Poder Judicial actúa, en nuestra Provincia (pero no sólo en ella), como un órgano soberano que elude controles democráticos y no rehúye maniobrar políticamente para blindarse frente a críticas, preguntas y cuestionamientos.

En realidad, el Poder Judicial de Salta (y de otras jurisdicciones en la Argentina) tolera las injerencias políticas en el momento de la designación de magistrados, pero ha logrado mantenerse al margen de los controles democráticos referidos a su independencia, probidad y eficiencia. Desoyendo el criterio republicano que recomienda controles cruzados entre los poderes del Estado y la participación vigilante de organizaciones no gubernamentales, nadie controla a los jueces en aquellos asuntos que son legítimamente controlables en una democracia moderna. Un paso adelante sería, por ejemplo, que nuestro Poder Judicial se sometiera (autónomamente o por imperativo legal) a las prácticas del “Gobierno Abierto”, tal y como lo viene proponiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación[7], en línea con documentos de la Organización de las Naciones Unidas y de la CEPAL. Contar con estadísticas fiables, exhaustivas, públicas y contrastadas representaría el primer paso en la dirección hacia un “Gobierno Abierto” del Poder Judicial de Salta[8].

En nuestra Provincia, la Legislatura y el Consejo de la Magistratura sólo intervienen a la hora de seleccionar jueces y fiscales. Pero carecen de competencias para controlar el funcionamiento del servicio de justicia[9]. Obsérvese que el Consejo de la Magistratura de España (que sirvió de modelo[10] para la institución local[11]) posee facultades disciplinarias, formativas y reglamentarias, ejerce funciones consultivas, y tiene encomendado mejorar la calidad de la Justicia.

Mientras que la Secretaría de Superintendencia radicada en el ámbito de la Corte es una oficina decorativa y subordinada, los Planes Estratégicos del Poder Judicial son una buena herramienta. No obstante, en Salta la idea está deslucida por el carácter unilateral de su formulación y por la ausencia de un órgano extra poder encargado de verificar su cumplimiento. En realidad, la Corte, abandonado ensueños monárquicos, debería al menos presentar su Planes y su Memoria Anual en una audiencia pública[12] y abrir ambos documentos a la participación del Colegio Público de Abogados y de otras organizaciones no gubernamentales interesadas en el servicio de justicia (GARGARELLA[13]).

En este orden de ideas, nuestra Legislatura debería sancionar un Código de Ética (FREZZE[14], GARROS MARTINEZ) que regule determinados aspectos del ejercicio de la función judicial, y crear un Tribunal encargado de su cumplimiento y formado por personas independientes y de reconocido prestigio.

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[1] Las estadísticas oficiales disponibles (cuestionadas por sectores de la judicatura) muestran que cae el número de asuntos ingresados en los fueros civil y contencioso-administrativo, y se mantiene en el fuero laboral.

[2] Véase GUILLÉN, Oscar Pedro “La reforma constitucional de Salta de 1998”, Editorial DEPALMA, Buenos Aires – 2000.

[3] Ley Provincial 7.016/1998.

[4] Constitución de la Provincia de Salta, artículo 159.

[5] Ley Provincial 7.016/1998.

[6] FREZZE, Armando “Revertir la imagen de la Justicia es una meta posible”, nota de opinión publicada en “El Tribuno”. Como afirma FREZZE, “Un gran progreso sería una reforma  que defina al Consejo de la Magistratura como un órgano administrativo independiente de los Poderes del Estado y coadyuvante en la selección de magistrados, autárquico y  autónomo”.

[7] http://www.cij.gov.ar/gobiernoabierto

[8] Dos anécdotas sirven para mostrar la vocación mayestática de ciertos sectores del Poder Judicial de Salta: La primera, apunta a la existencia de carteles en las mesas de entradas de algunos juzgados con la leyenda “Prohibida la entrada de los Abogados”. La otra tiene que ver con el diseño de las oficinas de la Ciudad Judicial que garantiza a jueces y magistrados circular por espacios vedados a los ojos del público. Muy diferente a lo que ocurría varías décadas atrás cuando los jueces estacionaban sus vehículos en la calle, como cualquier ciudadano, e ingresaban a sus despachos por espacios abiertos.

[9] DÁVALOS, Santos J. propone que las Comisiones de Justicia de la Legislatura tengan facultades de controlar determinados actos del Poder Judicial (“Eficiencia e independencia en el sistema judicial de Salta”, trabajo inédito). La eficiencia debe ser controlada por la Legislatura salteña. Las Comisiones de Justicia de cada Cámara deben sentirse obligadas a estudiar el informe sobre su actuación que deberá presentar cada Juez y cada magistrado, pedir explicaciones si tienen dudas y finalmente promover las acciones tendientes a su destitución, para aquéllos que no demuestran contracción al trabajo y además eficiencia”.

[10] Bien es verdad que la operación jurídico-política que trasladó la institución se esmeró en conservar el nombre y poco más. En realidad, el funcionamiento de los Consejos europeos poco y nada tienen que ver con el del Consejo salteño. Así, por ejemplo, mientras los Consejos europeos son los encargados de elegir directamente a los jueces y magistrados, el de Salta se limita a proponer ternas al Poder Ejecutivo que después somete su elección al voto del Senado.

[11] A su vez, el Consejo español reconoce, en su configuración y funcionamiento, influencias italianas, francés y portuguesas. El artículo 122 de la Constitución Española estable en su apartado 3, que “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Ver Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).

[12] Sobre las audiencias públicas en el Poder Judicial, véase LORENZETTI, Ricardo “Las audiencias públicas y la Corte Suprema”, en la obra dirigida GARGARELLA, Roberto (Compilador) “Por una Justicia dialógica”, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires – 2014.

[13] GARGARELLA, R. obra citada.

[14] FREZZE, Armando en la nota de opinión antes citada recuerda que este tipo de Códigos rigen en Corrientes, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. Sobre el punto, TURJANSKI, Alejandro “Estudio comparado de los códigos de ética judicial”, en DE ZAN, Julio “La ética, los derechos y la justicia”, Editorial Fundación K. ADENAUER, Buenos Aires – 2004.

 

PETROLEO Y FEDERALISMO

El futuro de Salta en un mundo en cambio depende de los salteños. Más precisamente, de nuestra capacidad para diseñar y ambicionar ese futuro, trazar objetivos, y movilizarnos hasta remover los obstáculos que nos mantienen anclados en la pobreza masiva y en rutinas de gobierno que conducen invariablemente a la concentración del poder y a los vicios que de ella se derivan.

Sabemos ahora que la construcción de una Salta democrática, igualitaria y próspera comienza por la elaboración de un diagnóstico que muestre debilidades y fortalezas, y de una propuesta articulada capaz de generar un amplio consenso cívico.

En este orden de ideas, las debilidades radican en el vasallaje respecto del Gobierno de la Nación, en la falta de independencia del Poder Judicial, y en las tendencias monárquicas que alimenta el actual Gobernador; también, en los pésimos indicadores en materia de empleo, seguridad o educación.

Del lado de las fortalezas, hay que contabilizar nuestro potencial agroalimentario, energético y minero, tanto como nuestra ubicación geoestratégica (BARBARÁN) y la latencia de antiguas tradiciones federalistas que comienzan a movilizarse para decir basta al unitarismo que expolia nuestra riqueza y nos devuelve migajas en forma de bolsones de alimentos, subsidios a la pobreza o garrafas solidarias.

Cuando me refiero a nuestra ancestral vocación federalista, no estoy pensando en la simpática costumbre de visitar Las Higuerillas vestido de gaucho, sino en la pretensión de gobernar nuestra libertad y nuestras riquezas sin otras injerencias de la Nación que las imprescindibles para la unión confederal en el marco de la Constitución Nacional.

Los hidrocarburos propiedad salteña

En una reciente conferencia el doctor Ricardo ALONSO ha demostrado acabadamente las dimensiones de nuestra riqueza minera e hidrocarburífera, y ha señalado también las trabas que dificultan su realización, y los diseños que facilitan el expolio unitario.

Mientras los neuquinos defienden bravamente sus yacimientos convencionales y no convencionales, el Gobierno de Salta consiente la fraudulenta liquidación de las regalías petroleras y gasíferas, resigna una estrategia autónoma, congela la empresa provincial, y no muestra preocupación ni interés por la enorme reserva de “Los Monos”, de cuya suerte depende el futuro de varias generaciones.

Es bueno recordar aquí que los enunciados del nacionalismo petrolero (SOLBERG, 1982), caros al peronismo, admiten al menos dos versiones: La unitaria (que propone concentrar en el Estado Nacional la propiedad de los yacimientos y todos los poderes jurisdiccionales), y la federal (que hace radicar en las Provincias ese derecho y estas facultades). Y señalar también que si bien el primer peronismo salteño se encolumnó dentro del nacionalismo unitario, tras la reforma constitucional de 1994, ese mismo peronismo (con que el poco y nada tienen que ver el señor Urtubey y su equipo) asumió mayoritariamente las banderas federales.

Estos conflictos y vaivenes ideológicos se comprenden mejor cuando se recuerda, por ejemplo, las viejas luchas (1920/1930) de los salteños por gobernar su riqueza petrolera, tiempos en donde el papel de la célebre Standard Oíl dividía las aguas e influía decisivamente en la configuración de los gobiernos locales y en las relaciones entre la Nación y la Salta conservadora.

Adviértase que aquel trascendental giro no sólo fue adoptado por el peronismo salteño, sino que alcanzó a un gran segmento del arco peronista nacional que, sin complejos, abandonó el mítico artículo 40 de la Constitución de 1949 (SAMPAY) para abrazar el texto (artículo 124 CN) surgido en los aledaños del Pacto de Olivos.

Es en este marco en el que resultan inadmisibles las pretensiones del nacionalismo unitario que pretende recrear las condiciones para explotar en beneficio del vértice industrial pampeano la riqueza petrolera y gasífera de Salta y de otras provincias argentinas. Tan inadmisibles como el penoso silencio del señor Gobernador en un debate cuyas consecuencias interesan a todos los salteños y desbordan a su mandato.

Los salteños precisamos con urgencia que las regalías no sigan liquidándose sobre valores dibujados por la Nación. Que los impuestos nacionales no penalicen nuestras exportaciones. Que el poder concedente, naturalmente provincial, contemple la consolidación financiera y operativa de una empresa pública local. Que la jurisdicción provincial sea la encargada de garantizar el cumplimiento de las reglas ambientales. Que una Ley provincial reconozca y cuantifique los derechos de los municipios en donde radica la riqueza hidrocarburífera.

Ha llegado la hora de cortar con un modelo de producción subordinado a los intereses de los puertos y de las industrias radicados en el centro del país. De diseñar la infraestructura necesaria para que nuestra producción se vuelque al Pacífico. De colocar nuestra capacidad de producir alimentos, minerales y combustibles al servicio del objetivo de abatir la pobreza, promover el bienestar, velar por el ambiente, y construir un nuevo mapa territorial y político que contemple nuevas circunscripciones electorales y nuevas ciudades que, a la par, abatan la concentración del poder y los cinturones de miseria.

LA EDUCACION EN SALTA, UN PROBLEMA DE TODOS

La escuela salteña languidece ante la falta de ideas que exhiben gobernantes y amplios segmentos políticos. No hay diagnósticos ni propuestas que conciten consensos. La simple multiplicación de los recursos económicos destinados a la Educación[1] muestra sus límites patéticos. Los compromisos sobre extensión de la jornada permanecen incumplidos[2] y resultan incumplibles en el corto plazo. El autoritarismo más rancio impera en la relación colectiva de trabajo que liga a los docentes con la Provincia. Desde hace años la calidad de nuestra Educación viene cayendo sin que los principales actores del proceso educativo atinen a encontrar las causas de esta larga decadencia.

Los alumnos y sus familias han dejado de creer en las vacías consignas políticas que prometen “más y mejor educación”, sin explicar cómo ni cuándo esta esperanza se hará realidad. Muchos advierten que, para colmo de males, no siempre la huida hacia la escuela privada logra dotar a nuestros jóvenes de las herramientas imprescindibles para vivir dignamente en un mundo en cambio.

Los indicios de que la Educación no cumple en Salta el papel imprescindible para constituir una sociedad civilizada, libre y justa, son abrumadores. La mayoría de nuestros problemas reconducen a las carencias educativas: Desde el pésimo funcionamiento del régimen político (caracterizado por una débil conciencia cívica), hasta la violencia de género, el deprecio por el ambiente, o los accidentes de tránsito, son acontecimientos vinculados de una u otra manera a las carencias educativas.

Un Gobierno sin Proyecto Educativo   

En este escenario, la política provincial oscila entre la perplejidad, las ideologías retrógradas, el seguidismo a las directivas centralistas, y la demagogia. O sea, en el ámbito de la Educación, el señor Gobernador reproduce los lineamientos de toda su gestión: abulia, ausencia de Proyecto, abandono de las banderas federalistas, y abuso del discurso triunfalista y mendaz.

En realidad, de un tiempo a esta parte las medidas oficiales apuntan a tranquilizar a los alumnos y sus familias abordando temas tangencialmente relacionados con la Educación: Boleto gratuito y Plan para que los niños pobres abandonen los comedores comunitarios y regresen a la mesa hogareña. Sin duda, las ayudas económicas a la pobreza son necesarias y justas; pero lo son, sólo en la medida en que apunten a sacar a niños y jóvenes del estado de precariedad que les condena a la exclusión.

Las reticencias en materia de educación sexual muestran que el señor Gobernador, luego de una primera etapa donde reinaron el oscurantismo y el elitismo[3], prefiere perseverar en una visión dogmática y retrógrada de la Educación y de la sociedad que le toca gobernar.

Por otra parte, las respuestas a la huelga docente expresan, una vez más, aquella visión autoritaria que rehúye el diálogo de buena fe, que busca domesticar voluntades para usarlas de ariete en contra de los legítimos representantes, o que impone multas millonarias a los sindicatos.

Comenzar a pensar el futuro

El estado actual de nuestra Educación y de los debates alrededor de su presente y de su futuro, contrasta con la existencia en Salta de personas cualificadas[4] que han dedicado su vida a estudiar el proceso educativo local y en otras regiones y países. Personas que además de estudiar y perfeccionarse, han ejercido la docencia durante largos años lo que les permite contar con una visión teórico-práctica que los responsables políticos (gobiernen o pretendan gobernar) absurdamente desdeñan.

A ellos y a otros expertos debería apelar Salta en su empeño por conocer qué está sucediendo en materia de Educación y porqué sufrimos tan malos resultados pese al esfuerzo económico que realiza la sociedad. También, para saber qué medidas hay que adoptar para revertir una situación que produce frustraciones, violencias, ignorancia cívica, ineptitud productiva y aislamiento pueblerino.

Las estadísticas y los estudios que el Gobierno elabora en materia de Educación, son tan precarios como los que se observa, por ejemplo en el ámbito de los precios, del trabajo, o de la pobreza. Tenemos una administración que no sabe sumar ni analizar datos, y que, cuando incursiona en este terreno con un mínimo de rigor, termina escondiendo la información para no desairar al Poder Central. Adviértase que esto sucede también en el ámbito del Poder Judicial, donde abundan las barreras para acceder incluso a datos por lo demás insuficientes y defectuosos.

A la espera de que los expertos hagan escuchar sus voces e ideas, surgen algunos interrogantes: ¿Debemos continuar obedeciendo a los dictados educativos de la Nación? ¿La profesionalidad y dignidad de los docentes dependen sólo de los salarios o reclaman un nuevo régimen de remuneraciones e incentivos junto a nuevas reglas y escalafones que reestructuren la carrera docente? ¿Los planes de formación de maestros y profesores son suficientes y adecuados para esta Salta en un mundo en cambio? ¿Qué hay que hacer para reconstruir el Pacto no escrito entre la Familia y la Escuela? ¿Cómo insertar al voluntariado en las acciones educativas? ¿Ha llegado la hora de recrear un órgano participado para la política, las estadísticas y la gestión educativa, así como para la evaluación de los resultados, dando protagonismo a los diversos actores del sistema educativo provincial? ¿Los tradicionales modelos (centralistas, verticales y burocráticos) de gestión y financiamiento de la educación provincial siguen siendo válidos, o reclaman cambios que apunten a mejorar los resultados de la educación?[5] ¿Qué ventajas hay en un sistema de gestión educativa descentralizado y con eje en escuelas dotadas de autonomía? ¿Cómo abordar los déficits de la cultura salteña en materia de comunicación y resolución de conflictos? ¿Los actuales contenidos educativos contribuyen verdadera y eficazmente a la múltiple tarea de formar ciudadanos (conscientes de sus deberes y derechos, instruidos en los valores democráticos y en los principios republicanos, y aptos para la etapa cosmopolita), personas (libres, cultas y en condiciones de alcanzar espacios de felicidad), y trabajadores (cualificados en función de nuestro perfil productivo)?

Vaqueros (Salta), 7 de junio de 2014.

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[1] Discurso del Ministro de Educación de Salta en el X Foro Latinoamericano de la Educación organizado por la Fundación Santillana (Buenos Aires, mayo de 2014).

[2] Centro de Estudios de la Educación Argentina (Universidad de Belgrano), Junio de 2014.

[3] Me refiero a la gestión del Ministro de Educación del primer Gabinete del Gobernador Urtubey.

[4] Muchos de ellos discípulos del profesor Víctor Savoy Uriburu, creador de la carrera universitaria de Ciencias de la Educación.

[5] Véase el Documento elaborado por el Centro de Estudios en Políticas Públicas: “Una nueva agenda educativa para el país” (Mayo de 2014)

SALTA ASFIXIADA POR LA CONCENTRACIÓN DEL PODER, LA INEFICACIA Y EL UNITARISMO

Salta está literalmente paralizada. No sólo por la recesión económica que se extiende como una mancha de aceite sobre toda la Argentina. Está paralizada también por la ineptitud de un régimen político cuyos líderes solo piensan en perpetuarse. Está bloqueada por instituciones obsoletas que distorsionan la voluntad del electorado e impiden que las riquezas de Salta se pongan en marcha para liquidar centurias de pobreza y exclusión.

Pese a nuestro potencial para producir Alimentos y Combustibles, Salta -por encima de maquillajes estadísticos-, exhibe los peores indicadores sociales. Así lo revela un reciente estudio elaborado por la Universidad Católica Argentina (“Estado del Desarrollo Humano y Social en el Gran Salta”).

En este escenario, el vértice que reside en Las Costas pretende impedir (y muchas veces lo logra) que las fuerzas creativas de Salta se expresen y muestren un camino diferente capaz de reconstruir ilusiones. Los esfuerzos por domesticar sindicatos, organizaciones empresarias, colegios profesionales, jueces, legisladores, intendentes, medios de comunicación y centros vecinales muestran la verdadera vocación hegemónica de aquel vértice opaco. Otro tanto sucede con su penoso empeño por ahogar a quienes defienden (en la calle o en estrados judiciales) el ambiente, reclaman la vigencia de los derechos fundamentales o denuncian los atropellos cotidianos.

Nos encontramos, entonces, no ante un simple problema de Gestión (que algunos formulan señalando que “el equipo de gobierno no sabe gestionar”), sino ante un problema de Proyecto. Las pocas ideas positivas del actual elenco gobernante naufragan en la ineficacia o perecen ante una coyuntura económica implacable. Incluso una de sus más audaces ideas –la que busca convertir a la pobreza en una herramienta electoral al servicio de experimentos dinásticos-, cayó fulminada por los últimos resultados electorales.

Un sueño individual

Sin embargo, el proyecto más falaz y pernicioso para Salta es aquel que pretende colocar al señor Juan Manuel Urtubey en la escena política nacional, sea como precandidato a Presidente o Vicepresidente de la Nación, sea como Vicepresidente honorario del Partido al que pertenece.

No pretendo aquí negar el legítimo derecho de nuestro Gobernador a incursionar en tales riesgos; tampoco pretendo cuestionar sus ambiciones personales. Mi intención es poner de manifiesto que, en su singular epopeya, el Gobernador viene hipotecando el futuro de los salteños. En aras de su vano proyecto presidencialista, el señor Urtubey abandonó el ideario federal que entronca con los verdaderos intereses de nuestra Provincia, hasta transformarse en un manso seguidor de las imposiciones porteñas.

Así, consiente la confiscación del 15% de los aportes patronales a la Seguridad Social y la liquidación de regalías y retenciones en perjuicio de Salta. O convalida las medidas aduaneras o legislativas que asfixian a nuestra producción de Alimentos y de Combustibles. Es aquel “sucursalismo” (funcional a su mezquino proyecto personal) el que le lleva a tolerar los avances de la Nación sobre la riqueza hidro carburífera y agroalimentaria, a acompañar una política centralista basada en la inflación y en la emisión monetaria que licúa los mecanismos de coparticipación de impuestos. Sabe que, para introducirse en la exigente grilla de candidatos bien mirados desde Olivos, debe guardar silencio ante los desaguisados de la Cancillería argentina en el caso de nuestra frontera con Bolivia, o ante el desdén con el que Buenos Aires mira nuestros grandes sueños regionales como el Bermejo o el Ferrocarril.

Para poner en marcha el motor institucional

Salta es una sociedad injusta y estancada. Y lo es, principalmente porque sus anacrónicas instituciones de gobierno lo hacen inevitable. Son las reelecciones y las falacias electorales las que generan malos gobiernos, las que anulan la división de poderes y alientan proyectos dinásticos; las que consienten viciosas relaciones entre los negocios privados y la política; las que asocian el éxito profesional o empresarial a las cercanías al Poder; las que fuerzan la existencia de un único Proyecto de rango menor: Aquel que ve a Salta resignada, anclada en la pobreza subsidiada, con un Gobernador cuya única misión es acatar órdenes centrales, pagar sueldos, favorecer a amigos y mendigar subsidios.

Para vencer tamaños obstáculos, debemos encarar una profunda reforma política que requiere de la participación de todos.

Es preciso, además, fijar una Agenda Federal que enuncie nuestros firmes reclamos en contra del ancestral centralismo que tanto daño hizo y hace al Norte argentino. Se trata de ejercer nuestra soberanía hidro carburífera y hacer realidad la reforma constitucional de 1994, de lograr una Ley de Coparticipación de impuestos que incluya la emisión monetaria (fuente de inflación y de empobrecimiento de los territorios federales), de recuperar impuestos y facultades regulatorias cedidos en otros contextos, de depurar la legislación nacional sobre alimentos, combustibles y comercio exterior de reglas contrarias a la autonomía de las provincias, de imponer un Plan de Infraestructuras al servicio de la producción , del empleo y de la integración de Salta en el mundo.